El sistema educativo; ciego, sordo y mudo

Ulises Lara López

El tema que animó la respuesta social en el inicio de este año, para mayor referencia el incremento en el precio de la gasolina, evidencia una realidad que por constante y cotidiana no es percibida. Las condiciones impulsadas en las últimas tres décadas respecto a la industria, la producción de bienes básicos, la actualización de los servicios públicos, entre otros, han ido acompañadas del abandono en la preparación de las nuevas generaciones para enfrentar el reto de la globalización, el fortalecimiento de la economía nacional y el respaldo a la innovación.
La educación es el tema básico de las campañas electorales, en los discursos públicos cuando se busca el respaldo popular y el aplauso fácil y seguramente pronto lo volveremos a ver. Cada seis años se reinventa el sistema educativo, sin que logre modificarse de fondo, para enfrentar los cambios presentes y futuros, cada vez más acelerados.
Los tiempos para actualizar contenidos educativos, recursos didácticos y la formación de los profesores siempre va detrás de los cambios sociales. La reforma educativa impulsada en esta administración es el ejemplo más claro; como lo he señalado, lo malo no es la evaluación, lo malo es la forma y la finalidad con la que se impulsó, responsabilizando a los docentes de los bajos resultados, sin tocarse la estructura y los procedimientos con los que se dirige el sistema educativo mismo.
Un sistema educativo dirigido por quien no conoce la realidad que se vive en una enorme cantidad de escuelas a lo largo y ancho del país da como resultado políticas educativas que no resuelven los problemas de la escuela y la formación de los alumnos. Aclaro, seguro conocen la realidad de escuelas sin infraestructura básica, la carencia  de recursos didácticos para el trabajo con los alumnos, la falta de docentes, lo grave es que esa realidad no la perciben como asuntos que dependan de la administración central. Se ha utilizado el concepto de descentralización para desconcentrar y también para centralizar, de manera que las prioridades de atención seguirán empezando por las escuelas que dan muchos números, alumnos becados, recursos entregados, entre otros argumentos enunciados como: “se atendió a x cantidad de alumnos”, “se entregaron x cantidad de materiales para igual número de alumnos”; de forma que las escuelas ubicadas en zonas rurales, la escuela indígena por mencionar dos ejemplos, siempre quedan al final, sin que los supuestos beneficios de la política educativa llegue a ellos con la solidez suficiente para impactar positivamente las condiciones en que se realiza el trabajo educativo.
Pero eso no es todo. También en lo local, en la ciudad de México las condiciones no cambian, se dispone de la mayor red de escuelas de educación básica, media superior y superior, pero el Congreso Constituyente olvidó resolver respecto a la responsabilidad de los servicios educativos. O más que olvido, no quiso manifestarse en este tema, lo que resulta cierto es que no entienden de la responsabilidad que implica conducir un sistema educativo como el que existe en la capital del país, como el mayor y mejor instrumento de articulación de la política pública en beneficio de las nuevas generaciones.
Un derecho a la educación que no tiene forma de ser garantizado, porque el Gobierno de la Ciudad de México carece de intervención efectiva en la mejora continua de la educación en todos los niveles, es un discurso vacío, sin sustento, ni sentido. Más aún, cuando se abandona lo poco de que se dispone, ahogándolo en la maraña de intereses electorales, lo que ya es una constante. El derecho a la educación se vuelve un no derecho  cuando es un sistema ciego a las condiciones adversas que enfrentan las comunidades escolares, sordo ante la participación de actores que pueden contribuir en la solución de problemas sentidos y mudo frente a las demandas urgentes de atención.
Construir una plan de mejora para la educación de la población infantil y joven de esta ciudad debe incluir la articulación de los esfuerzos para la formación continua de profesionales y trabajadores en los diferentes niveles de responsabilidad y desempeño para hacer a las instituciones públicas entes corresponsables de los resultados de la educación en todos los niveles. Estos temas serán los que ocuparán las siguientes colaboraciones, si la nueva Constitución de la CDMX desaprovecho la oportunidad de hacer de la educación un eje de desarrollo y hacer de la educación una historia diferente a la de los demás estados, deberemos pensar en leyes secundarias y políticas públicas que respondan algunas preguntas: ¿Cómo construir una propuesta de educación para la ciudad que garantice de forma factible la conducción y mejora de la educación que se ofrece en la capital del país? ¿Cómo articular la corresponsabilidad institucional y las responsabilidades de gobierno entre la CDMX y el gobierno federal? ¿ De que manera vamos a responder desde la educación a las dinámicas sociales y económicas de la enorme megalópolis que integramos con el Estado de México e Hidalgo y que desde hace décadas han sido responsabilidad federal y de nuestra propia entidad?

 

 

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