CNDH: Maltrato, prostitución y autogobierno en penales femeniles | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Jueves 29 de Diciembre, 2016

CNDH: Maltrato, prostitución y autogobierno en penales femeniles

Investigación. La CNDH visitó 77 de los 102 penales de mujeres, donde realizó encuestas anónimas.

El Estado mexicano incumple su obligación de adoptar medidas para asegurar que las mujeres presas gocen de todos los derechos que les corresponden en su calidad de internas, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en un Informe Especial sobre las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana.
El informe, resultado de una investigación realizada por la CNDH durante los meses de febrero y marzo de 2014, cuando visitó 77 de los 102 penales que albergan mujeres, en los cuales había entonces 11 mil 107 internas, está dirigido al secretario de la Defensa Nacional, los gobernadores, el jefe del Gobierno del Distrito Federal y el comisionado Nacional de Seguridad.
Entre los establecimientos visitados se encuentran los 15 exclusivos para mujeres que existen en el país (13 de ellos estatales y dos federales); las 3 prisiones militares, que alojan a población mixta, así como 59 centros también mixtos bajo la administración de autoridades estatales.
La CNDH señaló que en su informe 2014 se consignan esencialmente las mismas persistentes irregularidades contenidas en el informe de 2013.
“Lo que demuestra que los gobiernos federal y estatales no han realizado acciones efectivas para dar cumplimiento a las propuestas” referidas en 2013.
La población penitenciaria del país en 2014 ascendía a 249, 912 personas, y únicamente 12,690, que corresponde al 5.08%, eran mujeres, de las cuales 9,529 son del fuero común; de éstas, 5,019 bajo proceso y 4,510 sentenciadas, mientras que las restantes (3,161) pertenecen al fuero federal; 1,866 de ellas se encontraban bajo proceso y 1,295 estaban sentenciadas.
Entre las distintas irregularidades encontradas, la CNDH detalló que en esos reclusorios se contravienen normas nacionales e internacionales y violan los derechos humanos relacionados con el trato digno, la legalidad y la seguridad jurídica, la protección de la salud, la integridad personal y la reinserción social de las internas.
Precisó que en estos centros de reclusión se detectaron irregularidades, tales como deficientes condiciones materiales; insuficiencia en los servicios; desigualdad entre las áreas varonil y femenil; alimentación deficiente; maltrato; prostitución, sobrepoblación y hacinamiento; autogobierno, cobros y privilegios; inadecuada separación y clasificación, y aplicación discrecional de sanciones disciplinarias.
Asimismo, se confirmó la falta de atención médica; inexistencia de manuales de procedimientos; prohibición de estancia para las hijas y los hijos de las internas en algunos casos; falta de apoyo para centros de desarrollo infantil; deficiencia de programas para la atención de personas con adicciones; insuficiente personal técnico y de seguridad; falta de capacitación e inadecuada supervisión de los centros.
El personal de la CNDH “tuvo conocimiento de señalamientos realizados por internas a través de las encuestas anónimas (…) quienes se quejaron de la práctica de diversos actos de maltrato físico y psicológico, tales como amenazas y golpes, así como de humillaciones y tratos discriminatorios, infligidos por el personal directivo, técnico y/o de custodia.
“Incluso, en el centro de reclusión de Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, en el Estado de México, varias internas encuestadas señalaron que fueron víctimas de abusos de tipo sexual”, asienta el informe.
Más aún, 60 internas refirieron haber sido víctimas de golpes por parte del personal del centro.
Fue detectada además la “falta de planchas para dormir y colchonetas, lo que provoca que internas duerman en el piso”; además de deficiencias en el mantenimiento de los servicios sanitarios y de las instalaciones hidráulicas, eléctricas y de drenaje, así como en pisos, paredes y techos.
“En varios establecimientos, la cocina presenta deficiencia en los equipos y utensilios para la elaboración y distribución de alimentos, así como la conservación de los insumos”, detalla el documento.
Y añade:
“También se observaron deficientes condiciones en la ventilación e iluminación natural y/o artificial, de las estancias, así como de higiene y presencia de fauna nociva (cucarachas, chinches, ratas o moscas)”.
Indica además que 17 centros de reclusión presentan sobrepoblación, lo que provoca que en la mayoría de ellos existan condiciones de hacinamiento y que un considerable número de internas duerman en el piso, debido a que no cuentan con una cama.
“Cabe destacar el caso del establecimiento de Venustiano Carranza, en Nayarit, donde la sobrepoblación es de 246 por ciento, así como los de Chalco y Ecatepec, en el Estado de México, y Cárdenas, en Tabasco, en los que es igual o mayor al 100 por ciento”, lo que en muchos casos deriva en venta de espacios, tal como se observó en el centro de reclusión de Chilpancingo de los Bravo, en Guerrero.
La CNDH observó que el sistema penitenciario de nuestro país no atiende, en la gran mayoría de casos, de manera adecuada, a los requerimientos específicos por razón de género señalados en la legislación, lo cual trae como resultado que las graves carencias en materia de recursos humanos y materiales se acentúan en los centros de reclusión que alojan mujeres.
Con base en estas observaciones, la CNDH señaló que el Estado mexicano, al no dar atención adecuada a esa población penitenciaria, incumple con su obligación de adoptar medidas para asegurar que las mujeres bajo su custodia gocen de todos los derechos que les corresponden en su calidad de internas.
El Informe establece que el promedio de irregularidades presentadas por centro fue de 14, y se encontró el mayor número de ellas (21) en el Estado de Guerrero, en los Centros Regionales de Reinserción Social de Chilpancingo y Acapulco.
Ante esta situación, la CNDH planteó 22 propuestas en las que pide tomar las medidas pertinentes y realizar acciones efectivas para garantizar el respeto a los derechos humanos de estas personas.

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