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Hay camino legal para que reintegren recursos públicos no devengados

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo explícito en 2016 que los partidos políticos tienen la obligación de reintegrar los recursos públicos “aportados por el Estado que no hayan sido devengados” al finalizar un año fiscal, lo que abriría una ruta clara para que realicen ahorros a semejanza de lo que están haciendo instancias de gobierno.

Los ahorros decididos por Presidencia y diferentes ejecutivos estatales no han motivado una acción similar en los partidos. Cuestionados muchas veces por lo oneroso que resultan, éstos han optado por pasar desapercibidos (hacerse patos, se diría coloquialmente) y no entrar en el tema de ahorrar y reintegrar recursos públicos.

Acaso en el PRD, en voz de la secretaria general Beatriz Mojica, se lanza una propuesta que no han logrado eco en el interior del partido. En cuanto al PAN y el PRI, las reiteradas solicitudes de Crónica para que analicen la posibilidad de realizar ahorros en este año han quedado sin respuesta.

Incluso más, algunas voces partidistas hablan abiertamente de que un ahorro en los partidos no serviría de nada.

Sólo partidos chicos y el emergente Morena son los únicos que abiertamente hablan de reducir el gasto público en partidos este mismo año.

LOS RECURSOS A OJOS DEL TRIBUNAL: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-RAP-515/2016, hizo explícito que los recursos financieros que el Estado entrega a los partidos políticos deben manejarse con eficiencia, economía, transparencia y honradez, y a semejanza de lo que ocurre con las dependencias de gobierno.

De esa misma revisión, motivada por una inconformidad de Morena ante una multa impuesta por el INE, se desprendió que es aplicable el mandato de que los recursos no utilizados al finalizar un año fiscal “no podrán ejercerse (posteriormente) y deberán ser reintegradas a la Tesorería de la Federación”.  

De acuerdo con la Constitución mexicana, se entiende por financiamiento público a cualquier recurso económico, bienes y servicios otorgados por el Estado, lo que incluye a aquellos que reciben los partidos políticos para el cumplimiento de sus funciones.

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