La Crónica de Hoy | El interés simple, legítimo y jurídico

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El interés simple, legítimo y jurídico
Carlos F. Matute González | Opinión | Hora de creación: 04:50:31 | Ultima modificación: 04:50:31

La nueva Ley de Amparo, en palabras del abogado Fabián Aguinaco Bravo, por su importancia, es una ley de Estado, que en la agenda del proceso legislativo debiera tener una gran prioridad y la participación en su discusión de los litigantes y jueces. Los temas que contiene son de trascendencia en la vida cotidiana, aunque su contenido técnico la haga aparentar alejado del gobernado. Esta afirmación queda demostrada con el simple análisis de las figuras jurídicas que contiene. La semana pasada comenté el concepto de autoridad, ahora me referiré al quejoso.

En el artículo 5, fracción I, de la minuta aprobada por el Senado, se establece la definición de quejoso, que es el dolido de la actuación ilegal de la autoridad, quien tiene la posibilidad de solicitar la protección de la Justicia de la Unión. No todos los gobernados pueden ser protegidos por el amparo, salvo aquellos que se consideren quejosos y la ampliación de este concepto consecuentemente aumenta las posibilidades de defensa de las personas frente a la arbitrariedad.

En ese sentido, el quejoso es la parte en el juicio de amparo que aduce ser titular de un derecho público subjetivo (interés jurídico) o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial  situación frente a la esfera jurídica.

Tradicionalmente, quien podía acudir a juicio de amparo era el afectado en forma directa en su interés jurídico, sólo quien era el titular de un derecho subjetivo concreto e identificable.

Por ejemplo, si alguna autoridad o particular pretendía cortar un árbol en la vía pública en el Distrito Federal, la única persona facultada para oponerse a ese acto era la autoridad y, entonces, si había oposición vecinal, colectiva o individual, los inconformes debían acudir a la Delegación correspondiente a solicitarle que actuara y ésta, discrecionalmente, determinaba si evitaba el corte. La inactividad orillaba a los vecinos al bloqueo de calles u otras formas de oposición de facto, algunas violentas, (lo que es explicable, no justificable) porque no tenían causes jurídicos para quejarse o ser escuchados. La razón era que no eran afectados directamente, sino solamente en forma indirecta.

Esta situación empezó a cambiar recientemente cuando en la legislación y en la jurisprudencia se reconoció la existencia de un interés legítimo protegible, que es más amplio que el interés jurídico tradicional. Esta evolución se consolidó con la reciente reforma constitucional. El interés legítimo protege aún cuando no haya un derecho subjetivo directo afectado, sino un cambio de la situación que pueda molestar al gobernado en forma indirecta. Esa molestia debe ser real y actual.

Retomemos el caso del corte del árbol, en el que el interés legítimo, en contraste con la circunstancias anteriores, si da al gobernado la posibilidad jurídica de oponerse. Individualmente,  quien vive cerca del árbol puede alegar que éste le da una buena sombra y que quitarlo le afectará en sus derechos o, colectivamente, la asociación de vecinos puede argumentar razonablemente que la tala de árboles puede degradar las condiciones urbanísticas de la colonia.  Entonces, a la posibilidad de acudir ante la autoridad para evitar que se corte el árbol, hay que agregar el derecho de oponerse vía juicio de amparo, lo que es independiente de la decisión de la autoridad.  Evidentemente, con la reforma constitucional se aumentan los medios de defensa a disposición del gobernado.

Diremos que el interés legítimo es un interés jurídico tradicional que se amplía en beneficio del gobernado. El gobernado ya no tiene que demostrar que es titular de un derecho subjetivo directo para poder oponerse a lo que él considera una arbitrariedad o a una sinrazón. Esto obliga a las autoridades a ejercer el poder que se le ha conferido en forma más objetiva y motivada.

El interés simple queda excluido de la protección del amparo porque no podrá equipararse al interés legítimo, conforme a la minuta citada. El interés simple es la posibilidad de oponerse a tala de árboles, aunque no haya ninguna clase de afectación a quien pretende oponerse.

Así un grupo de ecologistas que radica en el norte del Distrito Federal no puede oponerse legítimamente a la poda de un árbol en el sur, en Xochimilco, ya que su deseo que la autoridad sea responsable respecto a la preservación del medio ambiente y su compromiso con las generaciones futuras no es protegible por el juicio de amparo, pero si puede acudir a la transparencia para que la autoridad informe todo lo relacionado con la tala de árboles en el Distrito Federal o cualquier lugar de la República para verificar si la autoridad se comporta legal, racional y congruentemente. El acceso a la información y la transparencia protegen intereses simples.

Esta breve explicación, imprecisa por el espacio, marca la importancia del nuevo juicio de amparo y destaca un pendiente más en materia de interpretación judicial. Estamos frente a la trasformación del orden jurídico mexicano, que seguramente redundará en una mayor protección de los derechos del gobernado.

cmatutegonzalez@yahoo.com.mx

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