Acusan de peculado a funcionarios ligados a la primera dama de BCS | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Jueves 29 de Diciembre, 2016

Acusan de peculado a funcionarios ligados a la primera dama de BCS

Clara Lizeth González Romero, propietaria de la Comercializadora Abarrotera de Baja California Sur, SA de CV, denunció ayer actos de corrupción de varios funcionarios estatales y federales, entre ellos del Sistema Estatal de Desarrollo Integración para la Familia (SEDIF) de Baja California Sur.
La denunciante afirma que le falsificaron su firma, para cobrar varios millones de pesos por los servicios que le prestaba a varias dependencias estatales.
A casi seis meses de interponer una serie de denuncias penales por peculado contra funcionarios del gobierno del estado y el federal, Clara Lizeth González afirmó que la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no avanza.
La empresaria aseguró ser víctima de una red de corrupción gestada por personas cercanas y recomendados por el actual delegado de la Secretaría de Economía, Aurelio Ortiz Zambrano: Maura Georgina Pantoja Pérez y Javier Camacho Lizárraga.
“En ese entonces, Aurelio Ortiz fungía como subsecretario de Planeación y Desarrollo Económico; él nos recomendó primero a Maura y después a Javier a quien señaló tenía muchas influencias. No hubo asociación y mejor los contratamos con un sueldo fijo”, explicó.
Cabe mencionar que Comercializadora Abarrotera de Baja California Sur, SA de CV surtió entre abril de 2011 y el 24 de agosto de 2012 desde carne, verduras, frutas, y hasta despensas a la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Salud, incluyendo al Hospital General Juan María de Salvatierra y el Sistema Estatal de Desarrollo Integral para la Familia, incluidas todas las guarderías, casa cuna, albergues rurales, DIF Comunitarios y hasta la Casa del Estudiante.
“Falsificaron mi firma y con poder de la Notaría número 3 de Carlos Arámburo Romero, con fecha del 27 de julio de 2011, Pantoja Pérez y Camacho Lizárraga, iniciaron el cobro a las instancias gubernamentales fraguando, una millonaria estafa a mi empresa”, subrayó la empresaria.
Tal situación generó que interpusiera cuatro demandas penales, las cuales no avanzan, “inclusive el mismo notario Arámburo Romero, en el oficio 002/NOT3/2013, con fecha del 18 de enero de 2013, informó que el poder notarial nunca salió de su oficina; sin embargo, el Ministerio Público nunca lo ha citado a declarar”.
Señaló la reciente reforma al Código Penal de Baja California Sur se usó en forma de pretexto para aplicar no ejercicio de acción penal; “por ello interpusimos una querella del fuero común LPZ/021/2013, misma que sigue detenida”.
Al detectar las irregularidades, González Romero acudió con contralores y administradores de las dependencias y lo único que obtuvo fue que la adjudicación directa le fuera retirada. Sin importar el contrato firmado, “de la noche a la mañana me lo quitaron”.
En SEDIF, (que preside María Helena Hernández de Covarrubias), Rosa E. Solorio Ramírez, coordinadora administrativa de la dependencia y el jefe de Recursos Financieros, Roberto Avilés Contreras no le pagarían. Se inició entonces la averiguación previa número 103/ LPZ/2012 por incumplimiento de un deber legal y peculado.
Heidi Estrada Martínez, directora de Casa del Estudiante, desconoció el contrato con la compañía y rechazó solventar las deudas adquiridas. La también suplente del diputado federal, Arturo de la Rosa Escalante, es investigada por el mismo delito en el proceso 016/LPZ/2012.
El esposo de la diputada local por el PAN, Jisela Paes Martínez, Julio César Buenrostro de Dios (quien fuera denunciado por cobrar un cheque, que según él se encontró), titular de la Unidad de Contraloría Interna dijo “nos confesó que deberían de pagarnos pero que no podía hacer nada, se encuentra detenido un recurso de 800 mil pesos; a él se le demandó en la denuncia 103/LPZ/2012”.
En la SEP los supuestos usurpadores cobraron más de un millón 200 mil pesos mientras que los dueños sólo lograron obtener un pago por 270 mil pesos. El dinero fue usado para liquidar deudas con bancos que ya habían sido saqueados con casi 4 millones de pesos.
“Tanto Heidi Estrada Martínez, Rosa E. Solorio Ramírez y Maura Georgina Pantoja Pérez son íntimas de María Helena Hernández de Covarrubias. Esto que mostramos es tan sólo la punta del iceberg, en una estructura para conseguir más dinero; Heidi nos pedía menudo o carne asada para la gente que trabajaba en la campaña, a ella le dábamos su diezmo, a los funcionarios de DIF y Salud también. Nos salimos del protocolo y decidimos destapar la cloaca con un trasfondo que podría afectar al gobernador y a su esposa”, expresó Clara Lizeth González.

 

Imprimir