El valor científico de monumentos, lo más importante, dice Bolfy Cottom | La Crónica de Hoy
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El valor científico de monumentos, lo más importante, dice Bolfy Cottom

Entrevista. El investigador del INAH reúne en un libro las audiencias públicas de 1972, en las cuales artistas y especialistas expusieron sus propuestas para crear la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que hoy está vigente

Bolfy Cottom propone que se haga un catálogo de todo lo que puede ser patrimonio cultural, como lo hace la UNESCO.

Por encima de su estética o valor turístico, debe prevalecer el valor científico en los monumentos, sean éstos edificios, pinturas o zonas arqueológicas, opina Bolfy Cottom, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quien retoma la idea de que un monumento es sinónimo de documento, tal y como lo pronunció hace 45 años el arquitecto Luis Ortiz Macedo, en compañía de Raquel Tibol, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo durante las consultas públicas que la Cámara de Diputados organizó para crear la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, misma que hoy es vigente.

En dichas audiencias y que Bolfy Cottom reúne por primera vez en el libro Debates por la cultura, se lee la propuesta de Tamayo y Carlos Pellicer para que las zonas arqueológicas sean cuidadas por el Ejército, la iniciativa de Raquel Tibol para que no se lucre con las obras de arte consideradas bienes nacionales y el planteamiento del pintor José Luis Cuevas para no satanizar a los coleccionistas privados.

Sobre la visión del arquitecto Luis Ortiz Macedo, de que todo monumento debe tratarse como documento histórico, Cottom explica que ese argumento fue la base para la redacción de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972.

“Pensar que un monumento lo es por su tamaño y en ese sentido, que es válido modificarle o quitarle un piso porque lo importante es lo grandioso (la fachada), me parece que eso es mutilar un documento. En el estricto sentido, lo que la ley estableció fueron dos cosas: preservar un bien histórico porque es un documento de la historia y prohibir su destrucción, alteración, mutilación y restauración sin consentimiento de la autoridad”, señala Cottom.

Sin embargo, agrega, en la práctica sucede lo contrario debido a los grandes proyectos de desarrollo, en donde todo se convierte en especulación.

“La gente quiere sacarle provecho y busca todas las formas para evadir la ley. Piensan que más vale pagar una multa que pedir permiso, entonces crean estrategias para demoler y alterar bienes porque no les representan ganancias ni beneficios económicos y eso es cierto, porque la función de un monumento no es financiera, es educativa”.

—¿Por qué es importante recordar las consultas públicas de 1972?

—Porque en una época en donde parecía que todo lo legislativo se hacía desde la Presidencia, las consultas desmitifican esa idea y demuestran cómo las causas históricas y reales que llevaron a la creación de una ley, fue con la participación de un sector de la sociedad muy importante con representatividad diversa. Es decir, sí se puede intervenir e incidir en la elaboración de leyes.

En las consultas que precedieron a la promulgación de dicha ley, también participaron Guillermo Bonfil Batalla, Julio César Olivé, José Luis Cuevas, Román Piña Chan y Jorge Alberto Manrique, por mencionar algunos, y una de las discusiones centrales fue si el patrimonio debía estar en manos del Estado o de particulares. La conclusión fue que los bienes arqueológicos son propiedad de la nación y lo histórico y artístico puede tener diferentes regímenes de propiedad.

—¿Cómo quedaron legisladas las colecciones privadas?

—Las colecciones arqueológicas no existen en este país, sólo están bajo custodia más no en propiedad de los coleccionistas. Lo que hicieron muchos fue registrar sus piezas, entonces firmaron una especie de contrato por uso, de tal manera que el gobierno les dice: quédate las piezas bajo custodia, cuídalas, consérvalas pero eso que tienes no puede aumentar ni disminuir.

En el caso de los bienes históricos y artísticos en manos de particulares, explica, “siguen siendo propiedad de sus dueños y lo único que tienen es una limitación de derechos; ellos pueden seguir vendiendo, pero deben cuidar que no salgan del país las piezas, que su conservación esté siempre vigilada por el Instituto Nacional de Bellas Artes”.

Otro tema que se planteó en 1972 fue evitar el robo de piezas consideradas bienes nacionales, y en ese sentido, Cottom resalta la curiosa propuesta del pintor Tamayo y del poeta Pellicer, de que el Ejército –grupos de ocho soldados– vigilara los centros arqueológicos más importantes, de los 11 mil que en ese momento se tenían contabilizados, ya que se carecía de guardias que monitorearan los sitios.

REFORMA CONSTITUCIONAL. En los últimos años, explica Bolfy Cottom, ha rondado la idea de que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos debería ser Ley Federal de Patrimonio Cultural; sin embargo, incluir ese término (patrimonio cultural), mismo que se incluye en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales que en los próximos días deberá promulgar el Presidente de la República, implicaría una reforma constitucional.

“En el discurso se escucha bien, lo mismo cuando se plantea usar el concepto de bien cultural en vez de monumento. Pero tener una definición clara del concepto patrimonio cultural es complicado. Recordemos que en los años 70s del siglo pasado se dijo que los legisladores no tenían que definir conceptos que correspondían al campo del conocimiento, porque esos conceptos son cambiantes y ponerlos en una ley es sujetarlos, cerrarlos y todo lo que no quepa en su definición, queda fuera”, precisa Cottom.

El especialista del INAH opina que quizá lo mejor sería hacer un catálogo de todo lo que puede formar parte del patrimonio cultural, tal como lo hace la UNESCO.

“Ese cambio (o inclusión de palabras) llevan a la discusión constitucional. En la Constitución, al gobierno federal y al Congreso de la Unión no se les da la facultad para legislar sobre el patrimonio cultural, únicamente sobre monumentos, restos fósiles, artísticos e históricos cuya conservación sea de interés. Entonces se tendría que reformar la Constitución para incluir el (término) patrimonio cultural y eso significaría que antes deberíamos tener bien claro el concepto”, explica.

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