¿Quién declarará en EU su amor por México?

Claudia Villegas Cárdenas

En Estados Unidos, la Ley para el Registro de Agentes Extranjeros (FARA por sus siglas en inglés), podría convertirse en una peligrosa herramienta de persecución de empresas estadunidenses que decidan representar al gobierno mexicano en temas estratégicos en la defensa de áreas como migración, libre comercio, promoción del turismo e impuestos. Nada más.

El gobierno de Donald Trump, sin embargo, tiene un mal antecedente que podría restarle presión a los proveedores del gobierno mexicano. Resulta que ex senadores estadunidenses como Jason Abel, alertaron de las violaciones a esta legislación con la participación de Paul Manafort, en la campaña de Trump. Manafort pasó muchos años de su vida profesional en Ucrania en donde desarrolló una cercana relación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El FBI ya investiga a Manafort y se confirmaría que la Legislación para el Registro de Agentes Extranjero simplemente no se respetó porque el jefe de campaña de Donald Trump no reveló sus vínculos en Ucrania y Rusia. Mientras eso sucede, cualquier asesor del gobierno mexicano tendrá mucho cuidado en revelar que han aceptado contratos para realizar funciones de cabildeo.

Uno de los contratos más relevantes de una empresa estadounidense que asesoró al gobierno mexicano fue el que reveló ante el Departamento de Justicia, la compañía APCO Worldwide, con sede en Washington. Apco hizo una revelación de servicios para la Oficina de la Presidencia de la República que tuvieron como vínculo en México a la compañía Nodo Research que preside Luis Woldenberg Karakowsky y en la que participa como accionista un ex colaborador del área de Comunicación Social de la Oficina de la Presidencia de la República, Édgar Cuevas Echaide. Lo interesante de este contrato fue que el ex gobernador Bill Richardson y promotor de la reforma energética, era accionista de APCO. Hasta ahora, una revisión de los contratos de cabildeo registrados ante el FARA revela que, después de la toma de posesión de Trump, nadie se ha a atrevido a declarar abiertamente su cercanía con el gobierno mexicano. Promulgada en 1938, FARA obliga a una revelación puntual de las representaciones para lobbying a favor de gobiernos extranjeros.

En el Congreso también se pide que las compañías mexicanas informen sus aportaciones a partidos. Así que FARA va más allá de la simple percepción y simpatía por causas mexicanas.  La Secretaría de Economía ha contratado agencias como Public Strategies que opera en Washington; la Embajada de México en Estados Unidos ha cerrado contratos con las firmas Raben Group y Kuykendall & Associates para establecer comunicación efectiva con congresistas.

claudiavillegas @revistafortuna.com.mx

 

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