Financiamiento y constitucionalidad - Rosa Gómez Tovar | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Jueves 09 de Marzo, 2017
Financiamiento y constitucionalidad | La Crónica de Hoy

Financiamiento y constitucionalidad

Rosa Gómez Tovar

La Constitución federal señala que los partidos como figuras de interés público, deben recibir financiamiento para tres fines: Para la realización de sus actividades ordinarias, para actividades de capacitación e investigación (actividades específicas) y para la obtención del voto. Estos recursos se otorgan a nivel federal a través del INE y en cada entidad federativa por medio de los Organismos Públicos Locales, utilizando en su mayoría la misma fórmula: Multiplicar el 65 por ciento de la unidad de medida y actualización o UMA (antes el salario mínimo) por el numero de empadronados. Por el concepto de actividades ordinarias en 2017, los partidos recibirán en total 7 mil 863 millones de pesos en todo el país.

La reforma electoral de 2014 implicó un proceso de homologación de las legislaciones electorales locales a la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) que replica la fórmula constitucional, pues antes cada Congreso podía decidir de qué forma y en qué cuantía entregaba recursos a los partidos. Sin embargo, algunos congresos estatales legislaron una fórmula distinta, como Hidalgo, Sinaloa y Michoacán.

En el caso de Hidalgo se proponían montos fijos en función del porcentaje de votación, por su parte, Sinaloa establecía una fórmula similar a la de la Constitución federal pero considerando el 75 por ciento del salario mínimo, mientras que el Congreso de Michoacán lo fijó en 20 por ciento.

En los dos primeros estados, los partidos políticos se quejaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por considerar tales disposiciones anticonstitucionales, mientras que en el estado de Michoacán la queja se dirigió ante el Tribunal Electoral del estado.

En los tres casos, tanto la SCJN como el Tribunal de Michoacán declararon inválidos los artículos donde se fija el financiamiento a partidos políticos alejándose de la fórmula establecida en la Constitución.

En las últimas semanas, el debate público sobre la cantidad de recursos que reciben los partidos políticos se ha incrementado, bajo el contexto de la solidarización del sector público ante un clima económico adverso en el país.

Por ello, el 28 de enero de 2017, en la primera sesión extraordinaria de la LXVI Legislatura del Congreso de Chiapas, se aprobó una iniciativa que reforma el artículo 91 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del estado. Este artículo regula el financiamiento público para partidos políticos. El decreto no se ha publicado, y no se encuentran en la página del Congreso los términos de dicha reforma, pero al parecer el cambio estaría relacionado con el porcentaje de la UMA por la que se multiplica el padrón electoral.

En sintonía con las sentencias de la máxima autoridad judicial, las legislaciones electorales locales no pueden desviarse de lo establecido en la Constitución Federal ni en la LGPP. De ahí que, si se busca reducir el financiamiento público a los partidos políticos, necesariamente debería pasar por reformar nuestra Constitución. Esto es, que el Congreso de la Unión, a través de cada una de sus dos Cámaras, apruebe por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes la reforma y que 17 legislaturas de los estados también la aprobaran.

Una propuesta como la de Kumamoto, que cambiaría radicalmente la fórmula, sin entrar a la discusión de los efectos de ésta en la participación ciudadana, será más difícil de procesar que únicamente reducir el porcentaje de la UMA. Veremos en los próximos días qué camino toma la discusión.

rosagomeztovar@outlook.com

 

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