Diez años de balazos - Francisco Báez Rodríguez | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Jueves 26 de Enero, 2017
Diez años de balazos  | La Crónica de Hoy

Diez años de balazos

Francisco Báez Rodríguez

Se cumplen diez años de la iniciativa política del presidente Felipe Calderón para involucrar directamente a las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. Contemporáneamente, se ha abierto de nuevo la discusión sobre la necesaria regulación del accionar de soldados y marinos en estas tareas. Ambos asuntos merecen una reflexión.

Es un hecho que, si bien los índices de violencia en el país habían bajado consistentemente durante décadas, para el 2006 había ya grandes zonas del país que no estaban realmente bajo el control del Estado, sino del de distintos grupos criminales. Se había generado una suerte de Pax Narca, que implicaba tolerancias y connivencias, y que había debilitado al Estado mexicano.

El gobierno de Calderón asumió que los grupos armados delincuenciales controlaban recursos naturales y humanos, y pretendían erigirse —en las zonas que dominan— como un Estado dentro del Estado. Un contrapoder criminal opuesto al poder institucional democrático. Bajo esa lógica, el cambio de estrategia se justificaba, en la lógica de que se trataba de legítima defensa y de que no era posible acabar con el problema por la vía pacífica.

Pero el resultado no fue, no ha sido, la recuperación significativa y permanente de espacios, sino una expansión de la violencia, que fue acompañada —por unos años— con un cambio en el lenguaje. Se pasó del combate o la lucha contra la delincuencia a la guerra contra el crimen organizado. Se quería dar una idea de la voluntad, de la decisión y de la fuerza con la que el presidente Calderón  y su gobierno, a diferencia de los anteriores, enfrentarían a los cárteles criminales.

Por un tiempo, la ecuación Ejército-guerra resultó más sugerente a la población que la ecuación policía-combate. Al tiempo, se desplegó una estrategia de comunicación que incluía, en fotos espectaculares en edificios públicos, pero sobre todo en las calles y caminos del país, un despliegue notorio de personal fuertemente armado y con el rostro cubierto. A la población le quedó claro que había actividad del gobierno en esta guerra. Pero también terminó por quedarle claro que se sentía menos segura. Los datos de homicidios y victimización lo corroboraban.

Durante los dos primeros años de esa estrategia, hubo pocas muertes identificadas como civiles indefensos —o, si no, hubo la capacidad de minimizarlas ante la opinión pública—, pero a partir de 2010 se multiplicaron. No sólo eso: cada una de las víctimas tenía nombre, rostro, identidad, historia. El gobierno cometió la estupidez de calificar esas muertes como “daños colaterales”. Allí se le resquebrajó el frente social a Calderón, y más aún cuando en los casos de fuego cruzado las versiones oficiales no hicieron sino sembrar más dudas.

Por otra parte, el cambio de estrategia merecía una mucho mayor participación social, en la reestructura de los tejidos dañados, y exigía acuerdos fundamentales entre las fuerzas políticas democráticas. Lo primero no lo hubo y lo segundo no se buscó (si acaso, que acataran la realidad de los hechos consumados).

Desde el principio, el Ejército y la Marina pidieron que se legislara para que su actuación estuviera dentro de los marcos constitucionales. No se hizo y no se ha hecho. Se generó así un limbo legal, que ha terminado por generar tensiones de todo tipo: al interior de las Fuerzas Armadas, que no saben bien a bien qué hacer en muchos casos, y entre éstas y algunas organizaciones no gubernamentales.

En el periodo, se ha generado algo muy indeseable para la nación. Que, entre una parte de los ciudadanos, el prestigio de las Fuerzas Armadas ha sido mermado. No importa que hayan arriesgado la vida —y que muchos la hayan perdido— en un combate que debería estar a cargo de las policías.

Con el cambio de sexenio, hubo algunas adecuaciones a la estrategia. Más en comunicación que en lo esencial. Ya no se buscaba que los temas de seguridad acapararan las primeras planas, ya no se presumían las armas de oro decomisadas y el despliegue militar fue menos ostentoso. También cambió la política de querer mostrar a los críticos de la estrategia como aliados de los enemigos del Estado, que había terminado por generar una suerte de autismo respecto del tema en el gobierno de Calderón.

En este gobierno se regionalizó la lucha, con cinco grandes mandos, obligando a los estados a participar y no dejar sola a la Federación. Se buscó a cabecillas, en vez del choque continuo, y se machacó sobre la insistencia de un mando policial único en los estados. Lo más importante, se decidió terminar con un esquema en el que el responsable de seguridad pública era un secretario del mismo nivel que el Secretario de Gobernación.

Sin embargo, no se trabajó con más ahínco y profesionalismo en temas clave como el lavado de dinero y, en lo general, se mantuvo la misma política. Fue fácil meter al Ejército a tareas de policía; ha resultado muy difícil sacarlo de allí.

Tras diez años de balazos (y colgados y decapitados y empozolados), los niveles de violencia que hace una década nos hubieran escandalizado hoy son parte del paisaje cotidiano. Desgraciadamente, nos estamos acostumbrando a ello, y no deberíamos.

Urge avanzar en la profesionalización de las policías. Es quizá la tarea más importante que tiene, en materia de seguridad, el Estado mexicano. Es también una asignatura pendiente.

Urge, asimismo, dotar a las Fuerzas Armadas de un marco jurídico adecuado, que acabe con su situación de vulnerabilidad jurídica. Lo que no se puede hacer es que esta norma termine por normalizar una situación que era de excepción, y por hacer permanente lo que estaba pensado como temporal. Equivaldría a admitir una derrota total de parte de las autoridades civiles.

Tampoco es lógico pensar que el tema del accionar de los militares se resuelve dándoles carta blanca. Aun cuando se trate de tareas que constitucionalmente no les corresponden y para las que no están entrenados (o precisamente por ello) es necesario que haya controles y transparencia. 

Las autoridades civiles no pueden claudicar. Tienen que cambiar la estrategia y fortalecer las instituciones civiles. Sólo así podrá revertirse la militarización del combate al crimen organizado y avanzar hacia una paz verdadera, no una Pax Narca, simulada.

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Twitter: @franciscobaezr

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