Lavado de dinero, la agenda pendiente

Claudia Villegas Cárdenas

Será a más tardar en marzo de este año cuando se realice la cuarta ronda de evaluación de las medidas contra el lavado de dinero en circuitos financieros y empresariales que aplica México y que serán evaluadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el esfuerzo multilateral creado por el G7 en 1989 para impulsar los esfuerzos contra el blanqueo de capitales.  En 2014, el GAFI consideró que México había concretado avances sustanciales en las medidas para el control de actividades ilícitas vinculadas con el ocultamiento del origen de dinero sucio. Ahora, sin embargo, las noticias podrían ser desalentadoras. Hace apenas algunos meses se dio a conocer la investigación binacional sobre las actividades ilícitas que habrían desarrollado accionistas de Investabank, la institución que dirige Enrique Vilatela. El caso, sin embargo, es sólo una pequeña muestra de las investigaciones que se siguen en Estados Unidos y que involucran a intermediarios financieros y a supuestos empresarios. El problema es que aquí la banca no puede ser inculpada directamente en transacciones de blanqueo de capitales. Se le sanciona, se le advierte pero no es posible retirar una licencia bancaria u obligarle en el mejor de los casos a cerrar operaciones riesgosas.  Se trata de serias lagunas jurídicas que no son casuales, sino resultado de un intenso cabildeo para dejar sin dientes las leyes contra el blanqueo de capitales, según la versión de un alto ex funcionario de la Secretaría de Hacienda.

Entonces, el panorama es desalentador. También perdemos soberanía en materia de persecución de delitos financieros y son otros países y sus gobiernos los que presumen los logros y es México a través de sus instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el que proporciona la información porque se han firmado los acuerdos del GAFI. Un círculo vicioso para la imagen del país que, además, impide recuperar recursos resultado del crimen organizado y cuya entrega se negocia en tribunales estadunidenses como ha sucedido en los juicios de varios capos de la droga que han sido extraditados.

Por cierto,  fue el FinCen, el organismo del Departamento del Tesoro de EU, que se encarga de perseguir los delitos financieros en ese país acaba de sancionar a Western Union con una multa por más de 185 millones de dólares. Si bien la investigación se remonta a 2012, la resolución del caso llega en un momento clave para el gobierno de Donald Trump que ha puesto en tela de juicio todos los ingresos que llegan a la economía mexicana y que, en su opinión, son resultado de una injusta e inequitativa relación comercial y económica con nuestro país. Por cierto, instituciones de crédito como Banamex –CITIBANK decidieron salir del negocio de las remesas para evitar, precisamente, cuestionamientos del FinCen sobre el manejo de los reportes sobre operaciones sospechosas.

Oceanografía, en fase de quiebra.

Resulta que la compañía de Armando Yáñez se encuentra ya en etapa de quiebra, Los acreedores de la empresa que llegó a ubicarse como el principal contratista de Pemex en servicios marítimos ya se están organizando para lograr una bancarrota ordenada y sobre todo rápida mientras otros buscan liberar activos que fueron asegurados de manera equivocada por la PGR que encabeza Raúl Cervantes Andrade, quien ahora se concentra en la recuperación de bienes vinculados con los fraudes del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte n

 

Hasta ahora, sobre las remesas que envían los migrantes a territorio nacional, Trump no se ha pronunciado pero la sanción a Western Union constituye un golpe seco a estos recursos.

La investigación a Western Union de los expertos del Departamento del Tesoro concluye que este intermediario violó  los requisitos contra el lavado de dinero de la Ley de Secreto Bancario al no ejecutar de manera oportuna y mantener un programa que previera el ingreso de efectivo sucio basado en riesgo. Western Union tampoco habría presentado los indispensables reportes de operaciones sospechosas. En México, los bancos y los intermediarios financieros no bancarios tienen la obligación de presentarlos. La diferencia es que al no presentarlos no se enfrentan a los graves problemas económicos y regulatorios que el Departamento del Tesoro impone a los intermediarios que operan bajo su regulación.

Pero volviendo al caso de Western Union, la empresa que ha mantenido una larga relación con varios bancos que operan en México, aceptó que sus sistemas sí enfrentaron  deficiencias en sus controles anti lavado de dinero en la relación de envíos y transferencias a países como México. Western Union opera más de 500,000 oficinas en 200 países y territorios de todo el mundo. Como empresa de servicios monetarios, Western Union está obligada por las leyes estadounidenses a establecer mecanismos para evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Sin embargo, el Departamento del Tesoro encontró que Western Union no cumplió con las medidas para detectar dinero sucio en sus circuitos.

Según las investigaciones del Departamento del Tesoro, desde 2012, a Western Union se le detectaron operaciones que debió consignar como operaciones sospechosas y rara vez consignó ante las autoridades los reportes correspondientes.  ¿Hasta ahora se sanciona a Western Union? Extraño. El intermediario, según las autoridades estadounidenses, también retrasó – de manera innecesaria – la información que resultaba crítica para la detección y prevención del financiamiento ilícito.

Ahora, bajo el velo de una prevención oportuna, podríamos ver medidas del gobierno de Trump que afectarán el envío de remesas.

El depósito de recursos de trabajadores migrantes en bancos europeos con presencia en el mercado mexicano se observaba como una opción para evitar la persecución de Trump. Ahora, sin embargo, la banca también será observada y vigilada para evitar que apoyen la transferencia de recursos de los migrantes. La Condusef que encabeza Mario Di Constanzo ya comenzó una campaña de apoyo y asesoría a los migrantes a través de pequeñas oficinas en los consulados de las principales regiones de la Unión Americana. El objetivo será evitar prácticas de pánico o irregulares que pongan en peligro el patrimonio de los paisanos.

Trump sabe que la migración, las remesas y el turismo son las grandes plataformas de salvamento de la economía mexicana y no dudará en ponerlas contra las cuerdas. Trump está dispuesto a establecer una política del miedo que beneficie en todo momento la inversión estadounidense.

claudiavillegas @revistafortuna.com.mx

 

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