Mientras Presidencia de la República plantea la desaparición de los outsourcing abusivos, una empresa que no pintaba en las contrataciones federales antes de 2018 logró acopiar hasta ahora 452 millones de pesos durante la 4T, bajo el esquema de subcontratación de personal sustantivo de dependencias a cargo de los proyectos prioritarios de AMLO.

Esta empresa, Sarenggo, ha permitido a las secretarías de Estado eludir el pago directo de prestaciones laborales a quienes, de facto, son sus trabajadores y son seleccionados por ellas para ejecutar la repartición de apoyos directos (como fue reportado en su momento por este diario en 2019), y ahora para los proyectos contra la precariedad social urbana, incluyendo aquella asociada a los megaproyectos de Dos Bocas o el Tren Maya.

En efecto, Sedatu, a cargo de Román Meyer, atacará la precariedad urbana utilizando la precariedad laboral que han criticado ácidamente tanto el presidente López Obrador, como la secretaria del ramo, Luisa María Alcalde.

La titular de la STyPS ha pugnado porque el outsourcing no pueda ser usado para personal que desarrolla las tareas principales de una empresa o dependencia pública, sino sólo aquellas complementarias (limpieza, choferes, vigilantes, por ejemplo). Y es personal sustantivo lo que Sedatu va a obtener a través de dicha empresa.

El ascenso de Sarenggo es impresionante: antes de la 4T se conformaba con proporcionar personal de limpieza, es decir, personal no sustantivo, a un par de oficinas pequeñas de la Administración Pública Federal.

Pero en 2018 su suerte empezó a cambiar y cómo: con la creación del Banco del Bienestar, la administración amlista decide desbaratar los sistemas de entrega de apoyos a la población que se verificaban con seguimiento bancario, regresa al esquema de repartidores de dinero en mano para lo cual debió contar con un ejército numeroso de personas que debían empaquetar el dinero en sobres e ir a las poblaciones a entregarlo (ver notahttp://https:// t.ly/yYvI); esto, reportado por Crónica en su momento, se realizó en 2019 mediante adjudicación directa a Sarenggo por cuatro meses que después se liga a una licitación que (off course) gana Sarenggo.

Así, esta empresa hace un año de 389.9 millones de pesos en contratos federales, cuando antes su mejor año había sido de un millón.

Este año es menos espectacular en montos para la empresa outsourcing consentida del amlismo, pero se lleva muy buenos 60 millones de pesos con un cliente nuevo, Sedatu, para proporcionar personal operativo en el territorio nacional que estará ligado a otros programas prioritarios de la presente administración.

Sedatu ya realizaba este tipo de contrataciones de personal antes de la 4T, pero lo asociaba al Consejo Nacional de Vivienda. Este año, Sedatu asume el control directo del mismo, elude la licitación pública y hace una convocatoria a empresas elegidas entre las que aparece la exitosísima Sarenggo que se hace de este nuevo contrato.

El proceso es apresurado: se entrega la invitación el día 1 de abril, dos días después se hace aclaración de dudas y el día 9 ya está decidido que Sarenggo se hace cargo.

Y sobre la ética del método outsourcing, en la junta de aclaraciones, una empresa convocada indica abiertamente que lo presupuestado para el contrato no es suficiente y que los montos establecidos para cada trabajador deben ser reconsiderados, ya que de lo contrario “ocasionaría que, para estar en posición de obtener la adjudicación del contrato, los proveedores tendrían que utilizar esquemas agresivos o conceptos de prestación laboral en detrimento del trabajador con objeto de crear una plataforma de evasión de impuestos”. Sedatu batea la preocupación de la empresa y sigue con el proceso.

El personal que Sarenggo deberá proporcionar trabajará, entre otros, las zonas afectadas por megaproyectos como el Tren maya o Dos Bocas.

Sarenggo va a entregar hasta 300 trabajadores especializados a Sedatu entre los que se incluyen archivistas, arquitectos y jefes de proyecto.

La dotación de personal incluirá las delegaciones de Sedatu en Tabasco y el sureste, donde se alojan los megaproyectos amlistas mencionados.

También se dotará de personal de Sedatu a Tamualipas, Sonora, Nayarit, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, las bajas californias y la propia Ciudad de México.

Sedatu, antes de la 4T, exigía que la empresa que proporcionara este tipo de personal en el territorio nacional debía contar con cuatro años de experiencia previos. Ese requisito desapareció. Sólo se pidió que contara con oficinas en la Ciudad de México y con una línea telefónica.

Cuando el número de la empresa se marca, 55 2469 5772, el mensaje, “lo sentimos, el número que usted marcó, no existe”, es la respuesta.