“La corrupción no se anula por decreto”: María Amparo Casar | La Crónica de Hoy
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“La corrupción no se anula por decreto”: María Amparo Casar

Entrevista. “El retraso del nombramiento del fiscal anticorrupción habla del nivel de compromiso que tuvieron los senadores”, critica María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Afirma que desarrollar sistemas anticorrupción es esencial, pero también hay que educar

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El avance del proceso que debe derivar en el nombramiento del fiscal anticorrupción se da en una coyuntura de gran debilidad, porque debió estar designado desde hace más de dos años, afirma María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, A.C., quien agrega que si bien el rezago no implica una falta a la legalidad por parte del Senado, sí incurrió en una responsabilidad política que la sociedad civil bien podría reclamar.

“Desde marzo de 2014, cuando se publicó la reforma político electoral, también se publicó el acuerdo por el cual se creaba esta fiscalía especializada, y lo cierto es que las fracciones parlamentarias del Senado no han logrado ponerse de acuerdo”, agrega Casar. “Lo impresionante es que para este gobierno —no necesariamente el titular del Ejecutivo— el nombrar al fiscal anticorrupción no es prioridad”.

Casar, académica adscrita a la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), llama la atención sobre las consecuencias de este retraso en la designación del fiscal: Aunque la designación tuviese lugar hoy mismo, solamente tendrá 18 meses de gestión. Esa circunstancia, explica la especialista, dificultará el pedir cuentas sobre las dos tareas esenciales del cargo: tratar de acabar con el rezago o al menos reducir el conjunto de averiguaciones pendientes sobre casos de corrupción, y el diseño institucional de la nueva fiscalía.

Aunque el retraso es grande, aclara Casar, el Senado no ha incurrido en una falta de legalidad; “es a ellos y solo a ellos a quienes corresponde designar al fiscal; no podemos decir que no siguieron el procedimiento de ley, pero sí tienen una responsabilidad política por haber dejado que se venciera el plazo; es una actitud de indolencia y simplemente han hecho caso omiso a lo que grita la ciudadanía hoy día: que la corrupción es uno de los principales problemas del país. En esas condiciones, uno sí tiene derecho a dudar del alcance del compromiso que los senadores han asumido”.

La realidad, subraya María Amparo Casar, “es que los senadores dejaron pasar, en tres ocasiones, el plazo que ellos mismos se pusieron para designar al fiscal. Los senadores de oposición aseguran que lo que ocurre es que el gobierno no quiere comprometerse, pero no hay nombramiento aún, y no hay razones convincentes que expliquen la dilación y, en cambio, revela el tipo de compromiso que asumieron; pareciera que opera entre partidos el principio de tapaos los unos a los otros “.

Se pensó que la alternancia entrañaría incentivos para reducir la corrupción: “esperaríamos que los funcionarios de gobierno salientes fuesen llamados a cuentas por sus relevos, y lo que ocurrió es que la corrupción se democratizó y ahora priva entre toda la clase política. Pero finalmente, con todo y el desperdicio de tiempo, ya estamos en el final del proceso”.

Sociedad civil. Es en la etapa de implementación donde a los mexicanos “se nos atoran” las soluciones a los problemas, reflexiona la presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. “Importa que exista el Sistema Anticorrupción y que haya incentivos para desarmar las redes de corrupción. Pero hicimos un reforma educativa, una energética y a la hora de traducirla a la práctica hay cosas que se nos olvidan; creemos que con las nuevas disposiciones es suficiente y pensamos que la corrupción se termina por decreto.

Casar explica a Crónica la participación de la sociedad civil en el proceso de designación del fiscal anticorrupción: “aunque participamos activamente en la concepción y diseño del Sistema Nacional Anticorrupción, no logramos las condiciones ideales para que un comité técnico diseñado específicamente para el proceso acompañara al Senado en el proceso de designación. Simplemente no llegamos a un acuerdo con el Senado”.  En opinión de María Amparo Casar, los senadores dejaron pasar la posibilidad de tener este comité técnico de acompañamiento y adoptar, por tanto, un mecanismo similar al que se empleó para elegir a los cinco integrantes del Comité Ciudadano Anticorrupción; era una oportunidad para que la designación del fiscal no tuviera visos de politización.”

La propuesta de las organizaciones civiles era formar una lista de candidatos que se sometiera al pleno; el Senado optó, además, por invitar a otras siete personas a las que dieron una calificación de “idoneidad”, pero la progresiva depuración no ha estado exenta de complicaciones.

“Es para Ripley que dos aspirantes a fiscal anticorrupción hayan cometido un acto de corrupción, y las siete personas invitadas, a título personal, no representan a ninguna organización de la sociedad civil. Finalmente, han quedado 4 candidatos.

Casar espera que en los próximos días se resuelva el nombramiento del fiscal anticorrupción. “Sería una pena llegar al 4 de abril, cuando se tiene que instalar el sistema y se haga sin la presencia del fiscal; sería un contrasentido, pues, aun cuando es una sola de las 7 ‘columnas vertebrales’ del sistema, es el brazo ejecutor”.

—¿Estará el Senado a la altura del encargo?

—Eso espero. Tuvieron dos años y no estuvieron a la altura. Espero que ahora sí lo estén, cuando solamente les quedan dos semanas. Esos expedientes están ahí desde el año pasado; no es que les agarren las prisas; esos señores están inscritos desde el lanzamiento de la convocatoria. Si queremos que funcione, no tenemos tiempo para dejarlo pasar.

¿CONTENER LA CORRUPCIÓN O EVITAR QUE SURJA? Trabajar en contener las prácticas de corrupción ya es un gran avance, porque México no tiene logros en la materia, advierte la investigadora del CIDE. “Hay ingredientes esenciales para construir un sistema anticorrupción robusto: se requiere el compromiso del sector público, del sector privado y la participación de la sociedad civil. Si no se cuenta con esto, el sistema no será exitoso. Se necesita voluntad política y eso quiere decir que haya un conjunto de acciones que sí se lleven a la práctica.”

Un sistema anticorrupción eficaz es aquel que recorre el circuito que va de la denuncia hasta la sentencia de un juez, anulando de ese modo el llamado “círculo de la ilegalidad”, que requiere agentes del Ministerio Público que integren expedientes sólidos, que demanda un sistema judicial donde no se eche a perder la resolución final de un juez que no se deja sobornar. “En un análisis de costo- beneficio, la posibilidad de salir impune es tan alta, que es posible seguir cometiendo actos de corrupción sin consecuencias”, agrega Casar. “Entre los mexicanos hay una gran tolerancia a un acto ilegal o de corrupción; no se piensa que en un día cualquiera hay un montón de cosas que entrañan varios actos de corrupción, y la sociedad tiene que saberlo, porque la idea de que esos comportamientos se valen, ya están en su código de valores y conductas”.

Para María Amparo Casar, la solución tiene forma de pinza: “por un lado, educar en integridad y honestidad, y, por otro lado, hacer ver a la gente que está en su interés, que nos conviene ser menos corruptos porque estaremos mejor, tendremos mejores servicios y más dinero, más que por el valor en sí mismo de una conducta honesta”.

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