Universitarios y ONG vigilarán consulta sobre la siembra de soya transgénica | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Jueves 29 de Diciembre, 2016

Universitarios y ONG vigilarán consulta sobre la siembra de soya transgénica

La discusión de las sentencias de la SCJN que ordenan una consulta indígena sobre los permisos de siembra de soya transgénica fueron se realizó en la UNAM

La consulta a comunidades mayas sobre los permisos para sembrar soya genéticamente modificada o transgénica, que debe realizar el gobierno de la República por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), será supervisada por abogados de universidades y organizaciones no gubernamentales, informaron ayer investigadores que participaron en un foro albergado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM).

Entre los especialistas que dieron a conocer su compromiso por revisar el proceso de consulta, hay investigadores de la UNAM, El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur-Conacyt), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Fundación para el Debido Proceso, el Colectivo Ma OGM, la asociación Indignación A.C. y el Colectivo Apícola de los Chenes, Comunidad de Bolonchén, Campeche.

“Éste es un tema muy importante porque estamos viendo que los pueblos indígenas han decidido sumar a sus estrategias la lucha legal. Ellos han decidido apostar a los tribunales, están confiando en el derecho y es relevante el hecho de que estén confiando en la Suprema Corte para impartir justicia”, indicó Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador en Derecho Constitucional del IIJ-UNAM.

En noviembre de 2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte emitió varias sentencias relacionadas con tres juicios de amparo promovidos por individuos y por productores de miel de Yucatán y Campeche en contra de las autorizaciones emitidas en noviembre de 2012 para sembrar soya genéticamente modificada en siete estados de la República. Las sentencias de la SCJN también responden a recursos de revisión a estos amparos pedidos por la compañía productora de semillas Monsanto.

Las comunidades indígenas han argumentado que son afectadas por los permisos para sembrar soya debido a que una de sus fuentes de ingresos es la producción de miel que exportan a Europa y aunque no hay ya restricción legal para la miel que contenga granos y polen de soya transgénica, los grandes importadores y los consumidores la rechazan, como explicó a Crónica Remy Vandame, de Ecosur.

Las sentencias de 2015 del máximo tribunal del país no anulan los permisos que ya se habían concedido, pero reconocen que hubo errores en el procedimiento legal porque no se llevó a cabo un proceso de consulta a las comunidades indígenas vecinas de los terrenos donde se aprobó el cultivo, por lo que ordenó realizar la consulta a las comunidades. Éste es el contexto previo a la consulta que ahora se realizará en 40 comunidades mayas y que los académicos y activistas buscan supervisar por sus implicaciones ambientales, económicas y culturales.

“Nos preocupa que la misión civil de observación de este proceso de consulta ya reporta fallas”, dijo en el foto Xavier Martínez, del CEMDA. “Debemos tener muy claro que si el control de los recursos naturales de los pueblos indígenas está dañado, se daña su proceso cultural. Si uno observa actualmente cuáles son las regiones de mayor diversidad biológica del país es donde viven los pueblos indígenas y esto no es casual”, agregó.

CONSULTA O CONSENTIMIENTO. A pesar de esa aparente victoria legal, los abogados reunidos ayer en el IIJ-UNAM dijeron que no hay que confundirse porque a lo largo del juicio se ha dejado de lado el análisis de los derechos violados y se ha concentrado más la atención en errores de procedimiento. Además, la sentencia de la Suprema Corte no obliga a las autoridades a considerar el resultado de la consulta a los pueblos indígenas, sólo ordena preguntar su opinión.

“Lo que ordenó la Corte es un proceso de consulta y no un proceso de consentimiento. Esto significa que la última palabra sobre los permisos para sembrar o no todavía lo tienen las autoridades. Mi opinión es que si el resultado de la consulta a los pueblos indígenas no es obligatorio o vinculante, esto será una vacilada”, dijo a Crónica, Jorge Fernández Mendiburu, coordinador del área jurídica de la organización de derechos humanos Indignación A.C. 

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