¡Son las prestaciones, estúpido!

Fernando Núñez de la Garza Evia

La población mexicana está seriamente enojada, y no es para menos. Bajo crecimiento económico, insultante corrupción, aumento de impuestos y austeridad presupuestal, hicieron del gasolinazo la gota que derramó el vaso para movilizarse en todo el país. Ante el miedo de la clase política y la alta burocracia, su solución fue una que podríamos resumir con la famosa frase mexicana de “atole con el dedo”.

La primera y básicamente única medida que las élites públicas del país han tomado para calmar ánimos es, como mínimo, superficial y populista: bajarse los salarios. Evidencia sobra de que la solución a la falta de legitimidad de nuestra clase política y la imprescindible eficiencia en el gasto público no se encuentra bajando salarios, sino en otros rubros como las prestaciones. Veamos tres casos concretos.

En el Congreso de la Unión, en teoría la sede de la representación y voluntad popular, el derroche es manifiesto. Mientras que un diputado federal recibe 74 mil pesos netos de sueldo, las prestaciones son mucho mayores: 46 mil pesos por asistencia legislativa (o sea, hay que pagarles para incentivarlos a asistir), 29 mil pesos por atención ciudadana (muchos ni módulo tienen), 3 mil pesos en vales de despensa (vaya, su sueldo no es suficiente para comer), seguro de gastos médicos mayores (privado, claro), 150 mil pesos de “bono navideño” (que ni prestación es, por lo que no se encuentra en ley), 40 días de aguinaldo (¿qué trabajador mexicano recibe tantos días?), cientos de millones de pesos que discrecionalmente se reparten entre las bancadas, etcétera. Ah, y no rinden cuentas de su gasto.

En el Instituto Nacional Electoral (INE), órgano encargado de la legalidad de las elecciones, los consejeros se bajaron recientemente 10% su sueldo, pero las prestaciones no las tocaron. Mientras que su sueldo es de 183 mil pesos netos, las prestaciones son: 650 mil pesos de aguinaldo (y se lo aumentaron 15% para 2017), 12 mil pesos en gastos de alimentación, 3 mil pesos en celular, seguro de gastos médicos mayores (privado también), 19 millones de pesos en bono de gasolina para el instituto en su totalidad, etcétera.

Por último, los partidos políticos. Quienes son el principal instrumento de participación ciudadana, y la base para que nuestra democracia funcione, reciben a nivel federal 4 mil millones de pesos sólo para gasto ordinario (en tiempos de campañas políticas reciben aún más dinero), y como eso se les hizo poco, en el 2014 impulsaron una reforma por medio de la cual reciben hoy en día otros 4 mil millones de pesos a nivel local. Usted súmele.

Bajar el sueldo de los funcionarios es incorrecto por dos razones. La primera, porque se han aprovechado de la ignorancia de muchos mexicanos y han adoptado una medida populachera y frívola al bajarse el sueldo, pero mantener intacto el bulto de donde reciben su dinero que son las prestaciones. En segundo, porque en el país necesitamos burocracias bien pagadas para atraer a los mejores y competir así con la iniciativa privada. Un buen sueldo es parte de la necesaria profesionalización de nuestros cuadros burocráticos.

Las prestaciones de nuestros representantes populares le quitan legitimidad a nuestra clase política, las de los consejeros electorales le restan legitimidad a nuestra democracia, y los montos repartidos entre partidos políticos disminuyen la legitimidad de los instrumentos primarios de participación política. Las insultantes prestaciones y su ocultamiento son síntoma de la lejanía de las élites del país con la población y de su idiosincrasia patrimonialista, ya que ven el dinero público como parte de su patrimonio privado. Si nuestras élites quieren realmente cerrar esas distancias y ganar legitimidad por la salud del país, que empiecen simplemente por cambiar la ley y reducir sus prestaciones.

@FernandoNGE

 

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