La otra reforma electoral 2017

Sergio González

Con el tino de siempre, un muy querido amigo me hizo ver que mi última columna del año pasado, en la que encomié una reforma en materia electoral que el Senado recién había aprobado en materia de autonomía presupuestaria de los denominados OPLE, había sido omisa en un asunto: ponerles marcaje fiscalizador a los excesos de gasto.

Tiene razón, faltan equilibrios en la reforma aprobada. Si bien es necesario establecer o fortalecer la autonomía presupuestaria de los institutos y comisiones estatales electorales para ayudarles a enfrentar los embates autoritarios externos, también lo es que hay que proveerles instrumentos para encarar los embates autoritarios internos.

Me refiero en especial a los excesos en el gasto en general de los OPLE. Hablo de adjudicaciones directas como método preferencial de adquisición de bienes y servicios por encima de las licitaciones públicas; de sobrepresupuestaciones y subejercicios recurrentes; de traslado de recursos financieros de una partida de gasto a otra (o inclusive entre capítulos) sin soportes legal u operativo adecuados; y los enormes e injustificados aumentos de salarios, bonos y prestaciones. Dicho de otra manera, “en arca abierta, hasta el más santo peca”.

No generalizo, pues conozco administradores actuales y anteriores de estas autoridades que son y han sido excepcionalmente puntillosos en su trabajo de cuidar y ejercer conforme a la ley los recursos a los que su puesto les da o dio acceso y que no conocen ni conocerán nunca la naturaleza jurídica de una inhabilitación o el calvario de la sujeción a proceso. Son las manzanas podridas las que descomponen el prestigio del conjunto y a ésos son los que hay que escudriñar.

Creo que la autonomía presupuestaria deberá venir, si viene, con controles particulares muy concretos. Quizá deberíamos empezar por un fortalecimiento equivalente de los órganos internos de control, de auditoría y de quejas, denuncias y responsabilidades. Es decir, una fiscalización interna fortalecida y quizá también autónoma, o cuando menos disponer en la reforma mecanismos transparentes de designación, ratificación, rotación y remoción de los titulares de las contralorías internas, que además deberían contar con atribuciones específicas y amplias para vigilar el correcto y legal ejercicio del gasto en estas instituciones electorales de las entidades federativas y sancionar las conductas que probadamente se desvíen del canon legal establecido.

Me hago cargo de que el nuevo sistema nacional anticorrupción, en su enorme complejidad, contempla un fortalecimiento del combate al flagelo, pero, si no me equivoco, lo hace respecto de los órganos externos de vigilancia, como las auditorías superiores, las contralorías generales de los Poderes Ejecutivos y hasta crea las fiscalías especializadas en la materia. Soy consciente también de que algunos órganos autónomos ya no nombran a sus propios contralores o contraloras, sino que los designa el respectivo congreso, como sucede con el INE y con el IEDF, por ejemplo.

Mi alegato es que para prevenir y combatir los excesos de gasto reseñados, la autonomía presupuestaria por sí misma, sin acotaciones, no resolvería el problema, lo ampliaría. Como dijera mi abuela: “¿Más dinero? ¡Más reglas!”

gsergioj@gmail.com

@El_Consultor_

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