CDMX: Gobierno abierto

Sergio González

Nada como incluir en una Constitución los deberes de los servidores públicos de conducirse con los principios de la transparencia contemporánea. En esta época de retrotracción y desconsolidación democrática, en la que el régimen republicano fundado en las elecciones periódicas y auténticas como instrumento de acceso al poder dentro de la ley está bajo fuego, una de las mejores soluciones es abrir el sistema político, sí, pero también el gobierno.

Sin embargo, la transparencia reconocida en nuestra norma fundamental en 2003 ya no alcanza, pues supone apenas una ventana hacia el interior de la toma de decisiones de impacto social y que procuran generar bienes públicos indispensables. El estadio superior, el que demanda una sociedad informada e indignada, es el gobierno abierto, que representa una puerta ancha y cómoda para dejar de asomarnos y adentrarnos a presenciar personalmente el ejercicio cotidiano de gobernar.

Honor a quien honor merece: la Constitución Política de la CDMX abraza estas premisas con vocación de futuro y precisión normativa; vocación y precisión que encarnan oficio político y sensibilidad social del constituyente, y lo hace no sólo para el Ejecutivo, sino que lo exige también para los otros poderes, el Legislativo en primer lugar, y las alcaldías en segundo.

La carta fundamental se refiere por primera vez a esta materia en el artículo 21, que regula la hacienda pública capitalina, al disponer que ninguna información de carácter público podrá restringirse en su conocimiento a la ciudadanía y deberá cumplir con los parámetros de gobierno abierto, que empieza a definir en el numeral 26, que norma la democracia participativa, en su apartado “Gestión, evaluación y control de la función pública”.

Ahí mandata que las autoridades de la CDMX y las alcaldías deberán establecer procedimientos y formas de gobierno abierto, y que dichos procedimientos y formas deberán garantizar la participación social efectiva, amplia, directa, equitativa, democrática y accesible en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos.

Más adelante, la Constitución declara que el Congreso local se regirá por los principios de parlamento abierto y, al normar las alcaldías, dispone que las alcaldesas, alcaldes, concejales e integrantes de la administración pública de esos órganos se sujetarán a los principios de buena administración, buen gobierno y que para ello adoptarán instrumentos de gobierno electrónico y abierto.

En el artículo 60 se esclarece y precisa la materia. Dice que el gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes públicos a informar a través de una plataforma de accesibilidad universal, de datos abiertos y apoyada en nuevas tecnologías que garanticen de forma completa y actualizada la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Asimismo, se deberán generar acciones y políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental, a fin de contribuir a la solución de los problemas públicos mediante instrumentos ciudadanos participativos, efectivos y transversales. En gobierno abierto y gobierno electrónico, solo la CDMX ya cuenta con sendas leyes de avanzada, innovadoras y robustas. Seguiremos comentando…

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