Cuestión de fe

Marcel Sanromà

Justo hace una semana iniciaba en Barcelona el juicio que la fiscalía española decidió –en contra de la opinión inicial de la fiscalía catalana— iniciar contra el ex presidente catalán, Artur Mas, y dos de sus compañeras en el pasado gobierno, Joana Ortega (vice presidenta) e Irene Rigau (Educación).

Según la fiscalía, los tres desobedecieron las órdenes del Tribunal Constitucional de suspender el referéndum secesionista del 9 de noviembre de 2014. La defensa argumenta que lo que se celebró finalmente no fue un referéndum, sino una “consulta popular”, gestionada por una extensa red de voluntarios, en la que se votó en urnas de cartón (yo mismo participé en aquella jornada, y así es, las urnas eran de cartón) y sobre la cual el gobierno no tuvo ningún control.

Pero para Madrid no fue suficiente. Las urnas de cartón, en una votación sin ningún tipo de vinculación legal, tampoco eran tolerables, y por ello la acusación pide 10 años de inhabilitación política al ex mandatario y 9 a Ortega y Rigau por prevaricar. Frente a la sede de la corte de justicia barcelonesa, un lunes a las ocho de la mañana, 40 mil personas que acudieron a arropar a su ex líder.

Entre tanto, el actual presidente catalán, Carles Puigdemont, de la alianza Junts pel Sí (que aglutina al centro izquierda y al centro derecha independentistas), mostraba su abierto y sólido apoyo a los imputados y proclamaba a los cuatro vientos que la democracia española “tiene un problema estructural” y que “ha enfermado”.

Puigdemont insiste en que este septiembre se convocará un referéndum de independencia en Cataluña. Esta vez de verdad. Esta vez vinculante. El mandatario catalán insiste en que esta vez será posible gracias a un marco de “transitoriedad legal”, es decir, que no se tratará de celebrar el referéndum dentro de la ley española, o transgrediéndola, sino que se hará dentro de un nuevo marco legal catalán.

Suena muy bonito, pero a los escépticos perennes nos quitan el sueño cuestiones suficientemente obvias: Si el gobierno español suspende automáticamente toda ley catalana que considere que infringe la Constitución, ¿cómo va a poder entrar en vigor ese nuevo marco legal catalán, que estará recurrido ante el alto tribunal en lo que dura un estornudo?

Planteada esta cuestión en los círculos más entusiastas del llamado “proceso” de independencia, la respuesta es tan exasperante y frustrante como comprensible: ”Ten fe, hombre, que los que están llevando esto saben lo que hacen”, una respuesta que llega incluso desde esferas con buenas conexiones dentro de la política catalana. Que el plan es “secreto”, para esquivar a la justicia española es otro argumento recurrente.

La confianza en la posibilidad de que los catalanes podamos ejercer nuestro legítimo derecho a decidir nuestro futuro queda, pues, en manos de la fe. No resulta especialmente esperanzador tener fe justo cuando el secesionismo catalán atraviesa momentos de profunda vergüenza. El ex juez Santiago Vidal (inhabilitado de forma exprés por redactar en sus horas de ocio una constitución catalana) se dedicaba, bajo su cargo de senador, a dar conferencias explicando que el gobierno catalán recogía datos fiscales de sus ciudadanos de manera ilegal. Y esto salió ahora a la luz pública.

Vidal fue fulminado como senador, y la justicia española investiga su sus palabras constituyeron algún tipo de delito. Por su parte, el responsable de Economía catalán, y número dos del gobierno, Oriol Junqueras, dijo en una entrevista radiofónica que él no sabía nada de todo esto y que por supuesto era mentira. Ajá.

Paralelamente, cada vez son más las voces en el independentismo catalán que piden adelantar el referéndum y celebrarlo entre mayo y junio, con el argumento de que la base legal ya está preparada y así el estado español tendría menos tiempo para preparar su reacción.

Desde Madrid también crecen las voces que reclaman la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que contempla la suspensión de la autonomía de una de las regiones del país en caso de insubordinación. La amenaza llegó, incluso, hace unos días, de boca del secretario de Justicia español, Rafael Catalá.

En estos próximos meses deberíamos ver el largamente anticipado “choque de trenes” entre Madrid y Barcelona. El tren que viene de la capital avanza debatiéndose entre el desprecio del silencio y el ruido judicial, y el tren que sale de la costa mediterránea avanza sin saber exactamente qué combustible le mueve. El choque puede ser brutal, con consecuencias duraderas y profundas, o puede que la confrontación se convierta, como en 2014, en humo. Sea como fuere, la crisis entre Madrid y Barcelona no se solucionará hasta que un referéndum legal y vinculante permita conocer el deseo mayoritario del pueblo catalán.

 

marcelsanroma @gmail.com

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