La Constitución de la CDMX

José Fernández Santillán

¿Alharaca o discusión?

Parecía imposible que se pudiese concretar todo el paquete antes de la fecha límite, el 31 de enero; pero se lograron concretar acuerdos. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México cumplió, y entregó la Constitución de la CDMX a tiempo. Semanas antes, la mayoría de los artículos tenían reservas, es decir, temas pendientes a ser discutidos antes de ser aprobados en el pleno de la Asamblea. Es importante resaltar este hecho en vista de la composición plural de ese órgano colegiado compuesto por un total de 100 diputados: 60 diputados electos por el principio de representación proporcional; los 40 diputados restantes fueron designados de la siguientes manera: 14 por la cámara de senadores y 14 por la cámara de diputados; 6 designados por el Presidente de la República y 6 por el Jefe de Gobierno.

De los 60 diputados electos, 22 provinieron de Morena, 19 del PRD, 7 del PAN, 5 del PRI, 2 de Encuentro Social, 2 de Nueva Alianza, 1 de Movimiento Ciudadano, 1 del PVEM y 1 Independiente. Ninguna fuerza política tenía mayoría simple. Todo debía resolverse mediante la construcción de consenso.

Fueron públicas y notorias las discrepancias entre las corrientes partidistas que integraron la Asamblea Constituyente; pero, al final, pudieron zanjar las diferencias. Vale la pena recordar que, para posibilitar el trabajo de esta Asamblea, el Jefe de Gobierno entregó un Proyecto de Constitución que fue producto de la labor de dos colectivos: Un grupo de trabajo que apoyó al Jefe de Gobierno, y un Consejo Asesor Externo.

Las críticas al Proyecto de Constitución fueron variadas: desde que el documento dejaba mucho que desear en su redacción (por un lenguaje pomposo o incoherente), hasta que no admitía la propiedad privada. Algunos dijeron, incluso, que se trataba de una Constitución totalitaria. Ciertamente, la discusión fue álgida; pero, ayudó a que en la Asamblea Constituyente se afinaran y puntualizaran diversos tópicos.

En relación, justamente, con el tema de la propiedad privada, ésta quedó reconocida en el inciso “a”, fracción 2 del artículo 3 “De los principios rectores”. Es mejor que haya quedado remarcada de manera literal.

Quien lea la Constitución Política de la Ciudad de México se dará cuenta de que entra en el rango de las leyes liberal democráticas, y en su estructura institucional supone al Estado social de derecho. Me explico: en primer lugar, reconoce los llamados derechos de libertad, de origen liberal, como los derechos humanos que “son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, irrevocables y exigibles”. Esos derechos, también llamados derechos de libertad, están, sobre todo, en el artículo 7. Y son, entre otros: la libertad de reunión y asociación, la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales.

Una de las aportaciones de esta Constitución es el reconocimiento del matrimonio igualitario y los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales e intersexuales, para tener una vida libre de violencia y discriminación. Cosa que molestó a la clerecía y sus seguidores.

Los derechos de origen democrático, también llamados derechos políticos, están encabezados por el derecho al sufragio efectivo universal, libre, directo y secreto. En la Constitución de la Ciudad de México se distinguen, sin ser antagónicas, la democracia representativa y la democracia directa; se señalan los instrumentos e instituciones propias de cada una de estas formas de democracia (Capítulo II, De la democracia directa, participativa y representativa). El órgano fundamental de la democracia representativa en la CDMX será el Congreso local (ya no se llamará Asamblea Legislativa). Los mecanismos propios de la democracia directa son el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, la iniciativa ciudadana, la consulta ciudadana y la revocación de mandato. Incluso, se introduce la revocación de mandato de representantes electos.

Sin duda el tema en el que se nota con más amplitud el sentido progresista de este documento es en el tema social. En diversas partes se habla de la necesidad de combatir la pobreza y de reducir la desigualdad. Llama la atención la institucionalización de un ingreso básico: “Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna en los términos de esta Constitución.” (fracción 2, inciso A, Artículo 9). Esta propuesta recuerda las tesis de autores, partidarios del liberalismo igualitario, como John Rawls (A Theory of Justice, Massachusetts, Harvard University Press, 1971) y Bruce Ackerman (The Stakeholder Society, New Haven, Yale University Press, 1999). Es la búsqueda de una sociedad justa e incluyente.

Esta idea va a contracorriente del pensamiento neoliberal según el cual “cada quien se las debe arreglar como pueda.” Acaso allí encontremos parte de la explicación de tantos rezongos.

Incluso, ya promulgada, la discusión no cesa. Es parte del ejercicio de las libertades en una sociedad democrática. En lo que vale la pena poner atención no es tanto en las formas, es decir, si su redacción es o no ampulosa, sino es la sustancia del documento que tiene que ver, precisamente, con el tema de la sociedad justa que proyecta hacia adelante.

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