Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia

Arturo Maximiliano García

La vida y desarrollo laboral en el gobierno nunca ha sido fácil, aunque pareciera. Los de hoy son días más complejos para desempeñar un cargo, ante la pésima imagen que tienen aquellos que viven del presupuesto público, a quienes en general se les identifica de manera despectiva como políticos.

En la actualidad todo se cuestiona y las redes prenden más los ánimos y la denuncia, llegando al insulto, a veces con sustento o en ocasiones sin él. Los excesos de tantos años con respecto a los privilegios injustificados, aunados a la corrupción rampante, han colmado la paciencia de los ciudadanos, que hoy incluso piden, entre otras cosas, que los funcionaros reduzcan sus sueldos, ya sean presidentes municipales, gobernadores, secretarios, legisladores, éstos quizá los más cuestionados, llegando también al Poder Judicial de la Federación que Usted encabeza.

Aunque algunos sí optaron por reducir su sueldo, como los consejeros electorales, no todos parecieran estar de acuerdo. Por ejemplo, los magistrados integrantes del Tribunal Electoral, declararon, a través de su presidenta, Janine Otálora, que no reducirán su sueldo como parte de las acciones de austeridad que llevan a cabo.

Otro que se negó fue el senador con licencia Javier Lozano, que declaró tajante que no renunciaría a la mitad de su salario, planteado como una política de austeridad a partir del gasolinazo, a lo que dijo “yo vivo de esto”, de lo contrario cuestionó si de darse tal medida tendría que robar o qué.

La posición de la Suprema Corte de Justicia, sobre la posibilidad de bajar los sueldos de los ministros, fue que sería inconstitucional, lo que pareciera una contestación muy en la lógica de la naturaleza del máximo tribunal.

Quizá dramatizó el senador Lozano para enfatizar su posición, ya que hay 24 millones de mexicanos que viven con 5 mil pesos mensuales y no son delincuentes, o seguramente los magistrados electorales fueron incongruentes al comprar camionetas 8 cilindros y 900 mil pesos cada una, vehículos innecesarios para el tipo de actividad que realizan, mientras que probablemente la SCJ abusó de técnica jurídica en su respuesta.  Lo cierto es que debemos preguntarnos hasta dónde se quiere llegar con este tema de los sueldos y las consecuencias de que los funcionarios ganen menos o poco.

Hoy no parece haber quién, con calidad moral, salga a defender lo que ante la crispación social parece indefendible, que la especialización, experiencia, preparación académica y responsabilidad de las decisiones de personas como los ministros de la Corte y otros, deben estar reflejadas en el sueldo y que en el sector privado estas características son remuneradas seguramente con iguales o mejores salarios.

Habrá que tener cuidado que, al ir cediendo en este debate, se lleven los sueldos a cifras nada atractivas para una persona destacada en su profesión u oficio, y que se acabe por dejar al frente de los cargos a aquellos que acepten esas condiciones por dos razones: que sus capacidades no valgan más que eso en el mercado laboral o que lo tomen como su ingreso fijo, siendo el variable, producto de la corrupción, el verdadero incentivo. El gobierno deber ser austero y congruente, pero no dejar de incentivar a profesionistas destacados a ingresar y permanecer en él, particularmente en el Poder Judicial.

 

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