Improcedente, acción de inconstitucionalidad contra aborto: CDHDF | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Lunes 11 de Abril, 2016

Improcedente, acción de inconstitucionalidad contra aborto: CDHDF

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) respondió al PAN capitalino y a su coordinador en la ALDF que es improcedente ejercer una acción de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto. En una misiva, el ambudsman capitalino Emilio Alvarez-Icaza envió la respuesta formal a la petición de la presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) local, Mariana Gómez del Campo, y al coordinador panista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Miguel Hernández Labastida. Destacó que "la Comisión procedió a definir en el seno de su Consejo, a través de votación y por decisión unánime, resolver no recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ejercer la acción de inconstitucionalidad". Explicó que el Consejo determinó que no existe transgresión al Artículo 1 Constitucional, pues si bien la vida en gestación es un bien constitucionalmente tutelado, "su protección no puede ser absoluta o incondicionada". El aborto, dijo, constituye una cuestión de salud pública, porque pone en peligro el bienestar de un gran número de mujeres y, en muchos casos, su vida, al realizarse en forma clandestina e insalubre. Puntualizó que según cifras de la Comisión Nacional de Bioética, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud federal, en 2005 hubo 136 mil 874 abortos en hospitales públicos y se estima que los privados atienden otro 20 por ciento, a lo que se añadirían 26 mil 375. "Ello explica la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, de que el aborto consentido por la madre sea libre, gratuito y no punible", justificó. En la carta, detalló que la reforma penal y adición a la Ley de Salud, no transgrede el Artículo 4 de la Constitución, ya que el precepto tutela y garantiza el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Así como el derecho de igualdad entre la mujer y el hombre y el derecho a la salud. Expuso que el establecimiento del plazo de 12 semanas para la interrupción del embarazo no es arbitraria, ya que corresponde a la falta de desarrollo neurológico del producto, que hasta ese tiempo es definido como embrión en la Ley General de Salud y luego como feto. Alvarez-Icaza señaló que las reformas al Código Penal no imponen una conducta, sólo hacen posible una decisión individual, acorde con el sistema de libertades que establece la Constitución. Subrayó que "la utilización del aparato coactivo del Estado para mantener un embarazo no deseado antes de las doce semanas de gestación, se opone a la vigencia de los derechos humanos". Asimismo, destacó que la reforma penal y adición a la Ley de Salud, ambas del Distrito Federal, es congruente con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, pues las garantías esenciales del hombre y la mujer tienen como fundamento los atributos de la persona humana que se adquieren con el nacimiento.

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