Duarte, elecciones y política - José Fernández Santillán | La Crónica de Hoy
Facebook Twitter Youtube Jueves 20 de Abril, 2017
Duarte, elecciones y política | La Crónica de Hoy

Duarte, elecciones y política

José Fernández Santillán

Apenas la semana pasada, en este espacio, dábamos cuenta de la captura, el 9 de abril, de Tomás Yarrington en Florencia, Italia. El ex gobernador de Tamaulipas se ocultó en el pueblo calabrés de Paola. La explicación es que Yarrington (1999-2004) le brindó protección al Cártel del Golfo y ayudó a la consolidación de Los Zetas. Ambas agrupaciones criminales establecieron vínculos con la mafia italiana y, en especial, con la ‘Ndrangheta de Calabria. En consecuencia, el tamaulipeco viajó a un lugar en el que podía ser protegido y, así, eludir la acción de la justicia. Estuvo prófugo desde el 17 de diciembre de 2012, cuando México presentó ante la Interpol la solicitud de búsqueda y captura.

Seis días después, o sea, el 15 de abril, sábado de Gloria, comenzó a difundirse la noticia de que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, había sido detenido por agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala en el hotel La Riviera de Atitlán en el Panajachel, departamento de Solalá. En la misma lógica que Yarrington, Duarte trató de encontrar refugio en un lugar seguro. Allí, en Guatemala, había tejido complicidades; tenía prestanombres y gente que le facilitaron el desplazamiento por el país. Había entrado a esa nación en noviembre de 2016. Se le ubicó en la Zona 15 que está ubicada al Oriente de la ciudad capital. Lugar famoso por las propiedades de personajes vinculados al lavado de dinero y al narcotráfico.

La última vez que Duarte apareció en público fue el 12 de octubre de 2016, cuando Carlos Loret de Mola lo entrevistó en su programa matutino de Televisa. En esa ocasión, el veracruzano afirmó, categóricamente, que no huiría; que enfrentaría las acusaciones en su contra. Por eso estaba pidiendo licencia; es decir, para enfrentar las “falsas imputaciones” que se le hacía. Enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, peculado y desvío de fondos públicos.

No olvidemos que Javier Duarte, con el fin de “blindarse”, creó una Fiscalía Anticorrupción cuyo titular, Jorge Reyes Peralta, permanecería en ese cargo más allá del sexenio. De igual manera, Duarte pretendió dejar por nueve años como fiscal general a Luis Ángel Bravo.

Cuando llegó a la gubernatura en 2010 la deuda estatal era de 9 mil 331 millones de pesos; para 2015 el monto del endeudamiento estatal ascendió a 45 mil 880 millones de pesos. O sea, cinco veces más. Duarte llevó a Veracruz a convertirse en el cuarto estado más endeudado del país. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, este personaje no pudo comprobar el destino de 35 mil millones de pesos.

No podemos pasar por alto que contra ese pretendido “blindaje” y el que también trató de llevar a cabo el gobernador Roberto Borge, el gobierno federal a través de la Procuraduría General de la República, el 11 de julio, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad; es decir, contra las reformas aprobadas por los congresos de Veracruz y Quintana Roo, respectivamente. La controversia surtió efecto en vista de que las entidades federativas están imposibilitadas para regular asuntos relacionados con la anticorrupción en el ámbito local previamente a la publicación de las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción. Y ese era, precisamente, el caso.

Es curiosos que, luego de las capturas de Yarrington y Duarte, haya sobrevenido una controversia política acerca del “momento” en que se produjeron; o sea, en plenas campañas por las gubernaturas del Estado de México, Coahuila y Nayarit, más las elecciones de 212 ayuntamientos en Veracruz.

En vista de que los estados donde habrá comicios para gobernador están dominados por el PRI, algunas facciones opositoras dicen que la entrega de los prófugos fue “pactada”, para ayudar a que los bonos del tricolor suban.

En esta controversia se ha pasado por alto que el PRI, partido que llevó a Tomás Yarrington y a Javier Duarte  al poder, ya fue castigado en las urnas en sus respectivas entidades federativas. En Tamaulipas ganó el PAN con Francisco Javier García Cabeza de Vaca; en Veracruz se alzó con la victoria el blanquiazul con Miguel Ángel Yunes Linares. Otros gobernadores priistas que saquearon a sus estados, y sobre los cuales pesan órdenes de aprehensión, son Roberto Borge de Quintana Roo y César Duarte de Chihuahua. Ellos, igualmente, fueron sancionados por los ciudadanos, con el instrumento fundamental que les da la ley, el voto. El primero fue sustituido por el panista Carlos Joaquín González; el segundo por otro panista, Javier Corral. Pero, de la misma forma, el PAN, a nivel estatal, fue castigado por hechos de corrupción: Guillermo Padrés en Sonora fue desbancado por Claudia Pavlovich del PRI.

Se olvida que un principio básico de la democracia es la capacidad de los ciudadanos de remover a los gobernantes y partidos que no han cumplido bien su función. En México este principio democrático está echando raíces; los ciudadanos castigan a los malos gobernantes. Principios e intereses se conjugan. Por un simple cálculo de conveniencia, los institutos políticos deben enfrentar la corrupción y presentar alternativas creíbles y convincentes.


Twitter: @jfsantillan
Mail: jfsantillan@itesm.mx

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