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CNDH emite recomendación a STPS y gobernador de SLP

Por violaciones a los derechos humanos de jornaleros agrícolas nahuas que eran explotados laboralmente en una finca donde sembraban chile y pepino, la CNDH emitió una recomendación a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al gobernador de San Luis Potosí, el priista Juan Manuel Carreras López.

Los menores de edad fueron localizados en una finca del municipio de Villa Juárez, en dicha entidad, y las condiciones de vivienda y alimentación de los jornaleros, entre ellos, niñas, niños y adolescentes, eran insalubres e indignas.

Tras realizar una investigación, el organismo encabezado por Luis Raúl González Pérez constató violaciones al trato digno y al interés superior de la niñez, al derecho al trabajo, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia, atribuibles a 12 servidores públicos adscritos a las secretarías del Trabajo federal, a su homóloga local, a la Procuraduría General de Justicia y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes, la Mujer, la Familia y el Adulto Mayor (PPNNA), estas tres últimas, instancias del gobierno estatal.

Además, refirió, se acreditaron acciones y omisiones de dichas dependencias por no investigar el caso, ni proteger y salvaguardar los derechos de los jornaleros; aceptar las medidas cautelares solicitadas por la CNDH y no poner en marcha acciones eficaces y oportunas en favor de los jornaleros, y omisión de la autoridad responsable de la procuración de justicia, que se limitó a realizar gestiones administrativas y no investigó ni determinó la posible comisión de delitos relacionados con la explotación laboral.

En virtud de lo anterior, la CNDH solicitó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al gobierno de San Luis Potosí colaborar, en su respectivo ámbito de competencias, en la presentación de las quejas que promueva ante los respectivos Órganos Internos de Control contra los servidores públicos involucrados; que elaboren un diagnóstico sobre la situación específica de los jornaleros, que incluya la participación de académicos expertos en derechos humanos y trata de personas, derechos de niñas, niños y adolescentes y servidores públicos de la STPS.

También, implementar acciones de prevención de la trata de personas en los trabajos o servicios forzados en el campo, tanto para jornaleros agrícolas como para empleadores y dueños de centros de trabajo.

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