Tiro de gracia

Cecilia Téllez Cortés

Aún no se apagan los fuegos que dejó el operativo de la Policía militar en Tlatlaya hace tres años, cuando un nuevo escándalo puede tocar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por una presunta ejecución extrajudicial en la operación militar del 3 de mayo en Palmarito, Puebla, que dejó 10 muertos.

A través de redes sociales circularon tres videos –fechados el 3 de mayo- donde presuntamente un militar le disparó a un civil detenido durante el enfrentamiento entre fuerzas federales que acudieron a un llamado de auxilio ante la presencia de bandas de huachicoleros en esa localidad poblana.

Los videos se enseñoreaban en las redes justamente cuando en las instalaciones de la Defensa Nacional, tenía lugar una reunión de alto nivel. El  gabinete de seguridad se reunía con el grupo de coordinación contra el robo de combustibles y acordaba, precisamente, reunirse la próxima semana con los gobernadores de las cuatro entidades con mayor incidencia de este delito: Puebla, Guanajuato, Veracruz y Tamaulipas.

De inmediato, llegaron las respuestas oficiales: La PGR y la Fiscalía General de Justicia Militar investigan los hechos registrados en los videos.

La Sedena además emitió un comunicado pidiendo autentificar el video que muestra la presunta ejecución extrajudicial de un civil desarmado en el poblado de Palmarito. 

La institución castrense, al mando del general Salvador Cienfuegos, aseguró que colaborará en la investigación que realizará la PGR en contra del personal castrense involucrado, para deslindar responsabilidades y asegurarse de que no cometan conductas contrarias a la Ley y a los Derechos Humanos.

“En caso de acreditarse deben ser sancionadas con todo rigor”, advirtió la Sedena.

Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl González Pérez informó que un grupo de especialistas de éste organismo para verificar  la autenticidad de los videos; de igual forma, anunció que se abrió un expediente de queja sobre el enfrentamiento donde murieron seis civiles y cuatro soldados, y anunció el envío de visitadores adjuntos para entrevistar a los detenidos y recabar información de lo ocurrido.

En la Cámara de Diputados, integrantes de las bancadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidieron tomar con reservas e investigar a fondo el caso del video.

Lo cierto es que, nuevamente estamos ante una situación lamentable y se debe de investigar a fondo la actuación de los militares.

Si cometieron o no un exceso de autoridad y su único argumento es que fueron agredidos por un grupo armado, evidentemente tenían que repeler la agresión. Sin embargo, los videos muestran a personal civil no armado.

Ahora bien, tampoco hay que perder de vista la intencionalidad al difundir tales videos. ¿Quién resulta beneficiado con la salida del Ejército de las zonas controladas por los huachicoleros? ¿A quién le beneficia enlodar a las Fuerzas Armadas?

Con todo, ¡Qué mala suerte para la cancillería y gobernación! El video aparece justamente cuando “ganamos premio” por ser el segundo país más mortífero en el mundo.

La difusión de estos videos ocurrió también cuando hay un impasse en el Congreso para la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que, al parecer, ya recibió su tiro de gracia y, a la luz de estos hechos, tendrá que replantearse.

En descargo de las fuerzas armadas, debemos decir que, efectivamente, el Ejército necesita su marco jurídico porque sin él resulta mucho más fácil que se acuse cualquier conducta como violatoria de los derechos humanos.

Ahora más que nunca será necesario dejar clara la línea respecto a la letalidad en el actuar de las fuerzas armadas cuando acuden en apoyo de las autoridades civiles al brindar seguridad a la población.

 

ENTRESIJOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la Asamblea Constituyente debe ser considerada como parte demandada para responder a las controversias constitucionales en contra de la carta magna de la Ciudad de México. Durante la sesión de ayer miércoles, los ministros de la Segunda Sala del alto tribunal del país determinaron, por unanimidad, que por lo anterior deberá comparecer a expresar las razones o fundamentos jurídicos para sostener la validez de juicios...Este jueves, el Consejo Mexicano de Negocios abrirá anunciará, ante el presidente Enrique Peña Nieto, un monto de inversión programado para este año, que será superior a los 33 mil 500 millones de dólares del 2016.

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