¿Será suficiente? - René Arce | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Lunes 11 de Abril, 2016

René Arce

¿Será suficiente?

Finalmente, el gobierno federal presentó el Plan para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Se esperaba. Es una de las demandas más sentidas de la población y ante los hechos tan lamentables de violencia e inseguridad suscitados en las últimas semanas en varios estados es, sin duda, una noticia alentadora, aunque en parte. Veamos.
En primera instancia, no queda claro si se trata de la estrategia nacional contra la violencia, la delincuencia y el crimen organizado. Se cuestiona lo de nacional porque sólo se pondrá en marcha en 100 municipios; abarcando tal cantidad, en varios estados de la república, se podría justificar lo de nacional, pero no es así. Al enfocar esfuerzos sólo en algunos municipios, se propiciará el efecto cucaracha y volveremos al cuento de nunca acabar: se cuidan sólo los escogidos para el Plan, se transforman y se entregan resultados (ahí está, si puede servir de ejemplo, el caso de Ciudad Juárez), mientras los que no están incluidos se descuidan y abandonan y se vuelven terreno propicio para las organizaciones criminales.
De acuerdo con la opinión de analistas internacionales especializados en México y América Latina, que trabajan para la consultora de riesgo Control Risks, al inicio del anterior sexenio, en 2006, sólo las entidades que tienen frontera con Estados Unidos –Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua– eran las únicas que registraban una situación grave de inseguridad en el país. Al terminar la administración de Calderón, ya otros estados presentan la misma situación, y ponen de ejemplo a San Luis Potosí, Veracruz, Guerrero, Jalisco, Durango, Michoacán, los cuales, según los expertos, “tienen hoy problemas muy graves con grupos de la delincuencia organizada”. Esto es lo que dicen los expertos de la consultora; sin embargo, no tomaron en cuenta la situación que vive el Estado de México y que empieza a llegar al centro neurálgico del país, el Distrito Federal, lo cual resulta sumamente grave.
El otro asunto que no queda claro en el Plan presentado por el secretario de Gobernación es el referente a si el proyecto incluye la lucha contra el crimen organizado, porque en el nombre, al menos, no se hace referencia. Lo anterior viene al caso porque una de las promesas de campaña de Enrique Peña Nieto fue reducir la violencia y los delitos, entre ellos el homicidio y el secuestro, y hasta ahora el nuevo esquema que presenta el gobierno parece estar enfocando sus baterías a entregar resultados sobre ese compromiso de campaña. El problema es que no se ha hablado nada del combate directo al crimen organizado, y al menos hasta enero, de acuerdo con algunos reportes, se acumularon 2,243 ejecuciones, tan sólo en los dos primeros meses de este gobierno.
En los estudios sobre inseguridad, puede haber mejoría en algunos rubros, buena noticia, pero no hay que dejarnos llevar. Las amenazas a la seguridad persisten y se hacen presentes en todo el país –sólo hay que buscar las noticias–; la realidad es que la violencia e inseguridad serán difíciles de erradicar, por la gran influencia de los cárteles del narcotráfico en nuestro país, y es por ello, precisamente, que resulta indispensable que el gobierno federal estructure una estrategia nacional que no sólo trabaje para obtener resultados parciales. Por ello nos cuestionamos: ¿será suficiente con el Plan para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia? Sin duda, sólo con el tiempo lo sabremos.
Analistas y líderes de opinión coinciden que, desde el inicio de esta nueva administración, el gobierno federal ha intentado poner en la agenda nacional temas prioritarios para el país que ayuden a bajar el perfil al tema de la violencia y la inseguridad. Se podrá o no estar de acuerdo con el propósito, el problema es que todos los días se prenden focos rojos de la violencia en el país.
Garantizar la seguridad pública a los ciudadanos, en todos sus niveles y dimensiones, es una competencia exclusiva del Estado. La sociedad organizada, los ciudadanos de a pie y todos aquellos que estemos hartos de la atroz violencia que ahoga a México, tenemos el derecho de exigirle al gobierno que cumpla no sólo los compromisos contraídos, sino principalmente su responsabilidad primordial de garantizar a todos los mexicanos seguridad personal, familiar y patrimonial, en cualquier lugar del territorio nacional.

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