Academia

Piden investigar espionaje contra especialistas del INSP y la ASA

Ayer las ONG dieron su postura en conferencia.

Las organizaciones, no gubernamentales, como Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y El Poder del Consumidor solicitaron una investigación para identificar y sancionar a los responsables del espionaje del que fueron objeto miembros de la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA), así como investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), promotores del impuesto a bebidas azucaradas. Evidencias del espionaje fueron publicadas el sábado por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto y el diario The New York Times.

En conferencia, miembros de estas organizaciones, así como de SocialTIC y la coalición ContraPeso, refirieron que en los próximos presentarán una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) —que podría ser una de las instituciones que llevó a cabo el espionaje—, así como una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e incluso instancias internacionales.

De acuerdo con las investigaciones del Citizen Lab, el malware empleado para intentar hackear los teléfonos móviles de los investigadores —que comprometía el equipo y la información de éstos— proviene de la compañía israelí NSO, la cual sólo vende el software a gobiernos para enfrentar situaciones criminales y terrorismo.

“¿Qué autoridades en México están detrás del hackeo? Sabemos que la Sedena, PGR, y probablemente Cisen tienen este software. Esto es algo que debe determinarse en la investigación, cuyas acciones legales son la interposición de una denuncia penal ante la PGR contra quien resulte responsable”, señaló Luis Fernando García, director de R3D. “Las líneas de investigación deben investigar a estas agencias y cualquier otra que haya adquirido el malware de NSO”.

Por su parte, Juan Manuel Casanueva, director de SocialTic, explicó que el software de NSO es sólo uno de tres similares que se conocen, que son de alta tecnología, casi indetectables y cuyas licencias cuestan decenas de miles de dólares, para infiltrar a una sola persona. “Estamos viendo la punta del iceberg a nivel de sofisticación e inversión para hacer un espionaje dirigido, en este caso, a tres personas”: Simón Barquera, investigador del INSP; Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor; y Luis Manuel Encarnación, coordinador de la coalición ContraPeso, quienes en 2014 apoyaron el gravamen en contra de las bebidas azucaradas en México.

Por su parte, Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, manifestó que este tipo de espionaje es una “sofisticación de la agresión”, la cual hace que pocas personas se den cuenta de que son vigiladas, por lo que se requiere la difusión de cómo operan estos ataques. Por lo tanto, dijo que este tipo de espionaje podría ser una de las formas más constantes para vigilar a defensores de derechos humanos y periodistas, por lo que hizo un llamado a éstos y a la población en general a acercarse a estas organizaciones para denunciarlo en caso de ser objeto de actividades sospechosas.

VÍNCULOS CON LA INDUSTRIA. Los afectados y las organizaciones manifiestan que si bien falta deslindar responsabilidades en el acto de espionaje por parte de alguna dependencia de gobierno, el involucramiento de la industria refresquera es latente.

“Con el poder que tienen, pensar que estas empresas no tienen vínculos con el Estado sería ingenuo”, señaló Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor. “Los hay y han influido en regulaciones como la del etiquetado frontal y la publicidad para niños de comida chatarra.

“Estamos aquí por nuestra seguridad, pero lo que nos mueve es la obesidad, epidemia declarada emergencia, que se llevará a 100 mil personas este año y  75 mil amputaciones de personas diabéticas (…). Las bebidas azucaradas no son la única causa, pero sí una muy importante, y los intereses de la industria trabajan en la forma más perversa”. 

Añadió que en su organización han recibido ataques de columnistas y difamaciones a lo largo de la década de vida de su organización. “No es sencillo, la presión es muy fuerte (…). Es una guerra que nos están haciendo también por redes sociales, porque son intereses económicos muy grandes y poderosos, con vínculos e influyen en la toma de decisiones”.

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