Financiamiento público a partidos, ¿necesario o superfluo? - Javier Santiago Castillo | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Jueves 09 de Marzo, 2017
Financiamiento público a partidos, ¿necesario o superfluo? | La Crónica de Hoy

Financiamiento público a partidos, ¿necesario o superfluo?

Javier Santiago Castillo

Diversos actores políticos y comentaristas debaten cómo reducir o eliminar el financiamiento público en numerario a partidos políticos. Sin embargo, desde mi perspectiva, debe revisarse el modelo de financiamiento integralmente. Sólo disminuir el financiamiento público puede llevar a dañar el sistema democrático que ha llevado décadas construir.

La revisión del modelo de financiamiento no se circunscribe a meras operaciones aritméticas o paradigmas discursivos, sino que su diseño debe ser pensado para fortalecer el sistema de partidos, como mandata la ley.

Por lo anterior, es conveniente traer a la memoria el origen del financiamiento público a partidos y la función que cumple en una democracia.

Antes de la segunda mitad del siglo XX, militantes y simpatizantes de los partidos políticos europeos asumieron los costos de campañas electorales, movilización y actividades de socialización política. Sin embargo, existió una gran cantidad de casos donde grupos de presión comprometieron por medio de cuantiosos recursos económicos la actuación de los partidos políticos; lo que produjo que los intereses privados, muchos de ellos ilícitos, estuvieran por encima de las demandas sociales.

Por otra parte, las organizaciones que incluían en sus filas a conjuntos de notables podían sufragar cualquier gasto de campaña y, en su caso, ordinario; mientras que las actividades de las organizaciones de masas estuvieron limitadas. Lo anterior, provocó que las contiendas electorales fueran inequitativas.

Para resolver ambas problemáticas, las democracias europeas decidieron subsidiar, a través de recursos económicos, las actividades permanentes y de campaña de los partidos políticos. Posteriormente este modelo se extendió por el mundo. Lo que permitió consolidar sistemas de partidos que, en la mayoría de casos, fortalecieron sus regímenes democráticos.

El caso de nuestro país es similar con algunas variantes, pues en 1996, después de 9 años de entregar financiamiento público a partidos en numerario, se consolidó un sistema de partidos plural.

Eliminar el financiamiento público convertirá la rendija en puerta, que quedará abierta para que intereses particulares financien las actividades de campaña de los candidatos y, por esa vía, se sobrepongan al interés colectivo.

Creo necesario considerar que un cambio en el modelo de financiamiento público en numerario, debe ser acompañado de modificaciones al modelo organizacional de los partidos políticos. Los partidos políticos modernos crean políticos profesionales, quienes al ocupar cargos de dirección, abren espacios en las burocracias partidistas a sus círculos de confianza.

En mayor o menor medida, esa problemática aqueja a los partidos de nuestro país. Si lo anterior no es considerado al reducir el financiamiento público en numerario, es posible que los partidos se conviertan en agencias proveedoras de puestos en la administración pública bajo su control, desvirtuando la acción de gobierno y alejándola de los ciudadanos y sus demandas. Con ello, se incentivará la creación de áreas, cargos y proyectos innecesarios, que distarán de significar ahorros para el erario.

En paralelo, se debe tener presente que un cambio en el modelo de financiamiento impactará en la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Una de las bondades del financiamiento público en numerario es que facilita la fiscalización, pues al conocer el origen de la mayor parte de los recursos económicos empleados, sólo queda pendiente investigar el destino.

En caso de que se incrementen los límites de financiamiento privado, lo cual es deseable, existirá la posibilidad de que la autoridad también deba aumentar sus recursos económicos y materiales para realizar la función fiscalizadora, máxime que nuestro modelo fiscalizador persigue conocer el origen y destino de cada peso.

Por otra parte, como entidades de interés público, los partidos deben cumplir con diversas obligaciones legales como son garantizar a sus adherentes el ejercicio de los derechos político-electorales, por lo que deben contar con instancias de justicia intrapartidaria.

Además, recientemente, estos institutos deben contar con instancias especializadas que garanticen la transparencia y el acceso a información pública, así como el adecuado tratamiento de datos personales. Por ello, estas instituciones políticas deben contar con un mínimo de recursos que les permita atender el ejercicio de dichos derechos.

Por último, cabe mencionar que la homologación nacional de la fórmula de financiamiento público a partidos de 2014, no sólo incrementó los recursos de los partidos a nivel local, sino que presionó la hacienda pública de las entidades federativas y afectó la capacidad operativa de los Instituto Electorales de los estados, ante la pretensión de gobiernos estatales de compensar el financiamiento político a costa de los recursos asignados a las instituciones.

Algunas voces, conscientes de dicha problemática, piden que se elimine el financiamiento público a nivel local. A mi consideración, dicha propuesta, erradicará un problema pero producirá otros más y de más difícil resolución, con el agravante de que rompería mínimos de equidad en las contiendas electorales locales, al favorecer a los partidos con mayor capacidad de obtener financiamiento de fuentes privadas no siempre prodemocráticas.

Si bien las medidas de austeridad y racionalidad en el ejercicio de recursos públicos son necesarias, también es indispensable que las decisiones sean tomadas responsablemente. Por ello, una reducción del financiamiento público a los partidos debe ser consecuencia de un estudio integral del modelo de partidos y sus posibles impactos en otras instituciones. Se trata de fortalecer a nuestro régimen democrático, reduciendo niveles de riesgo a mediano y largo plazo. Conviene, entonces, ampliar el horizonte analítico, más allá de la sola propuesta de reducción.

@jsc_santiago
www.javiersantiagocastillo.com

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