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México, el peor evaluado de la OCDE en corrupción

De acuerdo con el reporte de Transparencia Mexicana, México es el país peor evaluado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en lo que a corrupción se refiere.

Nuestro país obtiene una calificación de 30 puntos, lo que lo ubica en la posición 123 de 176 países.

Este reporte señala que las reformas legislativas no logran frenar caída en el Índice de Percepción de la corrupción.

Indica que las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción no fueron suficientes para reducir el efecto de los continuos escándalos de corrupción en todo el país y frenar la caída de México en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016.

Transparencia Mexicana señala que la falta de contrapesos reales entre poderes, el número y la gravedad de los casos de corrupción expuestos a la opinión pública y los niveles de impunidad, fueron determinantes en esta nueva evaluación del país.

México cae 28 posiciones en el  Índice de Percepción de la Corrupción 2016, publicado el día de hoy por Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional.

El país obtuvo una puntuación de 30 en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia, la calificación actual es cinco puntos menor que la de la medición anterior.

En el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, publicado anualmente por Transparencia Internacional, México se mantiene por debajo de sus principales socios y competidores económicos. 40 posiciones separan a México de China, India y Brasil, sus principales competidores económicos.

Entre las 35 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se ubica en el último lugar. 

En el reporte se incluye un capítulo denominado Recomendaciones para México, en las que se sugieren distintas acciones que debe llevar a cabo el gobierno federal, contemplando de la misma manera acciones en los otros niveles de gobierno.

Corrupción e impunidad deben ser excepción y no regla, las redes de corrupción formadas por empresas y funcionarios públicos deben ser investigadas, perseguidas y desmanteladas.

Es necesaria una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política interna ni de la política externa. Su diseño deberá permitirle emprender acciones decididas, sistemáticas y permanentes para desmantelar redes de corrupción.

El Congreso, y en particular los Congresos Locales, deben cumplir su función constitucional de ser un contrapeso a los poderes ejecutivos y cumplir cabalmente con su función de vigilancia de las decisiones y el ejercicio de los recursos a nivel local.

 

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