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Y avalan juicio político… hasta para el jefe de gobierno

Quedó establecido en la Constitución de la Ciudad de México que todos los servidores públicos, incluido el jefe de gobierno, diputados, secretarios, magistrados, titulares del Consejo de la Judicatura, de los organismos autónomos, descentralizados o fideicomisos públicos y el titular del Sistema Anticorrupción, podrán ser sometidos a juicio político.

De acuerdo al artículo 71 de lo que será la carta magna capitalina, este instrumento jurídico sólo aplicará cuando existan violaciones graves a la propia Constitución, a las leyes que de ella emanen y por el manejo indebido de fondos y recursos de la Ciudad de México.

La solicitud de juicio político deberá ser presentada ante el Congreso de la ciudad y dictaminada en un plazo no mayor a 30 días. De proceder, durante el juicio se citará a comparecer ante los diputados locales al funcionario acusado a efectos de respetar su garantía de audiencia.

“Cumplido este requisito, el pleno determinará, mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión, si hay lugar a separarlo del cargo. Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. Las resoluciones emitidas por el Congreso serán inatacables”, precisa el numeral 2 del artículo 71.

Para algunos diputados constituyentes, el juicio político sería un arma de doble filo, por lo que se mostraron en contra de que los funcionarios que ocupen un cargo de elección popular puedan ser sometidos a este instrumento, y recordaron el caso de la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.

“Por Dilma Rousseff votaron 54 millones de brasileños y un grupo de diputados y de senadores del Congreso brasileño la destituyó… Por eso yo insisto en que el procedimiento de destitución de un funcionario electo debe ser solamente la revocación del mandato; si el pueblo lo puso, que el pueblo lo quite, pero no el juicio político para los funcionarios electos”, señaló Jaime Cárdenas.

En este sentido, Bertha Luján refirió que el juicio político puede ser igual, que en la realidad nacional, letra muerta o un instrumento de venganza política entre partido, Gobierno y funcionarios, tal y como actualmente ocurre en Cuernavaca.

A pesar de estos argumentos, la mayoría de los constituyentes aprobó que todos los funcionarios en la ciudad, electos o no, puedan ser enjuiciados políticamente.

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