Vinculan al hampa a otros 12 municipios de Guerrero: PGR | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Jueves 29 de Diciembre, 2016

Vinculan al hampa a otros 12 municipios de Guerrero: PGR

Cobre. El Pueblo Mágico de Taxco, en la lista de los municipios ligados al narco.

Como ha ocurrido en Iguala y Cocula, la Procuraduría General de la República (PGR) investiga nexos del crimen organizado con las administraciones de al menos otros 12 municipios del estado de Guerrero (ver cuadro).
Los 12 están incluidos en la lista de 22 ayuntamientos contemplados por el gobierno federal para la puesta en marcha del nuevo operativo anticrimen, en el cual el Ejército y la Policía Federal asumieron desde el miércoles pasado el control de la seguridad pública.
En el caso de esta docena de municipios, la PGR cuenta con indicios como nombres, puestos y, sobre todo, testimonios contenidos en averiguaciones previas abiertas con anterioridad, en las cuales se señalan vínculos de funcionarios municipales con jefes u operadores del narcotráfico, en especial de los grupos autodenominados Guerreros Unidos (GU) y Los Rojos. La estrategia será cotejarlos con elementos más sólidos como historiales financieros y patrimoniales.
Los indicios apuntan a cargos desde presidentes municipales hasta directores de seguridad pública y tránsito, síndicos, delegados territoriales y agentes policiales de las diversas alcaldías.
La información procesada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) ha sido reforzada por las declaraciones de los alrededor de 80 detenidos de los últimos meses, tras la desaparición —la noche del 26 de septiembre— de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
Una de las voces claves, incorporadas a la causa penal 100/2014, es la de Sidronio Casarrubias Salgado, quien fuera líder de Guerreros Unidos y experto en corromper funcionarios y policías municipales.
La mayoría de los nombres se han derivado de la última investigación sobre el caso, en la cual testigos señalaron algunos apodos o claves usadas en el ámbito criminal que la PGR ya ha logrado identificar, y con las que busca girar más órdenes de aprehensión.
Los modos de operación en todos los casos son similares: grupos delincuenciales que ofrecían recursos a cambio de protección y libertad para desarrollar todas sus actividades. Y, en menor medida, células que recibían dinero público para servir de brazo armado, como ocurrió en el municipio de Iguala, según se ha desprendido de las investigaciones en torno a los secuestrados de Ayotzinapa y del asesinato del síndico administrador Justino Carbajal Salgado.
Ahí, en Iguala, GU recibía del presidente municipal José Luis Abarca Velázquez de 2 a 3 millones de pesos de manera regular, de los cuales 600 mil eran un complemento a la nómina de la policía local. Además, los jefes de plaza podían decidir el ingreso de algunos de sus integrantes a los cuerpos de seguridad.
Después de presentar el plan en Tierra Caliente, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, aseguró que la PGR sería meticulosa en sus investigaciones en contra de los alcaldes de la región, a fin de encontrar las mayores pruebas posibles y evitar así el desplome de los procesos y las liberaciones anticipadas, como pasó durante el sexenio pasado.

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