Seguridad en la escuela | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Jueves 09 de Marzo, 2017

Seguridad en la escuela

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Un adolescente con diagnóstico de esquizofrenia; un niño de segundo de primaria  que amenaza de muerte a su maestra, un chico de primaria que cumple a la perfección con el perfil de agresor y al que las autoridades escolares no pueden canalizar a los gabinetes de apoyo de las escuelas públicas, porque su madre se resiste a admitir que su hijo necesita terapia. Todas son situaciones que rebasan el lugar común de la “falta de valores” con el que de manera superficial se intenta explicar los casos de agresiones y ataques en centros escolares.

Son casos en los que la conducta violenta encuentra sus raíces en el campo de las enfermedades mentales y a los que la estructura de las escuelas públicas mexicanas tiene que hacer frente por medio del seguimiento de los consejos técnicos o las áreas de orientación de cada plantel. Pero nada de esa pequeña estructura funciona con eficacia si los padres de familia no colaboran para que sus hijos vayan a la escuela en las mejores condiciones posibles.

PARA CONVIVIR CON LA FALTA DE ”VALORES” O LA ENFERMEDAD. Una de las frases sobadas para explicar las situaciones de bullying o de violencia escolar en el sistema educativo mexicano le achaca a la “falta de valores familiares” que un alumno de primaria o secundaria desarrolle una actitud y comportamiento agresivos en el seno de la comunidad escolar. Es un juicio cómodo, pero limitado, y de poco sirve cuando el cuerpo docente de una primaria o de una secundaria tiene que aprender a convivir con un alumno que adopta conductas agresivas de alta complejidad.

Parecería que todo está previsto: en las Guías Operativas para Escuelas Públicas 2016-2017, “manuales” creados por la Secretaría de Educación Pública para propiciar una consulta rápida y concreta de las obligaciones y derechos de los integrantes de las comunidades escolares en planteles públicos. Es, afirma la SEP, una herramienta para “facilitar la toma de decisiones” frente a los mil problemas y dudas que un directivo de educación prescolar, primaria o secundaria tiene en su trabajo diario.

La Guía Operativa tiene, entre sus prioridades, preservar la integridad de los alumnos. Esta obligación tiene que conciliarse con la idea de “educación inclusiva” que norma la operación en las escuelas públicas y que en los hechos significa que a ningún alumno se le puede negar el derecho a la educación, aunque su conducta y su relación con sus condiscípulos sea difícil o conflictiva. Por eso, ninguna de las disposiciones del Marco de Convivencia considera, en las medidas disciplinarias, la expulsión definitiva del infractor. Lo más que puede hacerse es promover el cambio de plantel a un entorno donde el alumno infractor tenga la posibilidad, con el apoyo familiar y escolar, de continuar su educación sin conflictos.

CASOS DE HORROR: CUANDO EL ORIGEN ESTÁ EN LA ENFERMEDAD. Pero, ¿de verdad puede resolverse un caso de agresividad extrema de un alumno? La normativa escolar se queda en el nivel de las faltas “controlables”. Eso explica que en el caso de Emilio, alumno de una escuela primaria pública del rumbo de Mixcoac, se haya optado por trasladarlo de escuelas, después de que en su primer año de primaria canalizó su agresividad contra su maestra y la amenazó de muerte. Presentado ante el director del plantel, también lo amenazó. “Es impresionante que un niño de seis años levante una silla contra ti y te diga que te va a matar”, comparte Graciela, su profesora. “En segundo grado no mejoró. No podemos hacer más que cambiarlo de escuela mientras lo atienden”.

Dos años antes, Juan Carlos, alumno de sexto año del mismo plantel, pudo terminar su educación primaria porque, después de convertirse en agresor sistemático de todo su grupo, su profesora de quinto año demandó a sus padres una evaluación psicológica para que el chico recibiera atención especializada.

La evaluación diagnosticó que Juan Carlos requería de terapia para convivir con sus compañeros. La resistencia de su madre a admitir que el alumno necesitaba atención retrasó un año la terapia.

Estos casos son acompañados por las UDEEI, Unidades de Educación Especial y Educación Inclusiva, formadas por especialistas en educación especial, psicólogos, médicos escolares, cuando los hay, y trabajadores sociales. Son equipos pequeños, pues, revela a Crónica Jorge, jefe de orientadores de una secundaria pública del rumbo Roma-Condesa, a medida que los integrantes de estos equipos van jubilándose, existe hoy día una tendencia a no renovar esas plazas. Las UDEEI atienden lo mismo a chicos con problemas de aprendizaje o conducta o alumnos con problemas sobresalientes.

Pero hay momentos en que las UDEEI y la vigilancia de los Consejos Técnicos de cada escuela, que hacen seguimiento mes con mes de la vida escolar y de los casos especiales o problemáticos, no alcanza a resolver problemas extremos, como el de Gabriel, que, con diagnóstico de esquizofrenia debidamente diagnosticado, y medicado por el ISSSTE, pudo cursar primer año de secundaria.

A fines del segundo año, su medicación se volvió insuficiente y empezó a tener crisis en clase. En una, arrojó muebles dentro del salón. En una segunda crisis, quiso suicidarse arrojándose por un barandal. La intervención de los prefectos le salvó la vida, pero se hizo evidente que la escuela no podía ser ya su espacio educativo. La escuela ayudó a la madre para que trasladara al muchacho a la modalidad Educación a Distancia. Hay casos en los que la acción de las instancias educativas funciona. Pero si no hay diagnósticos y cooperación de los padres de esos alumnos, el riesgo permanece latente.

 

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