Dejar atrás al “archivo muerto” - Saúl Arellano | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Jueves 29 de Diciembre, 2016
Dejar atrás al “archivo muerto” | La Crónica de Hoy

Dejar atrás al “archivo muerto”

Saúl Arellano

¿Quién y cómo resguarda la información pública? La pregunta es pertinente ante las reformas sustantivas que se han construido en los últimos años y que han derivado en el Sistema Nacional de Transparencia, el cual es coordinado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En sentido estricto, la información pública debería ser considerada, literalmente, parte del patrimonio nacional, pues no debe olvidarse que es información que se genera con recursos de la ciudadanía respecto de acciones que se financian con recursos de la ciudadanía, y que debería formar parte de la memoria documental sobre las decisiones y acciones que se toman y ejecutan en todo el aparato público.

Debe tenerse en consideración que justamente uno de los grandes problemas en los procesos de planeación del desarrollo y en el diseño de políticas públicas se encuentra en la debilidad de las memorias institucionales, las cuales, en el mejor de los casos, se reducen a meros informes administrativos relativos a programas operativos anuales y ejercicios presupuestales.

La cuestión es mayor, pues sin un buen sistema de archivos públicos el Sistema Nacional de Transparencia estará incompleto; en efecto, lo que urge es construir el marco jurídico adecuado a fin de que nuestro país cuente, por primera vez en su historia, con un sistema ordenado, sistemático y racional de clasificación, almacenamiento y resguardo de la información pública.

Hay un caso reciente que sirve perfectamente de ejemplo para ilustrar la magnitud del reto que este tema implica: el 29 de marzo de este año, la Secretaría de Gobernación informó al INAI que había mantenido acercamientos con “distintos actores y oficinas” a fin de que el video en el que aparece como figura central el cantante Gerardo Ortiz, y que lleva por título “Fuiste mía”, dejara de transmitirse en los medios de comunicación en los que se le dio difusión.

Sin embargo, a petición de un usuario, el INAI solicitó a la Segob las pruebas documentales de tales “acercamientos”. De la revisión del caso, el pleno del INAI dictaminó, de acuerdo con el comunicado emitido por esa dependencia el 17 de septiembre de este año, lo siguiente: “el Pleno del INAI resolvió modificar la respuesta de la Segob y le instruyó a que su Comité de Transparencia declare formalmente la inexistencia de la expresión documental que da cuenta de la comunicación entre la Conavim con otras entidades, para evitar la difusión del video musical ‘Fuiste mía’ del cantante Gerardo Ortiz; debiendo indicar las razones lógico jurídicas por las cuales no cuenta con esas documentales, precisando en su caso, la forma en que se verificaron dichas comunicaciones que impidieron que se documentara la información”.

El tema es verdaderamente relevante porque por primera vez la ciudadanía cuenta con mecanismos para exigir al gobierno, pero también al resto de sujetos obligados por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que documenten sus decisiones, y con ello mejoren los sistemas de planeación, diseño y ejecución de sus programas y políticas.

El caso puede extrapolarse. Imaginemos un acuerdo entre dos gobiernos estatales para conformar policías metropolitanas; imaginemos que algo no sale bien, y que al intentar revisar qué falló, no exista un solo documento que explique la racionalidad del acuerdo y sus procedimientos derivados: ¿cómo evaluar a las políticas públicas? ¿Cómo determinar la eficacia de los programas de gobierno?

De lo que se trata, es de terminar con la lógica gubernamental de “las llamadas”, y situarnos en un proceso continuo, racionalizado y sistemático de documentación de las decisiones de política pública.

Todo lo anterior, como ya se dijo, exige de un sistema nacional de archivos inteligente y moderno que nos permita transitar de una vez por todas a un modelo de gobierno eficiente que responda a los criterios de gobierno abierto y al principio de la máxima publicidad. De otro modo, seguiremos atrapados en la lógica del “archivo muerto”.

@saularellano

www.mexicosocial.org

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