La Crónica de Hoy | Adiós a las trampas: la desaparición de la SFP

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  (José Sosa)


Adiós a las trampas: la desaparición de la SFP
José Sosa | Opinión | Hora de creación: 04:53:20 | Ultima modificación: 04:53:20

Las recientes iniciativas presentadas de manera indirecta por el Presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, para modificar el régimen legal que regula el ejercicio de los derechos de transparencia y el combate a la corrupción, ha generado un debate intenso y ha puesto en el centro de la atención pública, nuevamente, el papel de la poco eficaz Secretaría de la Función Pública. De acuerdo con las primeras interpretaciones de los efectos que tendrían las iniciativas, esta dependencia federal estaría destinada a desaparecer.

Ante tal perspectiva, parece pertinente establecer algunos elementos de análisis que permitan valorar la utilidad de tal medida. Me referiré, primeramente, a lo que sería afectado con la desaparición de la SFP, dejando para una colaboración posterior el sentido de las reformas propuestas por el Presidente electo.

Tal y como ha sido discutido desde hace tiempo en este espacio, la labor y resultados que la Secretaría de la Función Pública ha ofrecido, en sus escasos nueve años de existencia, distan mucho de ser satisfactorios y constituyen, en realidad, uno de los más tristes casos de fracaso de una reforma institucional centrada en mejorar la gestión pública. Como es sabido, la SFP fue creada durante la administración del presidente Vicente Fox, con el fin de establecer las bases largamente esperadas de una auténtica política de modernización y profesionalización del gobierno.

La SFP ocupó el espacio otorgado a la política de combate a la corrupción, a partir de 1982, cuando se creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, que luego sería sustituida por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, durante la administración del presidente  Ernesto Zedillo. A diferencia de sus antecesoras, la SFP sí puso en el centro de su misión institucional los temas relativos a la mejora de la gestión, la creación del servicio civil de carrera, y la desregulación administrativa. Pero esto sólo sería a nivel declarativo.

Desde el mismo momento de su nacimiento, la SFP comenzó a ser cuestionada y sus propósitos desdeñados. Los mayores ataques aparecieron bajo la forma de “fuego amigo”, provenientes de la fracción legislativa del PAN, entonces encabezada por el diputado federal Felipe Calderón Hinojosa. Los argumentos esgrimidos en 2003 por los legisladores del partido en el gobierno, para frenar la profesionalización y la mejora administrativa, consideraron que era ilegítimo anular la posibilidad de que los nuevos gobernantes pudieran premiar lealtades y recompensar apoyos electorales recibidos, mediante el uso de los cargos públicos. Esta perspectiva se haría norma básica a partir del 1 de diciembre de 2006.

De esta manera, al cabo de casi seis años de desastrosa gestión, el saldo del trabajo de la SFP no sólo es negativo, en términos de no haber alcanzado ninguna de las metas establecidas en los dos planes de desarrollo de las administraciones federales de derecha. Los impactos más nocivos se encuentran en lo que sus frecuentes omisiones y faltas dolosas provocaron, y que permitieron que florecieran de manera casi incontrolable la corrupción y el patrimonialismo en el interior de la Administración Pública Federal. Y en ambos campos, la propia SFP se destacó como campeona de sus perversiones y desvaríos.

En el lamentable campo de la corrupción, la Función Pública protagonizó episodios que dañaron fuertemente la credibilidad gubernamental. Destacaron -por su mayor cobertura mediática- los casos del contrato para construir la Estela de Luz, cuyos costos finales excedieron cualquier cifra creíble para un monumento de esas dimensiones; y la participación directa de la familia del secretario Vega Casillas en la extorsión a empresarios del ramo de la venta de gasolinas. Pero los daños no se limitan a estos casos.

La prensa ha documentado ampliamente los ya incontables casos de corrupción tolerada y promovida desde la SFP, y que van desde la aceptación pública de los cobros que el secretario de Agricultura recibe de los fondos que él mismo administra, hasta la asignación cínica de contratos y proyectos en áreas tan sensibles como la seguridad pública, el desarrollo social y la reforma al sistema de justicia penal.

De esta forma, tocará al nuevo gobierno revisar a fondo lo hecho por funcionarios como Salvador Vega Casillas, Felipe Borrego Estrada, Guillermo Casas, Juan Miguel Alcántara, Laura Carrera Lugo, Óscar Vega Marín, Elsa Jiménez Larios, Ernesto González Cansino, Javier González Gómez, Juan Paratore, Gonzalo Hernández Licona, y Thania Paola de la Garza, por citar unos cuantos casos de funcionarios que presumiblemente asignaron contratos millonarios a consultoras, organizaciones y personas con las que tienen vínculos directos e intereses compartidos.

En el igualmente lamentable campo del manejo patrimonial del gobierno, la SFP llevó al extremo el uso de los cargos públicos, eliminando los esquemas de profesionalización, primero de sus estructuras, y luego del resto de las dependencias. Es prácticamente imposible encontrar en los órganos de control y vigilancia funcionarios que no tengan militancia partidista en el PAN, o lazos afectivos con los sucesivos secretarios de la función pública.

Antes tales evidencias, parece inevitable tener que aceptar que la eliminación de la SFP puede ser un medio adecuado para comenzar a dar orden ético y legal al gobierno.



ppsosa@hotmail.com

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