El gasolinazo y los cínicos

Aurelio Ramos Méndez

El presidente Enrique Peña Nieto no está en la mejor tesitura política ni es la suya —ni de lejos—la voz con mayor credibilidad del momento. Pero ni el más obcecado de sus contradictores podría negar, sin mentir, que dijo una verdad de veinticuatro quilates cuando afirmó que los promotores de la liberación de precios de las gasolinas son los mismos que ahora “no entienden o no quieren entender” el porqué del gasolinazo.

Menos aún se puede negar que —como también afirmó el Jefe del Estado— partidos y organizaciones diversas están, en medio de la conflagración, queriendo tomar ventaja político-electoral y encontrar culpables de una medida que con meses de anticipación ellos festejaron.

La acusación presidencial tuvo en los medios político, empresarial y de gobierno centenares de destinatarios; pero en algunos calzó como anillo al dedo. En el dirigente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther —por ejemplo—, quien con fariseísmo se negó a firmar el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, según él insuficiente, improvisado y con objetivos políticos.

Se puede discutir el contenido del acuerdo presentado en Los Pinos el pasado lunes y si fue armado sobre las rodillas y consultado con las bases de cada sector, o si se trata de un pacto hueco, cupular y corporativista. Pero, ni en sueños o una mareada mezcalera se puede reconocer al líder del sindicato patronal idoneidad para descalificar medidas encaminadas a atemperar el descontento popular, producto de medidas de las cuales él ha sido entusiasta matraquero.

En junio de 2016 De Hoyos Walther consideró insostenible la política de subsidios a los combustibles y dijo que la solución al incremento de precios que desde hace años han experimentado las gasolinas, se daría cuando el mercado quedase abierto a la importación y la competencia. “El mejor camino es no permitir subsidios sino permitir que cualquier persona pueda acceder a este mercado y eso hará que los precios vayan muy rápido a la baja”. Así dijo.

Igual de impaciente, pero menos inconsecuente que el presidente de la Coparmex resultó Juan Pablo Castañón, quien en agosto del año pasado pidió —con la suficiencia que suelen emplear los dueños del dinero— que se adelantara para ¡ya!, para ese mismo momento, la libre importación de gasolinas, sin tener que esperar a 2018 ni atender el cronograma para esa autorización determinado por el Congreso. Con la liberación “habrá competencia y mejores precios, lo cual redundará en beneficio del transporte y los consumidores”, dijo entonces el presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Si entre los líderes empresariales domina la hipocresía en torno del gasolinazo, en las parcelas partidistas y entre algunos de quienes incuban ambiciones frente al 2018 reina el descaro. Y un afán desenfrenado de capitalizar el enojo social.

Para el PRI los doce días de disturbios por el aumento en los precios de las gasolinas y el diesel prefiguran el último clavo en el féretro, mientras en el PAN los dirigentes, legisladores, funcionarios y presidenciables sufren una epidemia de amnesia. El caso más osado ha sido el de Margarita Zavala.

La admirable primera dama del sexenio 2006-2012 e inverosímil aspirante a la Presidencia, sin más credenciales que su paso por la Asamblea capitalina y una curul plurinominal a la LIX Legislatura, olvidó que durante el gobierno de su marido y ahora capacitador electoral la gasolina aumentó 70 por ciento. En un video y en copiosas declaraciones arremetió con desfachatez en contra del gobierno peñista. “¡La gasolina está más cara que nunca!”, dijo con desparpajo admisible sólo en quien nada debe.

Si bien la cónyuge de Felipe Calderón fue quien ejecutó el lance más audaz, suman decenas los panistas que en sus apariciones en los medios se olvidaron de su corresponsabilidad —mediante votos en el Congreso— con relación al demoledor incremento en los precios de los combustibles y sus consecuencias. Entre las cuales —que no se nos olvide— se cuenta la pérdida de vidas humanas.

Con menor impudicia —aunque en algunos casos también con una pizca de autoridad por su desempeño en el trámite legislativo de las medidas que propiciaron el gasolinazo— en el PRD, Morena y la chiquillada se alzaron voces interesadas en capitalizar la coyuntura del inicio del 2017.

Renglón aparte merece el triste espectáculo de la Conago quejándose de ninguneo, como si no se tratara de una agrupación de gobernadores soberanos y real o supuestamente con pueblo atrás, que debieran estar atentos y previsores del devenir nacional. En tono plañidero el presidente de turno, Graco Ramírez, se quejó porque los mandatarios no conocieron —y por lo mismo tampoco suscribieron— el acuerdo anti-carestía firmado en Los Pinos para tratar de contener la violencia post-gasolinazo, que a ellos los pilló jaraneando, en la luna o en la grilla.

Con políticos desprevenidos, oportunistas y amnésicos, corresponsables de la situación, resultan pues incontrovertibles los señalamientos del Presidente Peña Nieto, quien para sofocar el peligroso descontento tuvo que apelar a la comprensión de la gente y reprocharles a los partidos —como se debe: de frente y con energía— el olvido convenenciero y su cinismo.

La maniobra de transferir responsabilidades por la violencia social repercutió en el ámbito policiaco. Renato Sales Heredia tuvo que salir con gallardía a desmentir, con toda claridad, el contenido de un documento atribuido a la Comisión Nacional de Seguridad, en el cual se acusa de instigar la violencia a media docena de políticos de la oposición, entre otros Andrés Manuel López Obrador.

El comisionado de seguridad exhibió sin miramientos la patraña. Afirmó que tal escrito no fue redactado en la dependencia que él encabeza y aclaró que los saqueos a comercios y las protestas contra el gasolinazo “son cosas totalmente diferentes que se deben delimitar claramente”.

Dijo además el vástago de Renato Sales Gasque, al eximir de delito alguno a opositores del régimen: “El gobierno federal respeta el derecho a la libre manifestación”. Qué bueno.

¡Lástima que los autores y difusores del calumnioso bodrio no se sintieron en la obligación moral ni ética de revelar su identidad o su cuestionada fuente! Con lo cual dejaron entrever que está latente el riesgo de reedición de estrategias electorales de probada ineficiencia y hasta contraproducentes para tratar de contener a los competidores políticos.

aureramos@cronica.com.mx

 

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