La técnica jurídica importa: el proyecto de ley de contrataciones de obras públicas - Carlos Matute González | La Crónica de Hoy
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La técnica jurídica importa: el proyecto de ley de contrataciones de obras públicas | La Crónica de Hoy

La técnica jurídica importa: el proyecto de ley de contrataciones de obras públicas

Carlos Matute González

El pasado 24 de febrero, el PAN y el PRD en el Senado presentaron una iniciativa de una nueva ley de contrataciones de obras públicas que pretende, según la exposición de motivos, erradicar la corrupción en este sector con base en las buenas prácticas internacionales y para brindar transparencia y publicidad a las mismas a través del uso de las tecnologías de la información (tics). Gamboa Patrón se sumó al proyecto: “lo veo con buenos ojos y creo que todo lo que sea para un firme combate a la corrupción va a tener el apoyo indiscutible de la fracción parlamentaria del PRI” (El Universal, 25-02-2017).

Las experiencias internacionales utilizadas como referencia fueron la Ley Modelo en la materia aprobada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre la contratación pública y la normatividad aplicable en Hong Kong y Eslovaquia. La primera hace énfasis en la importancia de incorporar a la legislación procedimientos para asegurar la competencia, equidad, economía y eficiencia; la segunda aporta la idea de reestablecer el padrón de contratistas mientras que la tercera condujo a incluir la publicación de un sistema de compras públicas que contenga los contratos y sus modificaciones, así como la implantación de un régimen de supervisión de la información publicada a cargo del Sistema Nacional Anticorrupción y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La pretensión de los legisladores es que, si se aprobara esta iniciativa, sea la única ley aplicable a todos los entes públicos federales y con ello eliminar la multiplicidad que actualmente existe, es decir, evitar que cada poder y órgano cuya autonomía deriva de la constitución tengan su propia normatividad y que los principios contenidos en las leyes anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas, sean incluidos expresamente en la regulación directa de las contrataciones públicas.

Las mejoras regulatorias que se buscan son: anulación de la discrecionalidad en la asignación de la obra pública, eliminación de los requisitos que limitan la libre concurrencia, la garantía de igualdad de condiciones, la separación de los supuestos relacionados con la adjudicación directa y la licitación restringida, la cooperación entre la Auditoría Superior de la Federación y el Sistema Nacional Anticorrupción, la inhibición de las prácticas desleales y la colusión, la reducción del monto para los proyectos de magnitud o alcance relevante, el fomento a la participación ciudadana con la mayor intervención de los testigos sociales y la creación de un comité ciudadano; el uso de formatos abiertos para facilitar el acceso a la información, entre otras.

Sin embargo, las buenas intenciones se tropezaron con la complejidad de la materia y el tejido de las autonomías constitucionales, que elimina o reduce significativamente la dependencia jerárquica de numerosos órganos estatales respecto al Ejecutivo Federal. El proyecto de ley tiene ciertas cuestiones técnicas que los legisladores deberán resolver durante la discusión del mismo en comisiones.

Enunciaré algunas:

La remisión expresa a lo dispuesto en las leyes en materia de transparencia acceso a la información y competencia económica, no elimina las anomias que pudieran existir entre éstas y la ley de contratación de obra pública.

La competencia constitucional del comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción es limitada y no se puede ampliar mediante una ley, ni invadir la competencia de los órganos de control interno de las personas de derecho pública de carácter federal con autonomía derivada de la constitución (Poderes de la Unión, órganos autónomos constitucionales, entes semi-gubernamentales y órganos desconcentrados con personalidad jurídica propia).

Las dependencias del Ejecutivo Federal (SHCP, SE y SFP) no pueden ser las intérpretes de la futura ley, si en ésta se pretende obligar a personas públicas no jerarquizadas a la misma, ni siquiera para efectos administrativos.

La SFP no puede emitir disposiciones de carácter general para determinar el estricto cumplimiento de la ley por todos los sujetos que se pretenden someter a la misma.

El sistema de servicio civil de carrera de servidores públicos dedicados a la adjudicación de contratos públicos dirigido por la SFP sólo puede ser establecido en el Poder Ejecutivo, los demás sujetos deberán crear el propio.

Las reglas de planeación, programación, determinación del presupuesto y gasto de las obras que emita la SHCP sólo son aplicables a los órganos del Poder Ejecutivo.

La existencia de diversas etapas en la programación de la obra: la detección de necesidades, la cuantificación de su satisfacción, la presupuestación de las mismas y la ejecución de lo autorizado.

La dificultad de eliminar absolutamente la discrecionalidad del servidor público en la determinación de la procedencia de las excepciones de la licitación pública.

Esta iniciativa requiere de una revisión exhaustiva por todos los sujetos que el legislador pretende someter a la misma. La invasión de esferas competenciales o la limitación indebida de la autonomía constitucional concedida puede ser uno de los mayores obstáculos si en la discusión no se toma en cuenta la nueva realidad del sector público que no se reduce al Poder Ejecutivo. También hay que tomar en cuenta que el tamaño, naturaleza y función de algunas personas públicas federales requieren de un trato especial en materia de obra, tal como sucede con las empresas productivas del Estado. Los principios son importantes, pero la técnica jurídica también es esencial para que se logre el objetivo primordial: la obtención de las mejores condiciones de contratación para el Estado.

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