El engañoso voto por internet

Javier Santiago Castillo

El pasado 30 de noviembre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó el acuerdo del Consejo General por el que se ordena el desarrollo de un proyecto para que, eventualmente, los mexicanos radicados en el exterior puedan emitir su voto por Internet.

Para el TEPJF, los Lineamientos aprobados por el Instituto Nacional Electoral (INE) están debidamente fundados y motivados, por el sólo hecho de advertirse en su contenido preceptos legales, así como consideraciones y razonamientos sobre el tema, sin que se haga una valoración en conjunto de los mismos. Estimó que en el acuerdo únicamente se establecen las reglas para la construcción del sistema para el voto electrónico.

Así, consideró que el Consejo General del INE no tenía que ponderar en definitiva otras formas de voto electrónico ya que, por ahora, no ha determinado que el voto electrónico por Internet será la única modalidad a utilizar. Es una resolución de buena fe. Omite la consideración del tema en su integridad y se concreta a un análisis del acuerdo, sin evaluar sus posibles efectos en los atributos constitucionalmente y legales establecidos para el voto universal, directo, libre, secreto, personal e intransferible (estos dos último como lo refiere la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales (LGIPE)).

Como lo manifesté en la sesión, en un voto particular, y en dos colaboraciones anteriores, de la lectura del acuerdo se desprenden Lineamientos que tienen que ver más con la organización del voto por Internet desde el extranjero, y no específicamente con el desarrollo del sistema (como se afirma), mismos que deberían considerarse una vez que el Consejo apruebe la modalidad de voto electrónico y que, en su caso, determine que el sistema cumple con las exigencias constitucionales y legales.

Desde la perspectiva técnica existen 7 modalidades posibles de voto electrónico a saber: urna electrónica, internet, correo electrónico, SMS, fax, aplicaciones vía tabletas y teléfonos móviles, y telefonía fija. El acuerdo, en cambio, propende a hacer del voto por internet la única modalidad, soslayando las restantes. Ése es su efecto práctico. De modo que se omitió el análisis de las opciones restantes a la luz de las categorías constitucional, legal, técnica, operativa, presupuestal y temporal.

Resulta preocupante la inexistencia de un programa de trabajo para un proyecto en el que se invertirán 180 millones de pesos aproximadamente, sobre todo en un contexto de crisis económica nacional. Una inversión significativa que, sin embargo, se asegura no necesariamente se aplicará, ya que los Lineamientos el sistema servirán para probar si dicha modalidad cumple los estándares necesarios a efecto de tomar posteriormente la decisión. Es inevitable cuestionar si la determinación del TEPJF fue responsable al permitir que se inviertan millones de pesos sin una justificación realmente válida y apegada a lo prescrito en la LEGIPE y sin certeza en su aplicación.

Que nadie diga que es válido invertir 180 millones en un sistema que no se empleará. En los hechos, se pretende imponer el voto por internet, sin hacerse cargo de los serios problemas de seguridad que hoy por hoy ha exhibido esa modalidad de votación. Ignorar riesgos como los ataques Distribuidos de Denegación de Servicio (DDoS por sus siglas en inglés), que interrumpen la continuidad operativa del servicio hasta por varias horas, y la existencia de Malware (del inglés “malicious software”), que tiene como objetivo infiltrarse o dañar una computadora o sistema de información sin el consentimiento de su propietario, no sólo es signo de ingenuidad, sino un acto irresponsable.

No debe perderse de vista que el veintiuno de octubre del año pasado, se llevaron a cabo tres ciberataques contra el proveedor de Internet Dyn que interrumpieron el servicio de páginas web y medios de comunicación de talla internacional como: Twitter, Spotify, Amazon, Netflix o The New York Times. Dicho ciberataque se suma al sufrido por grandes compañías tecnológicas: a Yahoo le robaron 500 millones de cuentas en septiembre; Dropbox reconoció el robo de 60 millones de cuentas en agosto;  32 millones de cuentas robadas a Twitter y 100 millones a LinkedIn. Son algunas muestras de la vulnerabilidad de Internet.

La valoración de la experiencia internacional pareciera no interesar, ya que se soslaya que en el Reino Unido, en 2008, la Comisión Electoral determinó suspender las pruebas de las diversas modalidades de votación electrónica dado que la seguridad y garantías adoptadas eran insuficientes. En Suiza, el Consejo Federal (Gobierno) desautorizó, por problemas de seguridad, la pretensión de Zúrich y Argovia de usar este mecanismo. En Estados Unidos, en 2004, se desechó un plan similar, después que varios estudios advirtieron que había extensas fallas de seguridad. En este mismo país, en 2010, se realizó un proyecto piloto para permitir que los votantes en el extranjero o de la milicia descargaran y devolvieran absentee ballots por internet, mismo que demostró que el sistema era vulnerable, ya que sólo 36 horas después de que comenzó a operar el sistema fue “tirado” mediante un hackeo.

La innovación tecnológica coadyuva a mejorar la eficacia de las instituciones públicas en el cumplimiento de sus atribuciones, para así entregar mejores resultados a la sociedad. Sin embargo, cuando se aplica pasando por alto la valoración conjunta de la tecnología y el contexto en que opera, ese acto voluntarista motivado por el deseo de “estar a la moda” puede tener efectos nocivos, significativos, en la efectividad y autenticidad del sufragio.

Consejero Electoral del INE/

Profesor UAM-I

@jsc_santiago

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