La Constitución mexicana en el siglo XXI

Ma. del Rocío Pineda Gochi

Cuando hablamos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos referimos a la historia política de México, y de nuestra conformación como una sociedad plural y democrática.

Los procesos constitucionalistas en el mundo durante los siglos XVII, XVIII y XIX —británico, estadounidense y francés— tuvieron importantes influencias en el constitucionalismo mexicano durante tres importantes periodos: 1) 1810 a 1821 la independencia; 2) 1864 a 1867 la afirmación como República emancipada; 3) y de 1908 a 1917 la estructuración de un orden social. Durante estas etapas integracionistas, aunque se redactaron diversos documentos, 4 constituciones fueron decisivas en la construcción del México contemporáneo: la Constitución de José María Morelos y Pavón de 1814 para la independencia –aunque no fue promulgada fue la primera Ley Fundamental–; la Constitución de 1824 y 1857 para la reforma; y la Constitución de 1917 para la revolución social.

En estos periodos imperaba la idea de establecer un “gobierno de leyes y no de hombres” para establecer un verdadero Estado de derecho. El espíritu constitucionalista de esas épocas tenía claridad en que era fundamental sentar la soberanía en el pueblo, racionalizar el ejercicio del poder político sometiéndolo a la ley, para  transformar la fuerza, la coerción, en una facultad regulada por normas jurídicas y por el Estado.

Bajo estos preceptos nace la Constitución de 1917, como un crisol de los frutos de más de 200 años de pensamiento liberal, que al considerar principios y derechos sociales, se consideró como una Constitución de avanzada y una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal. Así, se promulgó el 5 de febrero de 1917 la Carta Magna vigente, en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro, que logró dar estabilidad política al país uniendo los ideales revolucionarios del pueblo mexicano e incluyendo principios de reformas sociales y derechos en favor de obreros y campesinos. Además de que fue concebida para gobernar a todos los mexicanos sin distinción de raza, credo, condición social o política, ya que en ella se estableció la libertad de pensamiento y de creencia, el principio de  laicidad, elementos que caracterizan al Estado Constitucional contemporáneo.

A 100 años de su promulgación, nuestra Carta Magna garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos y sociales, mediante instituciones sólidas e independientes.

La nueva arquitectura jurídica derivada de las reformas estructurales en materia política-electoral, educativa, laboral, energética, hacendaria, de telecomunicaciones, por mencionar algunas, aprobadas por el Poder de Reforma de la Constitución, responden a los retos y desafíos del México del siglo XXI.

En el marco de su conmemoración, es necesario seguir trabajando y pugnar porque exista justicia constitucional, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y sociales de los mexicanos. Es fundamental, que desde el ámbito legislativo, sigamos fortaleciendo y modernizando las instituciones y sectores que integran el sistema jurídico mexicano, para que se haga valer  la ley y se salvaguarde el Estado Constitucional de derecho.

Senadora de la República

Michoacán de Ocampo

@RocioPinedaG

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