Gasolina, economía y política. Quien siembra vientos recoge tempestades

Rodolfo Torres

El incremento desmedido en el precio de la gasolina, y en general en el precio de los energéticos, ha sido el motivo más reciente para la protesta pública y para acusar a la clase gobernante de insensibilidad política, por decir lo menos. Tal insensibilidad, y el creciente alejamiento de la clase política de los intereses de los ciudadanos es un reclamo que, aunque no es reciente, ha aumentado hasta convertirse en el clamor general que hoy presenciamos. Conviene, sin afanes justificatorios ni fatalistas, examinar algunos de los factores estructurales que auspician ese fenómeno.
El primero, es de naturaleza externa, pues son los intereses económicos transnacionales, que se expresan a través de los organismos financieros internacionales, los que determinan los parámetros a los que deben sujetarse las políticas nacionales en las materias económica y social. Las empresas calificadoras de riesgo —que dan seguimiento puntual a la evolución de esos parámetros y de los indicadores fundamentales de las economías nacionales— realizan juicios que resultan determinantes, no sólo para alentar o desalentar las inversiones en un país determinado, sino para, en el extremo, derruir los cimientos económicos de la nación que incumpla con las expectativas de los organismos financieros internacionales. Véanse, como ejemplos, los casos de Portugal, Irlanda, Grecia y España.
El segundo factor, éste de naturaleza interna pero íntimamente ligado con el anterior, ha favorecido políticas económicas nacionales orientadas a fortalecer a los corporativos económicos locales; cuya masa crítica resulte robustecida y capaz de competir, o al menos sobrevivir, en un mercado global enfebrecido. Ello en vista de la transnacionalización de las economías que ha exacerbado el gigantismo de los corporativos económicos que, por sí mismos, superan la capacidad económica (y política) de la mayoría de los países en que operan.
Es por ello que, casi siempre, frente a cualquier disyuntiva en la que se contrapongan los intereses de los corporativos, ya sean transnacionales o nacionales, con los de las comunidades en las que éstos operan, las políticas y acciones gubernamentales nacionales optan por favorecer a las primeras. Ello ocurre, aunque no es motivo de consuelo, en la mayoría de los países de todas las latitudes. El actual modelo de desarrollo económico ha sometido de modo tal la acción de la política que los espacios de intervención de esta última se restringen a potenciar la actuación del interés económico.
Ojo: el tema nada tiene que ver con satanizar el desarrollo económico por sí mismo ni a los agentes que lo hacen posible. El problema es qué tipo de desarrollo económico se ha privilegiado, que ha desatendido la comprensión del trabajo como la fuente primordial para la superación espiritual y material de la humanidad. Al contrario, las condiciones laborales se han vuelto cada vez más precarias y el deterioro ambiental es más que evidente.
Por otra parte, ciertas particularidades de nuestro sistema político nacional estimulan, aún más, el alejamiento de los gobernantes con los ciudadanos.
Recordemos que la democracia representativa tiene como premisa fundamental la celebración de elecciones auténticas que se basan en contiendas electorales equitativas y en la efectividad del sufragio. En ello hemos avanzado considerablemente, pues, aunque todavía quedan algunos pendientes por resolver y no hay garantía de que esos avances sean irreversibles, nuestra sociedad ha invertido monumentales recursos para la edificación de su entramado electoral (que, también hay que decirlo, se ha vuelto innecesariamente complejo y costoso). Pero, para que una democracia sea efectiva, se requiere que sus gobernantes mantengan un apego continuo a sus compromisos con los electores y a la sociedad en su conjunto. Es ahí donde nuestro sistema político y nuestra democracia presentan uno de sus más considerables déficits.
A diferencia de los sistemas parlamentarios, en los que puede convocarse a elecciones anticipadas para que, de modo institucional y cierto, los ciudadanos elijan a un nuevo gobierno acorde con los intereses de una nueva mayoría de electores, nuestro sistema político no sólo carece de algo equivalente a esos instrumentos institucionales, sino que, además, arrastra una cultura política patrimonialista que lo obstaculiza.
Si bien, en algunos países sí existe la figura de revocación de mandato, lo cierto es que, cuando ésta se ha puesto en práctica, ha vigorizado la polarización social. El ejercicio del instrumento de revocación peca de ofrecer sólo la vista de una cara de la moneda (los electores muestran si están de acuerdo o no con el gobernante en cuestión) pero no se ofrecen recursos adecuados para construir un gobierno alternativo.
En nuestro país existe una práctica, por desgracia todavía muy extendida, en que los gobernantes cuentan con las condiciones favorables para actuar con despreocupación respecto a las consecuencias de sus actos; no se sienten obligados a ofrecer explicación a nadie. Si, además, se carece de los medios institucionales eficaces para hacer efectiva la rendición de cuentas de los gobernantes, se tiene un caldo de cultivo favorable al reforzamiento del uso patrimonialista de la función pública y al ejercicio abusivo del poder a espaldas de los ciudadanos. Su natural consecuencia es que los niveles de impunidad sean tan elevados.
La carencia de canales institucionales idóneos para preservar el vínculo continuo entre los gobernantes electos y la ciudadanía, crea un dique que agudiza la inconformidad y dificulta sus vías de expresión. De no generar esos instrumentos, seguiremos en presencia de un descontento social con causa pero sin cauce, con el consecuente debilitamiento de nuestra ya precaria democracia.
Aun en entornos como el presente, tan desfavorables y tan estrechos para la acción política (sometida, hemos dicho, a la lógica de un modelo de desarrollo económico excluyente), conviene recuperar las virtudes de la política. Es indispensable ponerla en práctica y cultivarla hasta alcanzar un desarrollo económico inclusivo, y para generar las condiciones que hagan posible nuestra convivencia pacífica.

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