Quiere Morena incluir austeridad republicana de AMLO | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Jueves 26 de Enero, 2017

Quiere Morena incluir austeridad republicana de AMLO

Jaime López busca que el jefe de Gobierno no gane más de 30 días de salario mínimo.

El Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Constituyente buscará elevar a rango constitucional el lema de la “austeridad republicana”.

Para ello, el diputado Fernando Cárdenas propondrá la adición de un artículo 5 constitucional, el cual fue suprimido por la Comisión de Principios Generales, para establecer que la austeridad republicana es un derecho social y comprende la reducción del gasto corriente respecto a los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los poderes, órganos autónomos, organismos públicos y alcaldías.

“Los altos servidores públicos de la ciudad deben recibir como prestaciones el salario máximo que se establece en la ley de Austeridad y Gasto Eficiente para el Gobierno de la Ciudad de México y en el Programa de Austeridad Republicana, que no podrá ser mayor a 30 salarios mínimos mensuales”, señala la propuesta que se discutirá entre hoy y mañana.

Asimismo, esta reserva propone que el sueldo neto que recibirá el jefe de Gobierno no sea mayor a 30 veces el salario mínimo mensual vigente. De igual forma se señala que solamente contarán con un secretario particular el Jefe de Gobierno, los secretarios o los subsecretarios con puestos homólogos.

“Estará prohibida la creación de plazas de secretario privado o equivalente. Sólo habrá, como máximo, cinco asesores por Secretaría. Únicamente podrán disponer de escolta, en caso de ser necesario, los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General de la Ciudad”, refiere la propuesta.

La propuesta de “austeridad republicana” también refiere que los vehículos oficiales solo podrán sustituirse si tienen al menos seis años de uso. En tanto, las unidades que se adquieran no podrán costar más de 110 veces el salario mínimo mensual vigente.

Esta adición también prohíbe la contratación de publicidad gubernamental y los fideicomisos públicos para generar prestaciones adicionales para servidores públicos. Los servidores que incumplan con estos lineamientos serán sujetos a la revocación de mandato e incurrirían en una falta grave, por lo que podrían ser sujetos a responsabilidades administrativas o penales.

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