Nacional

INE pide a estados con procesos electorales evitar compra de votos

Los consejeros aprobaron un acuerdo en el que establecieron medidas para evitar la coacción del voto

El consejero presidente dijo que se trata de medidas que contribuyan a fortalecer el ejercicio libre del sufragio en los comicios locales.

Para prevenir la coacción o presión en el electorado, el Instituto Nacional Electoral (INE) pidió a las cuatro entidades con procesos electorales este 2017 prevenir, atacar y, en su caso, contribuir a erradicar las posibles prácticas de compra y coacción del voto.

Con nueve votos a favor y dos en contra (de los consejeros Beatriz Galindo y Javier Santiago), los consejeros aprobaron un acuerdo en el que  establecieron medidas para evitar la coacción del voto.

El texto señala que la entrega de cualquier material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, que implique la entrega de algún bien o servicio está prohibida para los partidos políticos, coaliciones, candidatas o candidatos, equipos de campaña o cualquier persona, ya que esas conductas se presumen como indicio de presión al elector para obtener su voto.

Durante la sesión extraordinaria de ayer, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, dijo que se trata de medidas que contribuyan a fortalecer el ejercicio libre del sufragio en los comicios locales que se realizarán en este año en los estados de Coahuila, Nayarit, Veracruz y Estado de México.

Se trata, abundó, de instrumentar medidas que contribuyan a evitar la compra, coacción e inducción del voto, así como de evitar el uso de recursos públicos con fines electorales, prohibiciones todas ellas establecidas en la Constitución, con el fin de garantizar el libre ejercicio del voto, así como la secrecía del mismo.

“De manera similar a las medidas adoptadas en 2015 y 2016 en este proyecto de acuerdo, se establecen disposiciones para asegurar la imparcialidad en el uso de recursos públicos y evitar que el cumplimiento de los programas sociales a cargo de las autoridades federales, estatales o municipales en cada entidad, se utilice para favorecer a alguna fuerza política, o bien, a algún contendiente”, indicó Córdova.

Señaló que se considerará que la ejecución y reparto de los bienes, servicios y recursos relativos a programas sociales que no cuentan con reglas de operación establecidas en la normatividad aplicable o que no se ciñan estrictamente a las mismas, representan un indicio para considerar que su uso puede tener fines electorales.

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