Desaparecen las Juntas de conciliación y arbitraje

Carlos Matute González

El secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, anunció el pasado 6 de febrero, en conferencia de prensa, que el decreto de reformas a los artículos 123 Apartado A y 107 de la Constitución fue aprobado por legislaturas de 17 estados, con lo que procede hacer la declaratoria correspondiente para la promulgación y entrada en vigor de las nuevas disposiciones.

La reforma consiste en que la resolución de los conflictos laborales la asumirán el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de las entidades federativas con lo que en el plazo de un año a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las reformas referidas las Juntas de Conciliación y Arbitraje Federales 67 y locales 246 desaparecerán.

El año pasado, en diversas colaboraciones, di cuenta del proceso: la presentación de la iniciativa por el Presidente de la República, el debate en el Senado y la Cámara de Diputados, y ahora de la aprobación de las legislaturas que completa el proceso de reforma constitucional establecido en el artículo 135 de nuestra Carta Magna.

Realmente, los medios de comunicación dedicaron poco espacio al tema y ahora nuevamente fue ahogado en la abundancia de noticias relacionadas con el debate de las marchas contra Trump y la necesidad de algunas organizaciones de hacer una catarsis social expresando un rechazo masivo al nuevo gobierno estadunidense y ad latere darle una repasadita al nuestro por las cuestiones de la corrupción y la debilidad en el combate a la delincuencia organizada.

Hoy, sin mucho ruido, se inicia el proceso de sustitución de las mencionadas Juntas por dos instancias: la administrativa, responsable de la conciliación, competente para llevar a cabo la avenencia y el registro de los sindicatos; así como la jurisdiccional, que se transfiere a órganos integrados por servidos públicos profesionalizados (jueces) y se abandona la integración tripartita (trabajador, patrón y Estado) de las Juntas.

Para tal efecto, la STPS creó la Unidad de Enlace de la Reforma de Justicia Laboral que coordinará el esquema de transición que incluye la modificación de la legislación reglamentaria del artículo 123 Apartado A, tanto en el ámbito federal como el local, la transferencia de los juicios a los poderes judiciales y de los expedientes de conciliación a los organismos descentralizados de conciliación. También el diseño de la estrategia para garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores de las Juntas y, en su caso, la transferencia de los recursos al nuevo organismo y el nombramiento de su titular en el que el Ejecutivo propone una terna al Senado para que ocupe el cargo por seis años (designación transexenal).

El costo de esta transición debe incluir las jubilaciones anticipadas así como la creación de órganos jurisdiccionales especializados en la materia del trabajo en el ámbito federal y local. El plazo para llevarla a cabo es un año a partir de la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación.

Hay que llamar la atención sobre el apoyo unánime de los partidos políticos a la reforma constitucional, además de la poca oposición de los sindicatos patronales y obreros, quienes perderán los espacios de influencia que tienen en las juntas de conciliación y arbitraje. Estos órganos administrativos con funciones jurisdiccionales son tripartitas (integrados con un representante de los trabajadores, uno de los patrones y un árbitro, tercero en discordia, designado por los poderes ejecutivos) y si bien, no son los únicos que tienen esta naturaleza (IMSS, Infonavit, entre otros), sí representan la mayoría.

El consenso en torno a la desaparición de las juntas es una clara expresión de que esta forma de administrar justicia ya no era satisfactoria para una parte significativa de la sociedad y que no estaba contribuyendo a mejorar las relaciones entre los factores de la producción. La intención es que jueces, designados por los consejos de la judicatura federales mediante procedimientos de selección en los que se demuestre su profesionalismo y conocimientos de la materia, sean quienes resuelvan los conflictos de índole laboral. Hay optimismo en que esta estrategia mejore la llamada justicia cotidiana. Al tiempo

cmatutegonzalez@yahoo.com.mx

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