Reforma al reglamento de nombramiento y remoción de consejeros, decisión extralegal - Javier Santiago Castillo | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Jueves 09 de Marzo, 2017
Reforma al reglamento de nombramiento y remoción de consejeros, decisión extralegal | La Crónica de Hoy

Reforma al reglamento de nombramiento y remoción de consejeros, decisión extralegal

Javier Santiago Castillo

Existen casos donde la autonomía de los institutos electorales locales no sólo se ve vulnerada, sino que, además, con decisiones extralegales, se aprecia un sentido claro de subordinarlos. Tal fue el caso de algunas modificaciones al reglamento del Instituto Nacional Electoral (INE) para la designación y remoción de las y los consejeros de las entidades federativas, aprobadas el viernes pasado por mayoría de seis integrantes del Consejo General. Mi desacuerdo se centró en tres temas: la eliminación de la prueba de habilidades gerenciales; la existencia de una lista de reserva para cubrir vacantes; y la inclusión de sanciones diversas a la remoción.

No pongo en tela de juicio la bonhomía detrás de los cambios aprobados; entiendo su intención, pero no puedo compartir que con el propósito de hacer eficiente un proceso de nombramiento o subsanar vacíos legales, se ponga en riesgo la dirección adecuada de los institutos electorales locales y se transgredan disposiciones constitucionales y legales.

Se decidió eliminar del proceso de designación de consejeros y consejeras, la prueba de habilidades gerenciales, argumentando que estas cualidades pueden ser valoradas por medio de un ensayo y de las entrevistas que se hacen a los aspirantes; además, se dijo que eliminar esta fase representa un ahorro económico.

Considero que la supresión de esta prueba resta objetividad en la evaluación de las cualidades de dirección de los aspirantes, que son indispensables para aquellos quienes estarán al frente del órgano encargado de organizar los procesos electorales en cada una de las entidades. La experiencia obtenida por las remociones aprobadas, nos obliga a fortalecer la evaluación de las habilidades de dirección, para tener al frente de los institutos locales, personas con una alta capacidad de tomar decisiones administrativas y políticas adecuadas.

En cuanto a la existencia de una lista de reserva de aspirantes a la que se pueda acudir para suplir vacantes en los Consejos de los Institutos Electorales Locales, considero que se viola lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que establece expresamente que cuando exista una vacante se deberá llevar a cabo el mismo procedimiento que cuando se nombra a alguien por primera vez, es decir, se debe emitir una convocatoria pública a la que acudan todos aquellos quienes estén interesados en participar y cumplan con los requisitos legales dispuestos en ley.

Con la lista de reserva se elimina de plano esta posibilidad, pues se vulnera el derecho de participar a aquellos quienes por una u otra razón no lo hicieron en el procedimiento primigenio. Si bien esa lista tiene el propósito de hacer expedito el proceso de nombramiento, este objetivo no puede ser loable si detrás hay una vulneración legal y a los derechos de las personas.

Tampoco compartí la inclusión en el Reglamento de los artículos que sancionarán con amonestación pública, multas económicas o la suspensión del cargo sin goce de sueldo a las y los consejeros que transgredan la normativa electoral. No por el hecho mismo de que deban o no ser sancionados, sino porque el Consejo General no está facultado para legislar sobre sanciones que no están plasmadas formal ni materialmente en la ley. El Consejo General tiene atribución de expedir normas reglamentarias, no de legislar; ésta es atribución del Poder Legislativo.

Atendiendo a que no puede haber delito sin pena, ni pena sin ley específica y concreta, la LGIPE regula las conductas concretas que se estiman graves y por las que se actualiza la atribución del INE para iniciar exclusivamente el procedimiento de remoción, sin que prevea otra sanción de menor magnitud en los casos que se acreditaran faltas administrativas o faltas consideradas no graves.

Además, la LGIPE establece que las y los Consejeros de las entidades estarán sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos, previsto en el Título Cuarto de la Constitución. Ello implica que aquellos actos o conductas distintas a la función electoral, podrán ser objeto de investigación y, en su caso, sanción, por parte de los órganos internos de control u homólogos.

En la mesa del Consejo se aludió la sentencia SUP-RAP-485/2016 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la que se señala que el INE no está impedido para regular y establecer sanciones distintas a la de remoción. No obstante, no debe pasar desapercibido que el mismo Tribunal, al resolver el recurso de apelación 118/2016, señaló que el artículo 102 de la LGIPE no debe interpretarse de forma aislada y considerar que prevé una sola sanción, porque conforme al principio de legalidad, las diversas conductas irregulares en las que pueden incurrir las y los consejeros, están sujetas al régimen de responsabilidades de los servidores públicos, las que de acuerdo a la gravedad que revisten se sancionan con hipótesis de diversa índole.

Incluir en un reglamento un catálogo de sanciones administrativas diversas a la remoción, subordina a los institutos locales al INE, amén de que expone a los consejeros a una ilegal doble sanción, por parte del régimen local de responsabilidades administrativas, y ahora también de la autoridad electoral nacional.

Desde el inicio de mi encargo como consejero electoral me he manifestado en contra de la visión que pretende subordinar a los institutos locales y vulnera su autonomía constitucional. He creído en su fortalecimiento en el marco del régimen electoral que la Constitución y la LGIPE establecen. Las modificaciones que aquí he mencionado, contravienen normas constitucionales y legales; por tal motivo, no las acompañé. Ya veremos qué resuelve la autoridad electoral jurisdiccional, frente a una probable impugnación.

@jsc_santiago
www.javiersantiagocastillo.com

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