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Inválidos, los amparos de Hidalgo contra gasolinazo

Fueron varios municipios donde alcaldes promovieron las acciones jurídicas. Sostuvieron dependencias, como la SCJN, que no estaban bien fundamentados

Los recursos para ampararse contra el gasolinazo, promovidos por al menos dos municipios del sur de Hidalgo, parecen no prosperar como se tenía previsto por alcaldes, líderes políticos y de la sociedad civil, al menos eso indican las evidencias hasta ahora.

Demarcaciones de la región Tula-Tepeji como Atotonilco de Tula, Tezontepec de Aldama y Tula de Allende, hicieron sus esfuerzos individuales para dejar sin efecto el incremento en los precios de combustibles que entró en vigor a partir del primer minuto del 1 de enero pasado.
A consideración de quienes encabezaron estas acciones, técnicamente fracasaron debido a tres posibles factores: falta de convocatoria, de interés ciudadano o que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aumentó los requisitos para hacer casi imposible aceptar dichos casos.
EJEMPLOS. Tezontepec de Aldama fue el municipio que más documentos para querellas presentó, con 700, a convocatoria de su presidente municipal, Pedro Porras Pérez; sin embargo, tal cantidad contrastó con los 53 mil habitantes aproximadamente que tiene el municipio.
En Tula de Allende, quien lideraba los esfuerzos para reunir firmas e ingresar a tribunales dichas figuras legales para impedir el alza de hidrocarburos fue el ex alcalde perredista y ex candidato a la alcaldía por Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Baptista González, quien apenas aglutinó 13 rúbricas.
En Atotonilco la convocatoria se mantuvo acéfala y se limitó a llamados en la red de social Facebook para convocar a ampararse contra el “gasolinazo”; usuarios de plataformas digitales mostraron entusiasmo hacia la propuesta, pero al final no concretaron ninguna acción.
NAUFRAGIO. El concluyente fracaso de amparos (individuales o colectivos) en contra del presidente de la República, Enrique Peña, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de las Cámaras de Senadores y Diputados o la Secretaría de Economía, por permitir que se adelantaran los incrementos a los combustibles no fue exclusivo de Hidalgo, sólo hace falta ver el progreso que los recursos han tenido a lo largo y ancho del país, tomando como referente a la Ciudad de México, donde la propuesta —al menos en convocatoria— se tradujo en miles de inconformes en busca de un amparo.
No obstante, las instancias a las que debería competer el resolutivo de quejas “se echan una a la otra la pelotita para evadir la responsabilidad de solucionar”, la burocracia legaloide comenzó en la SCJN, que dijo que la primera instancia para resolver los conflictos son los jueces de distrito en materia administrativa, quienes a su vez, al menos hasta el 20 de enero pasado, se declararon incompetentes para emitir un fallo y regresaron los casos a la Corte.
El pasado 16 de enero la SCJN emitió un comunicado donde hizo referencia a que esa instancia no era legalmente competente para conocer los asuntos en cuestión y dejó insistentemente la resolución para jueces administrativos federales.

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