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Proyecto en la Corte ampara venta de comida chatarra en universidades

Organizaciones de la Alianza de la Salud Alimentaria denunciaron que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Beatriz Luna Ramos presentó un proyecto que responde a una solicitud de amparo presentada por una embotelladora de Coca-Cola, que respalda a la empresa para frenar los lineamientos establecidos para evitar la venta de alimentos y bebidas chatarra en las instituciones de educación superior.

De acuerdo con los “lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional” se considera que entre las estrategias del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se deben “Promover actitudes y conductas saludables y corresponsables en el ámbito personal, familiar y comunitario”, por lo que prevé entre sus líneas de acción “la relativa a fomentar los entornos que favorezcan la salud, en particular en las escuelas de educación básica, media superior y superior”.

El nuevo proyecto en la Corte, refirió en conferencia Alejandro Calvillo —director de El Poder del Consumidor, institución eje de la Alianza por la Salud Alimentaria—, busca reemplazar la sentencia del ministro Franco González Salas, la cual sí protegía la salud.

“La ministra, con otros 3 ministros, se opuso contra el primer proyecto de sentencia que había elaborado el ministro Franco, que establecía que el derecho a la salud y la obligación del Estado por velar este derecho en las instituciones de educación superior, el cual debe estar por encima del derecho del comercio de la embotelladora”.

Añadió que los argumentos de Luna Ramos para justificar y darle la razón a la embotelladora y anular estos lineamientos, reproduce los mismos enarbolados por las refresqueras en México, EU y todo el mundo.

El proyecto de la ministra Luna está plagado de afirmaciones insostenibles, señala que los alimentos y bebidas altamente procesados no afectan la salud de las personas, desconociendo el extenso y robusto sustento científico que prueba la asociación entre el consumo de productos ultraprocesados, en particular de bebidas azucaradas, con daños a la salud, explicó Fiorella Espinosa, coordinadora de investigación de El Poder del Consumidor.

“El proyecto establece que la obesidad debe combatirse por medio de la educación, desconociendo también la evidencia existente que demuestra que por encima de la educación son los entornos los que determinan los hábitos, desconociendo que los ambientes obesogénicos son la principal causa de estas epidemias de sobrepeso, obesidad y diabetes”, añadió.

Los especialistas enfatizaron que la ministra argumenta que los estudiantes en estas instituciones ya son adultos que pueden realizar elecciones informadas; sin embargo, esa no es la realidad. Estos jóvenes tienen ya hábitos deformados desde muy temprana edad y son justamente los ambientes saludables los que pueden contribuir, junto con otras medidas, a que se reduzcan estos consumos y no los transmitan a sus hijos de llegar a ser padres, refirió Espinosa.

“El 36.9 por ciento de los adolescentes en México viven con sobrepeso u obesidad y esta cifra prácticamente se duplica a 72.5 por ciento en la edad adulta, lo que indica que se deben fortalecer las medidas en materia preventiva justamente en la edad universitaria”. Calvillo puntualizó que con este tipo de proyectos, la SCJN no está atendiendo lo establecido por las secretarias de Salud y Educación, que han presentado argumentos para defender esta regulación en las instituciones de educación superior.

“La ministra dice que no se ha ‘presentado evidencia sobre el riesgo a la salud de estos productos’, de ser así, acaso no tuvieron todos éstas para rechazar los amparos al IEPS establecidos para bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico. Ellos rechazaron amparos, entonces tienen los argumentos y esa evidencia”.

Dijo que existe una liga interminable de evidencia científica que demuestra estos daños a la salud, misma que los ministros pueden consultar en la liga http://bit.ly/2j22WL1. Entonces, “lo que los ministros están determinando  hora es quién tiene mayor potestad sobre los ambientes saludables en las instituciones de educación superior: las autoridades educativas y de salud o una empresa, cuyo producto contribuye a la epidemia epidemiológica que vivimos”.

ESCENARIO. A finales de 2016, la Secretaría de Salud hizo una “declaratoria de emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes en México”, ante el incremento de la muerte por diabetes que el año pasado superó los 96 mil decesos poniendo al país con la mayor incidencia de muertes por diabetes entre los megapaíses del mundo y de la evidencia de que el 70 por ciento del consumo de azúcar en la dieta de los mexicanos proviene de las bebidas azucaradas.

Calvillo recordó que México fue declarado como un país “cocacolinizado” por el exrelator de la Organización de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter. El relator confirmó la omnipresencia de esta bebida, junto con otras y comida chatarra, que se da a través de más de 1.5 puntos de venta en el país, respaldada por una publicidad multimillonaria que conforma un ambiente obesogénico.

Los lineamientos que buscan erogar los ministros, pretenden establecer que, al menos, los centros educativos, incluyendo los de educación superior sean espacios saludables, considerando que es un deber del Estado garantizar que los planteles educativos sean espacios saludables.

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