“Árbitro” de EU cedió a Thieriot los derechos sobre filme de Calakmul | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Jueves 29 de Diciembre, 2016

“Árbitro” de EU cedió a Thieriot los derechos sobre filme de Calakmul

IDENTIFICACIÓN. Pasaporte estadunidense de Elisabeth Thieriot que robó a Raúl Julia Levy la filmación.

(Segunda de tres partes)

El 9 de mayo de 2012, a menos de un mes de robar y sacar del país imágenes de las zonas arqueológicas de Calakmul y Jaina consideradas patrimonio nacional, la millonaria Elisabeth Thieriot solicitó a un árbitro independiente de Hollywood cederle los derechos del material fílmico –arbitraje No. 12-52—.
Presentó, como prueba, testimonios falsos: los de tres técnicos mexicanos que participaban en la filmación –contratados por el productor Raúl Julia Levy, él único con permiso del INAH para grabar y usar los videos en el documental Revelaciones de los Mayas 2012 y más allá— y quienes le habían ayudado a huir de México, vía Guatemala, el 14 de abril de ese año.
Para enero de 2013, mientras la Procuraduría de Campeche a cargo de Renato Sales Heredia ignoraba el caso, el árbitro estadunidense de nombre Gerald F. Phillips anunció un fallo inverosímil: la videograbación era ya propiedad de Thieriot.
Ese laudo es considerado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como “violatorio a las leyes mexicanas y a la soberanía nacional”, pues afecta de forma directa los intereses del país y su patrimonio cultural. Y además, como “un acto fraudulento de un señor que no tiene facultades para determinar la propiedad de un bien que corresponde a México”.
Según el INAH, la autorización para filmar un sitio arqueológico es un acto personalísimo que no puede cederse a un tercero salvo que la institución lo consienta de manera previa. Quien lo haga, incurre en un “agravio a la nación”.
“Se vulneró la soberanía de nuestro país; este arbitraje indebido pertenece a un país extranjero y hace nugatoria toda la capacidad jurídica del Estado mexicano, prácticamente el árbitro se apoderó de atribuciones que no le corresponden a nadie más que a la jurisdicción nacional”, coincide la doctora Betty Zanolli, antropóloga y especialista en derecho del Tecnológico de Monterrey y de la UNAM.
COMPRA. Phillips es árbitro de la Alianza Independiente de Cine y Televisión (IFTA por sus siglas en inglés), un organismo que opera en Los Ángeles y el cual está conformado por abogados retirados. Su prestigio en el mundo de Hollywood es limitado.
En diversos escritos dirigidos al propio Phillips, a otros agentes arbitrales y directivos de IFTA –como Jean Prewitt y Richonda Starkey— y a la abogada de Thieriot en México: Maritza Aguilar Arcique –quien también contribuyó en la fuga y ha intentado comprar a la delegada del Instituto en Campeche—, el INAH ha solicitado ya resguardar las imágenes y devolverlas a la dependencia, o bien entregarlas a una representación consular. “Dicho material deberá entregarse tal y como se sustrajo de México, sin haber sido editado y sin haber obtenido copias no autorizadas”.
Durante el arbitraje en EU, la Procuraduría de Campeche se negó a enviar a IFTA las pruebas a favor de Julia Levy, como recibos de compra del equipo, reportes ministeriales y órdenes de localización. En mayo de 2013, Julia al fin logró contactar al entonces procurador campechano Renato Sales Heredia, quien ya alistaba maletas para incorporarse a la PGR.
-¿Por qué no han hecho nada, no están ustedes para hacer justicia? –le preguntó el productor, según su propio relato.
-Una disculpa, no se nada del caso –respondió Sales.
Julia le contó la historia, y al final el funcionario concluyó:
-La puedes acusar de fraude.
-Ya lo hice –atajó Julia.
-Es que no lo sabía…
Hoy, a la distancia, esta es la visión de Raúl: “Había pasado más de un año de la sustracción ilegal del material, ¿de verdad no sabía nada? De lo mínimo que se le podría tachar es de ineptitud, de desprecio por su trabajo, aunque es poco creíble, porque yo había hablado muchas veces con su secretario particular Sergio Rosado y me decía que el procurador estaba al tanto de todo. Luego descubrí que ese tal Rosado es un corruptazo de primera…
Para la doctora Zanolli, “las autoridades han incurrido en abusos porque retardaron la procuración de justicia y afectaron, con su indolencia y pasividad, el patrimonio de todos los mexicanos, una actitud que debería ser condenada y sujeta a una sanción rigurosa; se convirtieron en cómplices de autoridades estadounidenses con cuestionable influencia jurídica”.
ANÁLISIS. En el ámbito académico, los reproches sobre la actuación de Phillips se replican…
“El árbitro estadunidense debió ir más al fondo, conocer el contenido de las filmaciones y haber solicitado al INAH todos los documentos: cotejar a nombre de quien estaban los permisos y en qué términos se habían emitido”, dice el doctor Bolfy Cottom, especialista en legislación cultural e investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH.
—¿Violó la soberanía nacional, como señala el Instituto?
—Legitimó un acto que daña bienes que son propiedad de la nación.
—¿Qué queda hoy por hacer?
—Trabajar a otro nivel, por ejemplo, en el terreno de los órganos de procuración de justicia de ambos países. Cuando hay un uso tergiversado de los bienes nacionales y se afecta el interés general, el gobierno mexicano tiene toda la posibilidad de expropiar las tomas.
Por su parte, el maestro Luis Adolfo Gálvez, arqueólogo perito del INAH y presidente de la asociación civil Conservación Social del Patrimonio Cultural, argumenta: “Primero son las leyes nacionales federales y después las recomendaciones internacionales. Y aún si estuvieran a la par, a nivel internacional todos los tratados vigentes plantean respeto al patrimonio cultural de cada país, lo que no se percibe en el dictamen (de Phillips)”.
Asegura que lo más importante ahora es que el estado mexicano recupere los materiales robados, “y revise a través de sus tribunales cuál ha sido la afectación a la imagen del país, a sus áreas culturales y a sus zonas arqueológicas, y actúe en consecuencia”…

La ley

De acuerdo al artículo 12 del Código Civil Federal “Las leyes mexicanas rigen a todas las personas que se encuentren en la República, así como los actos ocurridos en su territorio o jurisdicción y aquellos que se sometan a dichas leyes, salvo cuando éstas prevean la aplicación de un derecho extranjero”.
Sin embargo, el artículo 15 estipula que “no se aplicará el derecho extranjero cuando artificiosamente se hayan evadido principios fundamentales del derecho mexicano, debiendo el juez determinar la intensión fraudulenta de tal evasión…, y cuando las disposiciones del derecho extranjero sean contrarios a principios o instituciones fundamentales del orden público mexicano”.

Imprimir