TEPJF incita campañas subrepticias - Javier Santiago Castillo | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Jueves 09 de Marzo, 2017
TEPJF incita campañas subrepticias | La Crónica de Hoy

TEPJF incita campañas subrepticias

Javier Santiago Castillo

El 28 de septiembre de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que el gobernador constitucional del estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, había incurrido en responsabilidad por la difusión de su informe de labores en un ámbito territorial y temporal mayor al permitido legalmente.
En la misma resolución se determinó, toda vez que el INE carece de facultades para sancionar directamente a servidores públicos, dar vista al Congreso del estado de Chiapas y a la Secretaría de la Función Pública de dicha entidad federativa para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinaran lo que en Derecho correspondiera.
Acompañé dicha resolución, pues, desde mi perspectiva, las diligencias realizadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, así como las pruebas presentadas, eran sólidas y acreditaban la conducta imputada al gobernador del estado, toda vez que faltó a su deber de cuidado y vigilancia de los servidores públicos que se encuentran jerárquicamente bajo su mando. Por ejemplo, dichas inserciones fueron contratadas y pagadas por el gobierno del estado de Chiapas, a fin de que se incluyeran en las ediciones 607 y 608 de la revista Cambio.
Sin embargo, el pasado 16 de diciembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al INE modificar su determinación, a efecto de emitir una nueva resolución en la que se estableciera que al gobernador del estado de Chiapas no le es atribuible responsabilidad alguna; además de dejar insubsistentes las vistas ordenadas con relación al citado gobernador. La Sala ordenó que la nueva resolución determinara que el responsable era el titular de Comunicación Social en el estado, ya que él fue quien suscribió los contratos con los medios de difusión y no el gobernador.
Para ello, se aludió a una desafortunada sentencia dictada el pasado 24 de agosto de 2016 por la anterior integración de la Sala Superior del TEPJF en la que de la misma manera exoneró al gobernador del estado de Chiapas, al determinar la inexistencia de responsabilidad por falta al deber de cuidado de éste y dejando sin efectos la vista ordenada a la Legislatura del Congreso del estado de Chiapas.
En sesión del Consejo General del INE del 13 de enero de 2017, y debido a que nos encontrábamos ante un acatamiento, voté a favor del proyecto. Institucionalmente era lo que correspondía para hacer efectiva la facultad de última instancia de que goza la Sala Superior del TEPJF. Sin embargo, acatar no significa carecer de una visión jurídica propia, por lo que expuse algunas consideraciones que resultan relevantes para el debido desarrollo de los próximos comicios en el país.
Me parece que en todo momento debe existir el deber de cuidado de todo funcionario público en su actuación. Suponiendo sin conceder que el gobernador no tuviera responsabilidad alguna por la excesiva y antijurídica edifusión de su informe de labores, ello no implica pasar por alto que es el titular del poder ejecutivo del estado y que el llamado instituto de comunicación social de esa entidad forma parte de la administración pública local. Si bien no le es sometido previamente a su aprobación cada asunto, tiene el deber de cuidado sobre la buena y legal acción de todas las dependencias del ejecutivo.
Es verdad que el designar funcionarios de mando superior en estos casos implica un acto de delegación; pero se trata de la traslación del ejercicio de una competencia y no así de la responsabilidad. Es decir, la responsabilidad por las decisiones y/o actuaciones que se ejecuten recaerá en el delegante, ya que éste conserva su deber de control jerárquico sobre el delegado.
Las responsabilidades no son transferibles. De modo que, para el gobernador, subsiste la responsabilidad del debido cuidado al no haber llamado a cuentas al titular de Comunicación Social tan luego como tuvo conocimiento de su conducta infractora. No se tiene noticia de que haya emprendido acción alguna para hacerlo retornar al cauce de la legalidad.
Creo que, por segunda ocasión y con distintas integraciones, la Sala Superior del TEPJF exoneró al mismo actor por conductas similares. Al hacerlo, tiende un manto de impunidad para que, con su informe de labores como pretexto, emprenda una campaña de difusión de su imagen personal en todo el territorio nacional.
Es verdad que el artículo 134 constitucional aún espera que se emita la ley reglamentaria correspondiente, pero decir que un gobernador no tiene ninguna responsabilidad por la difusión de su imagen es un tanto ingenuo o, tal vez, solapador.
¿Qué gobernador firma directamente ese tipo de contratos? No es de esperar que un actor político que busca un beneficio personal actuando al filo de la navaja o de plano violando la ley sea tan torpe para suscribir los contratos correspondientes. Con la sentencia del Tribunal, cualquier consecuencia jurídica recaerá en los subordinados y no en el responsable real.
  El tema es de trascendencia para la equidad en la contienda electoral, ya que se deja la puerta abierta para que en los próximos comicios a celebrarse en los años 2017 y 2018 se multipliquen las campañas ocultas, en las cuales, deliberadamente, diversos servidores públicos pretendan atribuir responsabilidad a terceros, generando así un marco de impunidad a infractores de la normativa electoral que realicen campañas subrepticias afectando seriamente la equidad en la competencia electoral.

@jsc_santiago
www.javiersantiagocastillo.com

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