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Catorce millones que nunca tendrán agua potable en su hogar

Contaminación, sobreexplotación, desperdicio y densidad poblacional, han llevado a que México enfrente una crisis en el acceso al agua.

El reto, señalan especialistas, es hacer uso eficiente del líquido y garantizar a toda la población el derecho a ese recurso.

ESCASEZ. Originario de la sierra mixteca de Oaxaca, Juan Rafael Sánchez Bravo, Ingeniero agrónomo de profesión, señala que llevar agua a las comunidades serranas oaxaqueñas puede costar, por lo menos, mil 700 pesos por una pipa de ocho mil litros que se abastece de algún pozo relativamente cercano.

El académico de la Universidad Autónoma de Chapingo señala que en México hay una gran presión sobre el recurso más importante y que debería ser bien cuidado por la humanidad.

“Esa presión, que nosotros vemos cada día, es que ahora, especialmente en las ciudades grandes, ya no disponemos de cuerpos de agua superficial, de agua limpia, de agua de calidad”, señala Sánchez Bravo.

Los acuíferos de México, dice, están sobreexplotados; el ciclo hidrológico está severamente afectado –y no se trata de cantidad de lluvia, pues llueve el mismo volumen de siempre–, “pero tenemos un nivel de contaminación alto, tenemos tanta infraestructura, que minimiza, y en algunos casos elimina, la recarga de los acuíferos”.

De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en ingles), a principios del año 2000 había 32 acuíferos sobreexplotados; diez años después la cifra se incrementó a 102. Se calcula que en el país hay sólo 653 acuíferos.

El 70 por ciento de los mexicanos están así en riesgo de padecer escasez de agua y 80 por ciento del PIB está amenazado por la insuficiencia de este recurso.

La amenaza, considera WWF, se cierne sobre 300 cuencas, 97 áreas naturales y 55 Sitios Ramsar (llamados así por el convenio realizado en la ciudad de Ramsar, en Irán), que son humedales de importancia internacional.

México tiene 142 Sitios Ramsar, entre ellos el Sistema Lacustre Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, en la Ciudad de México, que hace unos días padeció la pérdida de agua por una falla geológica.


DERECHO. En febrero del 2012, el Congreso de la Unión reformó el Artículo Cuarto para elevar a rango constitucional el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Sin embargo este derecho ha sido imposible de respetar plenamente.

A decir de Sánchez Bravo, en México hay 14 millones de personas que no tienen agua potable, “y que difícilmente o quizá sea imposible que alguna vez cuenten con ella, y me refiero a las comunidades rurales que tienen como características un alto grado de marginación, unas costumbres muy arraigadas y difícilmente los vamos a ver bajar de las partes montañosas del país”.

Son, abundó, poblaciones pequeñas y que generalmente donde están asentadas no hay acuíferos, y técnicamente no es factible perforar un pozo; económicamente es casi imposible.

El Consejo Consultivo del Agua señala que la cobertura nacional de agua potable es 91.6 por ciento; en zonas urbanas la cobertura es 95.4 por ciento; en zonas rurales (entendidas como localidades menores a dos mil 500 habitantes) la cobertura es 78.8 por ciento debido a la dispersión de la población en condiciones fisiográficas y la dificultad técnica o financiera de desarrollar sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

En las ciudades, refiere el Consejo, se desperdicia alrededor de 40 por ciento del agua por fugas en las redes de abastecimiento y distribución y tomas domiciliarias; sólo 47.5 por ciento de las aguas residuales colectadas recibe tratamiento, y un porcentaje mucho más bajo, el cual es difícil de precisar por la falta de monitoreo y vigilancia, cumple con las normas de calidad de las descargas.

 Menciona que en México, la distribución geográfica del agua no coincide con la distribución geográfica de la población; asimismo, existen diferencias sustanciales entre el sureste y el norte del territorio.

Hay áreas con gran escasez de agua y regiones con frecuentes eventos hidrometeorológicos que significan costosas inundaciones y afectación de asentamientos humanos e infraestructura.

Considera que las tarifas de servicio público son fijadas políticamente y, con frecuencia, no son suficientes para asegurar la autosuficiencia de los organismos operadores, además de que algunos se manipulan con fines político-clientelares.

Y el futuro no es alentador. El diagnóstico del Consejo señala que para el 2030 el 81 por ciento de la población total se asentará en localidades urbanas; además, 70 por ciento del crecimiento poblacional será en las regiones donde ya existe un alto grado de presión sobre los recursos, como la Cuenca del Valle de México, el Río Bravo y la Península de Baja California.

El problema es mundial. El Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), refiere que más de mil millones de personas en el mundo viven en regiones donde hay escasez de agua, y unas tres mil 500 millones de personas podrían sufrir la escasez de agua en el año 2025. 

El aumento de la contaminación, abunda el organismo no gubernamental, degrada el agua dulce y los ecosistemas acuáticos costeros y se espera que el cambio climático altere los patrones de precipitación y acelere el derretimiento glacial, modificando el abastecimiento de agua e intensificando las sequías e inundaciones.

ACCIONES. El principal desafío del siglo XXI, considera la WWF, es combatir la escasez del agua. Señala que se requiere establecer una política de gestión nacional de caudal ecológico, que garantice el agua para los ecosistemas y el consumo humano, así como reducir la vulnerabilidad del recurso frente al cambio climático.

También propone adoptar un sistema nacional de reservas de aguas para contribuir a la conectividad ecohidrológica del territorio nacional y promover la eficiencia en el consumo del agua para reducir en al menos seis por ciento la demanda de este recurso vital.

En la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh), señala Sánchez Bravo, se llevan a cabo proyectos de captación de agua de lluvia para abastecer a comunidades rurales remotas.

“Nuestros módulos tienen capacidad de almacenamiento de más de doce mil litros por casa; de esta forma se puede, de alguna manera, garantizar el derecho humano al consumo de agua”, expresa.

El año pasado, como parte del proyecto UACh, se construyeron 63 módulos, en beneficio de 45 familias y de 15 escuelas.

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