López causó pérdidas por $63 millones a Pemex | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Lunes 11 de Abril, 2016

López causó pérdidas por $63 millones a Pemex

El 9 de febrero de 1996, la Procuraduría General de la República (PGR) ejercitó acción penal contra el perredista Andrés Manuel López Obrador al encontrarlo presunto responsable por la comisión de los delitos: daño en propiedad ajena, sabotaje, conspiración contra el consumo y las riquezas nacionales, asociación delictuosa y oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo público. De acuerdo al oficio número 208 del agente del Ministerio Público Federal, Francisco Javier Manrroco García, radicado en la Mesa Uno, Sección Penal, López Obrador también fue consignado, junto con Héctor Muñoz Ramírez, entonces presidente municipal de Cárdenas, y de Tomás Brito, ex secretario de ese ayuntamiento, a través del expediente AP/28/96, por la presunta comisión de apología de un delito y provocación de un delito, “previstos y sancionados éstos en el artículo 209 del Código Punitivo Penal Federal”. En los tres casos, la PGR solicitó al juez segundo de Distrito en Materia Penal en Tabasco, José Luis Mendoza Montiel, le obsequiara las órdenes de aprehensión correspondientes “en virtud de que a consideración de la representación social y federal se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por el artículo 6 constitucional y 195 del Código Federal de Procedimientos Penales, rogándole que se sirva confirmar la legal retención”. Las consignaciones y la apertura de la averiguación previa número AP/28/96, que se encuentran en los archivos de la delegación de la PGR en Tabasco, fueron producto de una denuncia penal presentada por Petróleos Mexicanos, debido a las acciones de protesta, marchas, plantones, cierres carreteros y, sobre todo, por el bloqueo de los pozos petroleros El Castaño, ubicado en el municipio de Cárdenas; Zen, de Nacajuca; Centla y Escuintle 2001, entre otros. En conferencia de prensa celebrada en la ciudad de México el 9 de febrero, el entonces director general de Pemex, Adrián Lajous Vargas, aseguró que por cada día que los perredistas encabezados por López Obrador mantenían bloqueados los pozos petroleros, se registraban pérdidas por 5.4 millones de pesos. La resistencia civil de López Obrador duró 12 días y provocó pérdidas superiores a los 63 millones de pesos, afirmó. Esas acciones de protesta organizadas por el actual jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, (en ese entonces ex candidato perdedor del PRD a la gubernatura de Tabasco), iniciaron el 29 de enero de 1996. Para el 9 de febrero del mismo año, a través de cinco operativos conjuntos efectuados por agentes de la Policía Judicial Federal, de la Policía Federal de Caminos y Puertos, elementos del Ejército Nacional y uniformados de las policías estatales y municipales aglutinados en las llamadas Bases de Operaciones Mixtas (BOM), se logró la captura de 53 personas que fueron consignadas por los mismos cargos que López Obrador, con excepción de provocación de un delito y apología de los delitos. El mismo 9 de febrero de 1996, el Juez Segundo de Distrito en Materia Penal con sede en el estado de Tabasco, José Luis Mendoza Montiel, negó la libertad bajo fianza a los perredistas detenidos debido a que el delito de sabotaje alcanza entre 2 y 20 años de cárcel. Durante los operativos policiacos, López Obrador logró huir, pero otros 53 de sus seguidores y participantes en los actos de resistencia civil fueron capturados, consignados ante el juez e internados en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Villahermosa, Tabasco. López Obrador logró escapar junto con otros siete de los principales líderes del movimiento de protesta perredista: Héctor Muñoz Ramírez, Tomás Brito Lara, Adán Ruiz Martínez, Elman Córdoba Hernández, Vicente Oropeza Oropeza, Felipe Escudero Avila y Jorge Hernández Martínez. Y mientras medio centenar de sus seguidores se encontraban presos, López Obrador concedía entrevistas y recibía a los dirigentes estatales y municipales del PRD en su domicilio particular en el Fraccionamiento Galaxias, en Tabasco 2000. “No voy a huir, tampoco me ampararé, si quieren detenerme aquí los voy a esperar. Estoy sereno, esperando cualquier decisión; estoy dispuesto para el momento que me toquen la puerta, ya saben dónde vivo”, dijo en una entrevista luego del operativo policiaco para desbloquear los pozos de Pemex. Luego de que se conociera la decisión del agente del Ministerio Público Federal, Francisco Javier Manrroco García de solicitar las órdenes de aprehensión contra López Obrador, el entonces diputado federal y actual presidente del CEN del PRD, Leonel Godoy, declaró a la prensa que el tabasqueño no buscaría promover el juicio de amparo, “pues él determinó no ejercer ese derecho”. Además, dijo Godoy, “esperará a que la autoridad lo reclame para presentarse, pues él es un luchador social y no un delincuente”, y enfatizó: “El partido lo respalda”. Las movilizaciones de protesta encabezadas por López Obrador tuvieron como propósito exigir una indemnización por presuntos daños ocasionados por la paraestatal Petróleos Mexicanos a diversas tierras de cultivo. En las protestas y bloqueos de pozos petroleros, a que convocó López Obrador, participaron campesinos, pescadores y grupos de indígenas, 53 de los cuales fueron detenidos y encerrados en el penal de Villahermosa, Tabasco. Entre los dirigentes perredistas que apoyaban la resistencia civil de López Obrador, se encontraban los entonces senador Auldárico Hernández Gerónimo y diputado federal Octavio Romero Oropeza, actual Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal. Por la noche del mismo 9 de febrero, el Frente Cívico Tabasqueño, en voz de su dirigente Manuel Ordóñez Galán, demandó “la aplicación efectiva y expedita de la ley” en contra de los perredistas que cometieron actos delictivos. “Si ha sido aplicada en casos específicos donde se ha violado la ley, debe hacerse efectiva en el caso de Andrés Manuel López Obrador y meterlo a la cárcel”, añadió luego de una reunión nocturna de los dirigentes del Frente, que aglutinaba a empresarios, organizaciones religiosas, restauranteros, hoteleros, entre otros. Como consecuencia de la resistencia civil promovida por López Obrador, la Secretaría de Gobernación instaló una Mesa de Coyuntura, en donde se negoció la terminación de los bloqueos a pozos petroleros y a carreteras. Las órdenes de aprehensión contra Andrés Manuel López Obrador, Héctor Muñoz Ramírez, Tomás Brito Lara, Adán Ruiz Martínez, Elman Córdoba Hernández, Vicente Oropeza Oropeza, Felipe Escudero Avila y Jorge Hernández Martínez no fueron obsequiadas por el juez de la causa.

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