Siguen los partidos…

Rosa Gómez Tovar

Ante la difícil situación económica que atraviesa el país, algunas instituciones del sector público se han apretado el cinturón para aliviar la presión a las finanzas públicas, como el INE con la reducción del 10 por ciento de los salarios de los consejeros y poniendo a disposición del gobierno más de mil millones de pesos por la suspensión de la construcción de su nuevo edificio. Siguiendo su ejemplo, algunos ejecutivos locales en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, Zacatecas, Baja California, Sonora, Guanajuato, Durango, Quintana Roo, Colima y el Senado han anunciado planes de austeridad.

Sin embargo, esta ola de austeridad aún no ha impactado a los partidos políticos. Estos últimos, de acuerdo con la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) que nació en la reforma político-electoral de 2014, reciben cada año recursos para llevar a cabo sus actividades ordinarias. En ambos textos se define el monto de esta prerrogativa a través de la siguiente fórmula: se debe multiplicar el número de ciudadanos en el padrón electoral en el mes de julio por el 65 por ciento del salario mínimo vigente que ahora debe entenderse por la unidad de medida y actualización (UMA). Este cálculo aplica para los partidos políticos nacionales que en este 2017 recibirán solamente para sus actividades ordinarias 3 mil 940 millones de pesos.

Esta fórmula ha estado vigente para los institutos a nivel nacional desde la reforma de 2007, y su propósito fue, y ha sido, dotar a los partidos políticos de recursos como entidades de interés público a través de un cálculo con parámetros objetivos. Sin embargo, se debe aceptar que definir el 65 por ciento del salario mínimo fue bastante arbitrario y todo indica que este porcentaje permitía mantener una cuantía similar de dinero para los partidos.

Si bien, los recursos son generosos, la reforma de 2014 permitió aumentar el total de recursos que reciben los partidos a nivel nacional y local, al homologar la aplicación de estos mismos criterios para los partidos políticos en el nivel local. Cada legislación electoral en las entidades federativas, antes de la LGPP, definía su propia fórmula para entregar prerrogativas, en general éstas eran muy similares a la norma federal con una diferencia, en promedio el porcentaje de salario mínimo era de 46 por ciento.

Entonces, como resultado de la reforma electoral, los partidos políticos en este año recibirán en conjunto para sus estructuras nacionales y locales sólo por actividades ordinarias 7 mil 880 millones de pesos; donde haya elecciones además se recibirá el 30 por ciento o 50 por ciento en el caso de elecciones intermedias o para cambiar gobernador, respectivamente. De prevalecer las normas anteriores a la LGPP esa cantidad se vería reducida en 1,390 millones de pesos aproximadamente.

Un tema que ha sido recurrentemente criticado para el INE, así como para los institutos locales, es justamente el dinero presupuestado para los partidos, sin embargo, ante su mandato constitucional y legal, a estas instituciones autónomas no les queda más que calcular el monto de recursos y entregarlo a los partidos políticos.

Si se busca reducir el monto que reciben los partidos políticos, antes que mirar a las autoridades electorales, tendrá que ser una iniciativa de nuestros políticos, ya sea declinando un porcentaje del monto que recibirán sus institutos este año como lo han hecho otras instituciones, o desde el Congreso, reformando el texto constitucional y legal. Veremos si el justo reclamo social por un uso más racional de nuestros impuestos, logra que los partidos antepongan los intereses de la nación ante los suyos.

rosagomeztovar@outlook.com

 

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