“Desproporcionales e irrazonables”, requisitos para fiscal de justicia de la CDMX: PGR | La Crónica de Hoy
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“Desproporcionales e irrazonables”, requisitos para fiscal de justicia de la CDMX: PGR

Magistrados de la SCJN analizan las controversias.

Los requisitos que marca la Constitución Política de la Ciudad de México para ser Fiscal General de Justicia son “desproporcionales e irrazonables” para la Procuraduría General de la República (PGR).

Éste es uno de los 39 conceptos de invalidez que forman parte de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la dependencia federal en la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) en contra de la constitución capitalina, de la cual Crónica posee una copia.

El Artículo 44 de la Constitución capitalina refiere que para ser Fiscal General de Justicia se requiere tener ciudadanía mexicana y cuando menos 30 años cumplidos al día de la designación; además se pide contar con título profesional de licenciado en Derecho con experiencia mínima de cinco años, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso.

Hasta aquí todo es razonable, pero de igual forma se pide no haber ejercido una diputación en el Congreso, una magistratura, el cargo de juez ni ser integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial o titular de una Secretaría o equivalente en los tres años previos al inicio del proceso de examinación.

A decir de la PGR en su acción de inconstitucionalidad, estos requisitos constituyen una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos de los servidores públicos con aptitudes para ocupar dicho cargo.

“Lo anterior es así ya que otorga un trato diferenciado, injustificado y desproporcional respecto de otro tipo de servidores públicos y que, legítimamente, pudieran aspirar a ocupar el cargo de Fiscal General de Justicia”, se lee en la acción de inconstitucionalidad que hace unos días fue admitida en la Corte.

La PGR argumenta que el Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que es derecho del ciudadano poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público teniendo las “calidades” que establezca la ley, lo cual es violado por la Constitución capitalina con estos requisitos.

“La utilización del concepto ‘calidades’ se refiere a las características de una persona que revelen un perfil idóneo para desempeñar con eficiencia y eficacia el empleo o comisión que se le asigne”, se lee en el documento.

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