Durante la madrugada de este 16 de septiembre, la MP María Luisa Gaddar Audry encabezó la agencia de Delito de Violencia Familiar y se tomó muy en serio su papel: tratar de disuadir a V, una joven que acababa de ser agredida gravemente por su pareja, para que no denunciara formalmente. “¿Qué quieres?”, cuestionaba la MP a la víctima. “Denunciar”, respondía la víctima. “Pues si lo que quieres es que haga comparecer al agresor, ni creas; yo no lo voy a traer aquí antes de 10 meses, ¿eh? Y después de eso, dos años para que pase algo”.

Gaddar, con maestría en derecho, tiene el síndrome de muchos MP, trata de impedir la denuncia formal, muy probablemente para que la Fiscalía, en este caso de la Ernestina Godoy, pueda presumir de una baja en la incidencia de delitos.

V presenta su caso a Crónica una horas después de su encuentro con Gaddar, a quien base en perseverancia hizo cumplir con su deber. Esto le llevó a aguantar malos tratos de las 4 am a las 10 de la mañana de este jueves. Comenta que decidió recurrir a la ley y a la autoridad para proteger su vida. Su agresor, dueño de una taquería famosa en el área de Narvarte, tiene problemas con drogas y repetidos episodios de ira que desembocaron en los de este jueves, cuando llegaban al departamento que comparten y por una discusión él trató de arrojarla escaleras abajo. No logró hacerlo, pero sí la azotó un par de veces contra piso y pared, para luego entrar a su departamento y buscar afanosamente en los cajones mientras repetía, “vas a valer madres”.

“Cajoneaba buscando, es allí donde guarda dos armas de fuego”, aclara V. Y eso es lo que decidió a la mujer a ir directamente a denunciar y ya no regresar a aquel domicilio.

La sorpresa comenzó allí, a las en las oficinas de la Fiscalía de la Ciudad de México ubicadas en Azcapotzalco. A la vista de los golpes, la MP Gaddar indicó: “si lo que quieres es que te pague por el golpe, pues me ha tocado ver que por un moretón como ese se llevan mil pesos después de meses”.

“Me pregunté en ese momento qué caso tenía estar allí”, recuerda V, “pero pensé en que debía seguir con la denuncia porque quiero que quede asentado que todo esto pasó y que yo no quede vulnerable a lo que él me quiera hacer”, comenta V.

La mujer recuerda que, en contrapartida a la actitud de la MP, encontró mucho más apoyo en personal de guardia que incluso le llegó a indicar que no se dejara intimidar por la actitud de la funcionaria.

“Me vas a tener que probar todo lo que dices”, insistía la MP, “traerme testigos”.

“Pues los traigo, pero quiero denunciar”, insistió V.

Media hora de constantes comentarios alusivos a lo tardado y poco fructífero de las denuncias formales no hicieron mella en V. Por fin se le dio acceso a periciales médicas y otras entrevistas periciales. La MP recibió los informes y no tuvo más remedió que seguir con el proceso, sin dejar de espetar a la víctima su ya consabida duda sobre la utilidad de una denuncia formal.

Aquello de “la autoridad deberá informar con un lenguaje claro, sencillo y empático a la mujer víctima de violencia sobre su derecho a solicitar las órdenes de protección, y evitará cualquier información tendiente a inhibir o desincentivar la solicitud” simplemente no se cumplió.

V aguantó estoicamente a que la MP tecleara con clara molestia en el rostro. La funcionaria no sabía que para entonces había acompañantes de V que atestiguarían los modos, la tardanza y el pleno interés en disuadir a la denunciante.

Poco antes de que la MP Gaddar terminara de registrar la denuncia, cometió un error de procedimiento que debió corregir con apoyo de otro funcionario; éste último dijo en tono de broma que ya no sabían llenar los formatos porque cada vez los usaban menos.

“Pues sí, he visto tantas mujeres desistirse de denunciar”, dijo Gaddar, “y mira nada más qué horas son”… En efecto, eran las 10 am y V por fin pudo asentar la denuncia.

Actuialización

Este fin de semana, la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres se puso en contacto con la victima a efecto de intervenir, sobre todo en lo que atañe a la actuación de la Fiscalía capitalina. A raíz de ello, se supo que la MP había sido omisa en garantizar la integridad de la denunciante.